La otra carrera: cuando los principios pierden
Mientras el país sigue el mundial de fútbol, una parte de la clase política libra otro torneo –el de la “corrupción”– donde acusadores y acusados juegan la misma canción: todos son iguales, dirían. La Constitución, por su parte, dice otra cosa.
El presidente Javier Milei sostiene contra viento y marea a su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Frente a los distintos intentos de la oposición y aliados en el Congreso Federal de hacer efectivos los mecanismos constitucionales que evalúan la responsabilidad política del Jefe de Gabinete –interpelación, censura y remoción (Art. 101 CN)–, el Gobierno se niega a ceder. Que no se usen no es debilidad del sistema; es debilidad de quienes lo abanderan.
Pero lo que esta situación revela es algo más profundo. La posición de amplios sectores de la política demuestra que están perdiendo su apego a la tradición republicana. Sus actitudes delatan una búsqueda por flexibilizar los controles, que todo “fluya” sin fricción, confiando en que la sociedad, en algún momento, simplemente dejará de prestar atención. Todo en detrimento del mandato constituyente que, en la reforma de 1994, estableció que el “enriquecimiento” es también un atentado al orden democrático y enfatizó la importancia de la “ética pública” en la administración y debate de la cosa pública.
Esto es republicanismo intermitente: la dirigencia elige qué normas cumplir según convenga. No es gobernar; es navegar. La Constitución fue clara al incorporar la ética pública como principio: “El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función”. No era retórica. Significa que todo funcionario debe actuar con probidad, decoro y verdad. Un Jefe de Gabinete que administra la cosa pública debería definir un estilo de gobierno desde esos fundamentos, no eludiéndolos.
El debate sobre Adorni podría marcar un punto de inflexión institucional. Si el Congreso aplica las herramientas constitucionales disponibles, estaría dando un paso decisivo en materia de responsabilidad política. Pero eso es solo media batalla. La otra mitad depende del Jefe de Estado: demostrar, mediante actos concretos y gestos reales, que la política de Estado se asienta en principios, no en conveniencia. Que la ética pública no es un adorno constitucional sino la base sobre la que reposa toda legitimidad democrática.
No se trata de si el Congreso actuará. La pregunta que realmente importa es si el Ejecutivo está dispuesto a comprender que la República no negocia sus fundamentos. La Constitución sigue siendo la ley suprema, aunque algunos hayan decidido tratarla como un trámite molesto. Gobernar con integridad no es un costo; es una inversión en credibilidad.
