Telecom aceptó las condiciones de Milei para fusionarse con su rival Telefónica, por Carlos Burgueño

La batalla continuará, pero desde Telecom se buscará “encontrarle la novia” a una nueva compañía de telecomunicaciones que se creará en un plazo aproximado de 18 meses. La empresa abandonará la opción judicial y aceptará la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).

Así quedan dos definiciones sobre el movimiento más importante, quizá, del siglo en la historia de las telecomunicaciones en la Argentina: Telecom compró Telefónica y Telefónica dejará de operar en el país después de casi 36 años.

Los dueños de Telecom comenzarán ahora el proceso de creación de una tercera compañía que saldrá a la venta en algunos meses. Aceptarán la resolución del TDC, que impuso “un conjunto amplio de condiciones que supeditan la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom, empresa del Grupo Clarín, con el objetivo de evitar que esta operación constituya la formación de un monopolio que perjudique a los usuarios y a la libre competencia”.

En esa definición, la autoridad de competencia comete, quizá, un pequeño error por desviaciones políticas particulares. La propiedad de Telecom no es exclusivamente del Grupo Clarín. El holding comparte el control con Fintech, cuyo dueño es el mexicano David Martínez, uno de los inversores extranjeros más importantes del país durante este siglo y de los que menos información pública existe.

Clarín tiene una participación relevante, pero minoritaria. Otro 20% de las acciones cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, mientras que Anses posee un 11,42% desde la nacionalización de las AFJP en diciembre de 2008. Entre los inversores institucionales figuran fondos como Fourth Sail Capital, Morgan Stanley, Wexford y Marshall Wace.

Sin embargo, para el gobierno de Javier Milei la compra de Telefónica por parte de Telecom se transformó en una batalla directa con el grupo de comunicaciones más importante del país. El Presidente incluso mantiene fijado desde marzo de 2025 un mensaje en su cuenta de X titulado “CLARÍN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA”, donde acusa al grupo de querer obtener una posición dominante en las telecomunicaciones.

Para Milei, la operación debía ser frenada o, al menos, limitada desde el primer momento. También interpretó que buena parte de las críticas periodísticas del grupo hacia su gestión surgieron a partir de esta disputa. Una actitud que recuerda, en algún sentido, al enfrentamiento que el kirchnerismo mantuvo con Clarín desde la crisis de 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intentó limitar el avance del grupo sobre Telecom.

El 18 de junio se conocieron las condiciones que el Ejecutivo impuso para autorizar la compra. Entre ellas:

Telecom deberá ceder 6 millones de clientes móviles, junto con la infraestructura asociada, distribuidos estratégicamente entre el AMBA, la Región Norte y la Región Sur, a un nuevo competidor del sector.

La resolución no tomó en cuenta el aporte de la telefonía satelital de Starlink ni los nuevos negocios de streaming y contenidos satelitales.

En el sector privado consideran que no existe espacio para una tercera empresa rentable en las actuales condiciones. “Si fuera así, se hubiera quedado Telefónica”, sostienen algunos inversores.

La decisión de Telecom será comenzar el proceso de desinversión y crear una compañía alternativa que reúna las condiciones exigidas por el TDC. En principio, concentraría usuarios en la provincia de Buenos Aires, donde está la parte más atractiva del negocio.

Cuando tenga los papeles en orden, esa nueva empresa saldrá a la venta bajo una modalidad en la que Telecom podrá elegir al comprador, ya que se tratará de un acuerdo entre privados. De allí surge la frase “encontrarle la novia”. No será cualquier competidor, sino alguien que los accionistas vendedores consideren adecuado.

La alternativa judicial quedó descartada. Hay demasiado dinero en juego: Telecom pagó unos US$ 1.245 millones por la filial argentina de Telefónica, prácticamente en efectivo. Un monto demasiado elevado para intentar frenar la operación en los tribunales.

El anuncio de compra y venta de compañías más impactante de 2025 encontró al Gobierno en una posición crítica. Milei y su administración demostraron desde el comienzo que no tenían intención de avalar la operación. La visión presidencial fue negativa tanto desde el aspecto económico como político.

El proceso solo avanzó cuando quedó claro que en Madrid la decisión era irreversible y que el dinero ingresado por Telefónica no tendría retorno. Además, el principal accionista de la compañía española es el Estado español, con el que Milei mantiene una relación conflictiva.

Hay un dato central: Telefónica quería abandonar América Latina y Argentina lo antes posible. La salida del país formaba parte de una estrategia global.

¿Por qué no hubo negociación con otros grupos interesados? Fue una condición de los compradores finales. La operación debía ser a todo o nada: acordar un precio y cerrar la liquidación. Si desde Madrid hubieran buscado una licitación abierta, probablemente Telecom no habría participado.

La protesta oficial fue pública y quedó expresada en un comunicado de la Oficina del Presidente. En la Casa Rosada había otros empresarios considerados para quedarse con Telefónica Argentina: el grupo Werthein, Eduardo Elsztain y el grupo Mindlin. En algunos casos, el interés era más del Gobierno que de los propios empresarios.

Con el paso de las horas, sin embargo, la ansiedad oficial comenzó a ceder y se asumió una realidad: la venta de Telefónica era un caso cerrado.

Milei sostuvo siempre como argumento la Ley de Defensa de la Competencia, que establece mecanismos para evitar monopolios y garantizar una competencia justa. Allí se indica que cualquier operación que implique una participación igual o superior al 25% del mercado relevante debe ser revisada por el TDC.

Desde la lógica presidencial, Telecom pasaría a controlar cerca del 70% del mercado de telecomunicaciones y contenidos de cable, superando ampliamente ese límite.

Pero en Telecom tienen otra mirada. Desde el inicio de la operación sostuvieron que la competencia no debe medirse solamente dentro del mercado tradicional de telecomunicaciones, sino considerando la apertura del espectro a internet satelital.

El argumento central es la irrupción de Starlink, la empresa de Elon Musk, que ya domina el mercado satelital. Esa variable no fue considerada por el TDC ni por el Gobierno.

Finalmente, para que avance el proceso, Telecom aceptó las condiciones impuestas. Eventualmente habrá tiempo para discutir correcciones.