Súper RIGI: la industria redobla la presión para quedarse con parte de las compras millonarias

La pelea por quién abastecerá a los megaproyectos que buscan ingresar al Súper RIGI ya llegó al Congreso. La industria consiguió una de las modificaciones que reclamaba durante el debate legislativo: la incorporación de un cupo mínimo para proveedores locales en el dictamen de mayoría. Pero lejos de darse por satisfecha, ahora concentra sus esfuerzos en una nueva batalla que considera determinante para definir cuánto de esas inversiones terminará efectivamente en las fábricas argentinas.

El punto en discusión es el alcance de ese requisito. El texto establece que al menos el 20% de las compras deberá realizarse a empresas locales, pero no diferencia entre bienes y servicios. Para la Unión Industrial Argentina (UIA), esa redacción corre el riesgo de diluir el impacto sobre la producción manufacturera, ya que una parte significativa de ese porcentaje podría cumplirse mediante contrataciones que inevitablemente se realizan en el país, como obras o servicios.

La incorporación del cupo representó un cambio relevante respecto de la propuesta original. Según explicó la directora ejecutiva de la UIA a Infobae, Laura Bermúdez, el proyecto enviado para su discusión no contempló ningún porcentaje mínimo destinado a la producción nacional. La modificación apareció durante el tratamiento en las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que emitieron dictamen de mayoría esta semana.

Desde la entidad industrial destacaron ese avance, aunque remarcaron que todavía buscan modificaciones antes del tratamiento en el recinto. Su principal objetivo consiste en que el porcentaje obligatorio quede específicamente reservado para bienes con valor agregado local.

“El tema es que cuando no acotás este 20% a bienes, el porcentaje se lo termina llevando servicios, cosas que obligatoriamente las ibas a contratar localmente. Si queremos que haya integración local y desarrollo de proveedores, necesitamos que ese 20% se acote a bienes. Nuestro pedido principal es ése, sobre todo pensando que existe la capacidad industrial, existe oferta”, señaló Bermúdez.

La posición de la UIA fue reafirmada en una presentación realizada ante la Comisión de Industria de Diputados durante el debate del proyecto. Allí, la entidad sostuvo que los beneficios previstos originalmente para proveedores locales dentro del Súper RIGI eran sustancialmente menores que los contemplados en el RIGI, por lo que era necesario avanzar hacia un esquema que impulse el desarrollo de cadenas de valor de manera más efectiva. Finalmente, los diputados tomaron el punto e incluyeron ese 20% reclamado, pero sin discrimación alguna.

Entre los argumentos presentados, la organización señaló que la experiencia del RIGI mostró limitaciones para promover la integración de proveedores nacionales. Según explicó, una parte importante de la inversión asignada pudo cubrirse mediante gastos asociados a obras o servicios, sin generar necesariamente demanda para bienes producidos por la industria local.

La entidad también cuestionó otro aspecto del régimen vigente. De acuerdo con la UIA, existe un mecanismo que permite reemplazar parte de las compras orientadas a proveedores nacionales por insumos o bienes finales provenientes del exterior. Desde su perspectiva, esa posibilidad reduce el impacto que las inversiones pueden tener sobre el entramado productivo argentino.

Por esa razón, la propuesta presentada por la central fabril apunta a replicar el porcentaje mínimo obligatorio del 20%, pero con aplicación específica sobre bienes que incorporen valor agregado local. Además, plantea que ese cupo aumente gradualmente a lo largo de las etapas de inversión y operación de los proyectos.

La UIA argumentó que muchas de las actividades vinculadas con minería, energía e infraestructura son relativamente nuevas en el país y que una mayor participación de empresas nacionales podría favorecer el desarrollo de proveedores a medida que crezca la demanda.

Otro de los puntos incluidos en la propuesta se relaciona con los mecanismos de control. La entidad pidió que la autoridad de aplicación establezca reglas claras junto con el sector privado para verificar la disponibilidad de oferta local y determinar si las empresas argentinas se encuentran en condiciones de competir en términos de precio y calidad. “Acá tiene que haber, de mínima, alguien que verifique disponibilidad de oferta local. Definir reglas claras es súper importante”, afirmó Bermúdez.

La preocupación industrial adquirió mayor visibilidad a partir de un episodio reciente que involucró al proyecto minero Vicuña. El caso apareció repetidamente durante las discusiones del sector porque expuso una situación que los fabricantes consideran representativa de los desafíos que enfrentan para participar en grandes emprendimientos.

La polémica surgió a raíz de la decisión de importar desde China campamentos modulares destinados a alojar miles de trabajadores vinculados al desarrollo minero. Según fuentes del sector productivo, sólo una empresa argentina accedió al proceso de licitación, pese a que existen fabricantes locales que producen ese tipo de estructuras. Para la UIA, el episodio funcionó como una señal de alerta sobre cómo podrían desarrollarse futuras contrataciones si no se establecen criterios más precisos para la integración de proveedores nacionales.

La directora ejecutiva de la central fabril aseguró que existen empresas argentinas con experiencia en la fabricación de módulos habitacionales y que algunas de ellas ya abastecen proyectos energéticos. También afirmó que la discusión no debería limitarse únicamente a una comparación de precios. “No hay tanta diferencia de precios. Y ganás en rapidez, están cerca por si falla algo, algún servicio posventa”, indicó.

Desde la entidad sostienen que la cercanía geográfica permite resolver problemas operativos con mayor rapidez y facilita las tareas de mantenimiento. También remarcan que los proveedores locales tienen una mejor capacidad para adaptar productos a necesidades específicas de cada proyecto. Bermúdez señaló además que existen antecedentes de campamentos importados que enfrentaron dificultades operativas en el sur del país. “Es difícil que estos campamentos que van a importar realmente funcionen para el uso que se les quiere dar porque es compleja la instalación. Ya hay experiencias en el sur de campamentos importados que no funcionaron”, afirmó.

El crecimiento de la minería representa una oportunidad significativa para ampliar la participación de empresas nacionales en cadenas de abastecimiento vinculadas a grandes inversiones. Fabricantes de maquinaria, empresas textiles, productores de calzado y compañías especializadas en construcciones modulares, entre tantos otros. “Desde la UIA estamos promoviendo que industrias adquieran las certificaciones para que puedan cumplir los estándares e integrarse a estos procesos. Todo nuestro entramado productivo se tiene que alinear para esa demanda. La oportunidad es muy grande en la minería”, sostuvo.

Para la entidad, el debate actual resulta especialmente relevante porque gran parte de los proyectos todavía atraviesa etapas preliminares y las principales contrataciones aún no comenzaron.