Se paralizó la venta de una firma láctea inactiva desde principios de año por un conflicto entre el comprador y el gremio

La compra de la compañía Sudamericana de Lácteos, que se encuentra inactiva desde comienzos de año, se paralizó en los últimos días como consecuencia de un desacuerdo entre el empresario interesado en quedarse con la firma y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) respecto al formato en la cual la fábrica retomará su actividad y cómo se pagarán los sueldos y los aportes patronales.

Sudamericana de Lácteos, que posee marcas como Sudamlac, Tambería Holandesa, Pensilvania y Tuca, entre otras, y emplea a 78 personas, se encuentra en la localidad santafesina de Díaz, de apenas 2200 habitantes. A la fecha, el actual dueño, es Sergio Servio, titular de Lácteos Servio de Villa María. La compañía debe más de cuatro meses de sueldos y mantiene deudas con tamberos y prestadores de servicios.

Según indicaron desde Atilra, ni bien Servio adquirió la firma, dejó en claro que no le interesaba retenerla, sino que buscaba verderla.

Uno de los interesados - y el que más avanzó en la compra hasta el momento -, es el empresario agroindustrial Pablo Ganzález, oriundo de Pergamino, pero que reside en Rosario y maneja una planta aceitera en la localidad de Serodino, Santa Fe.

Según relató González en diálogo con Radio San Genaro, se enteró de la situación de Sudamericana de Lácteos en marzo y se acercó a la planta para interiorizarse de su situación.

“La recorrí y la fábrica está bien puesta y operativamente en condiciones de trabajar. Hice un trabajo de inteligencia sobre el producto, su aceptación y la situación real de la empresa a ver si avanzaba en la compra. Ahí decidimos que sí, y que si bien la situación es crítica y compleja, estaba en un punto que podía ser reflotada y pedimos información a los dueños actuales para sacar una radiografía de lo que no se ve, la situación patrimonial y financiera”, relató González.

Meses después se reunió con Servio, acordaron el monto y la forma de pago por la compra de la planta, aunque “aclarando que estaba todo supeditado a acuerdos paralelos con los tamberos, los proveedores generales, y los trabajadores”.

González afirmó que, tras varias recorridas, acordó un plan de regularización con los productores de leche y proveedores de servicios, para después continuar con la “parte más delicada, los empleados y el sindicato”.

“Al principio propusimos el formato cooperativo, el cual fue desestimado automáticamente. Acto seguido intentamos encontrar instancias con el delegado regional (de Atilra) que nos hizo saber que podía haber otras herramientas para llegar a un entendimiento. Luego de tocar varias puertas, llegamos a una herramienta que nos ofreció el Ministerio de Trabajo provincial para no cambiar el tipo de relación laboral con un formato que ya se está usando en más de 3.000 empresas en Rosario, que es el artículo 223 bis: es un formato que en situaciones de crisis da la posibilidad, si es necesario, de hacer una reducción del apercibimiento mensual del empleado, cuestión que no fue propuesta, pero sí da facilidades en la parte impositiva”, sostuvo.

Según el empresario, el 20 de mayo le planteó esta posibilidad al gremio, por el cual “hubo un entendimiento verbal y empezamos a hacer el papelerío. En función de esto, el lunes de la semana pasada tuvimos una reunión con el personal y representantes del gremio de la seccional de Gálvez, en el cual informamos a la gente que estaba todo resuelto. Pero el miércoles recibo un mensaje en cual el gremio no estaba dispuesto a acceder a ese formato, lo cual nos imposibilitó seguir avanzando”.

“Me está pidiendo (Atilra) que argumente la crisis, con un balance y un contador por escrito. El martes que viene a las 11 de la mañana tenemos una reunión conciliatoria en el Ministerio de Trabajo y me llegó una serie de exigencias. También me piden avales bancarios para garantizarel arreglo que se haga con los trabajadores para el pago”, prosiguió González.

El empresario rosarino aseguró que la idea es comenzar los trabajos con la totalidad de la planta de empleados, aunque reconoció que se iba a llevar a cabo una reducción temporaria teniendo en cuenta que la producción “arrancaría a media máquina”.

“Desde el miércoles de la semana pasada que hay peros incomprensibles. La solución está arriba de la mesa y el límite de lo que se puede acordar y no, también”, concluyó.

Por su parte, desde Atilra negaron las acusaciones de González y sostuvieron que lo que están buscando desde el gremio son las garantías de que los trabajadores conservarán sus actuales condiciones y derechos laborales y sostuvieron que para aplicar el mencionado artículo sería el equivalente a incurrir en un “fraude laboral”.

En diálogo con Clarín Rural, el secretario de la Seccional Gálvez, Nicolás Garnero, sostuvo que González “acusa de que, como todo lo que viene pasando hasta acá, son caprichos del sindicato, que nosotros no aceptamos o que está todo para arrancar, pero que no arranca por culpa nuestra”.

“Nosotros somos los primeros que queremos que arranque la planta, porque los que vamos a poner la cara con los compañeros somos nosotros primero. Cuando nosotros le decimos esto se acepta y esto no se acepta, es porque sale por medio de una asamblea en la cual es votada por los trabajadores”, explicó.

Garnero relató que el uso del Artículo 223 bis autoriza a no pagar las cargas sociales y a abonar hasta un 75% del sueldo, pero que para eso suceda tiene que haber un apoyo por parte del sindicato.

“El tema es que ellos te hablan de que hay una crisis financiera en la empresa. Entonces, si vos vas a comprar una empresa o vas a adquirir una empresa, a la deuda la tenés que negociar con Servio y no a costilla de los trabajadores. Él quiere pagar 2 pesos con 50 a los trabajadores, ahorrarse las cargas sociales y después las paga a futuro, sabiendo que este gobierno le va a perdonar hasta un 80% de la deuda y se queda con una empresa instalada. Pero el sacrificio siempre lo hacen los trabajadores”, afirmó

Por otro lado, argumentó que con la puesta en marcha de este artículo, “para el Estado los trabajadores están suspendidos por falta de trabajo. Pero, en verdad, no estás suspendido, sino que estás dentro de la fábrica trabajando para que este tipo se ahorre las cargas sociales y después, más adelante, vea cómo las paga. ¿Y qué pasa si un trabajador tiene un accidente dentro de la empresa? ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Cómo se va a hacer responsable la ART si para el sistema estás suspendido? Lo que ellos pretenden es hacer un fraude laboral”.

“Como él se asegura de que va a comprar la empresa, nosotros nos queremos asegurar de que él le vaya a cumplir a los trabajadores, porque si no en tres meses, tumban la chata, te presentan un concurso a acreedores y quedó el tendal otra vez”, concluyó.

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