Deterioro de la calidad institucional
¿La sociedad está interesada en la calidad institucional? ¿hay conciencia de su importancia para la preservación de los derechos individuales, el control del poder y el desarrollo económico? Son preguntas cuya respuesta define el rumbo del país en esta confusión de palabras y conceptos que como una nueva torre de Babel perturba el debate público, bastante pobre por cierto pues hoy se reduce a cataratas de insultos y descalificaciones en Twiter.
Vemos la confusión de los que creen que gritar "viva la libertad carajo" define a un gobierno como liberal, cuando los ataques permanentes a la prensa y los periodistas son una muestra clara que estamos simplemente ante otro populismo, uno era con déficit fiscal insostenible y otro con superávit, aunque sea bastante dudoso.
El sueño de un país sin prensa libre es bien autocrático porque molesta que al relato oficial se contrapongan los datos de la realidad y en especial cuando se pretende ocultar las corruptelas de los funcionarios que muestran que “la moral como política de estado” enunciada por el presidente en la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso de este año era un simple slogans.
Libertad de prensa y justicia independiente son los pilares de la república democrática, que pone contrapesos al poder de los gobiernos para evitar la impunidad y preservar los derechos y libertades de los ciudadanos. “Ningún gobierno es legítimo a menos que la prensa sea libre” escribió Thomas Jefferson, el inspirador de la primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos.
La arbitrariedad que muestra promoviendo la permanencia de algunos magistrados que cumplieron la edad estipulada para la jubilación, por cinco años más descartando a los que más mostraron independencia y disposición para impedir la impunidad de los funcionarios corruptos, situación que se dio en la Corte Suprema con el juez Juan Carlos Maqueda para intentar llenar esa vacante con el controvertido Ariel Lijo, hoy en un viaje escandaloso a la sede del GAFI en París con el ministro de Justicia.
La discriminación por portación de apellido que se hizo en la tanda de jueces y fiscales que se remitió al Senado para su aprobación es otra conducta similar a la del gobierno de los Kirchner cuando el parentesco era causa para rechazar ascensos y nombramientos, aunque los méritos sobraran.
Persisten mientras no se implemente en el Consejo de la Magistratura la acordada 6/ 2026 de la Corte Suprema, criterios arbitrarios para la selección de jueces y fiscales que desvirtúan la idea que llevó a crear ese organismo en la reforma constitucional de 1994 buscando disminuir la discrecionalidad que se da, en particular en el afán de los gobernadores de contar con jueces federales que no pongan límites a sus desmanes.
Para culminar este proceso de deterioro institucional, el Presidente ha firmado con el ministro de Justicia el decreto 467/2026 que sustituye el 222/ 2003 que introdujo la participación de la ciudadanía en la preselección de los candidatos a ocupar sitiales con la Corte Suprema de la Nación como se ve en la obligación de publicar por 3 días en el Boletín oficial y en dos diarios nacionales el nombre y los antecedentes de los candidatos propuestos.
En el artículo tercero se abre un período de 15 días para que ciudadanos, ONG, colegios de abogados y universidades presenten por escrito observaciones o impugnaciones fundadas ante el ministerio de Justicia. En otros artículos se establece la obligatoriedad de presentar una declaración jurada patrimonial y fiscal y acreditar el cumplimiento de la ley de ética pública. En el artículo siete disponía que el ministerio de Justicia elaboraba un informe con las observaciones recibidas para elevar al presidente de la Nación, permitiéndole así evaluar la conveniencia de mantener la postulación ante el Senado.
La supresión de la participación ciudadana que implica el decreto 467/ 2026 es un retroceso gravísimo en la calidad institucional del país, pues afecta la transparencia, el derecho a la información y hace sospechar, dados los antecedentes del ministro de Justicia y algunos de sus colaboradores, y sus vínculos con personajes conspicuos de la casta judicial surgida en la última década del siglo pasado, que se busca un poder judicial adicto dispuesto, como lo fueron los jueces de “la servilleta” a ser serviciales al poder y a sus necesidades de impunidad.
Prensa libre y Justicia independiente molestan a los concepciones autocráticas. Les molesta la transparencia que muestra cómo el poder preserva a sus favoritos corruptos como hacían los monarcas del pasado, mientras el coro de cortesanos celebraba o callaba, temerosos de ser expulsados del palacio.
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