Covid 19: Carla Vizzotti negó ante la Justicia haber intervenido en la redacción de la ley que retrasó la compra de las vacunas Pfizer

En su declaración indagatoria, la ex ministra de Salud Carla Vizzotti sostuvo ante la Justicia que no participó de la redacción de la Ley 27.573, que retrasó la compra de vacunas de Pfizer contra el Covid-19, ni de las negociaciones con Rusia y los laboratorios locales para adquirir las dosis de Sputnik. Vizzotti se presentó ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli, se negó a responder preguntas, pero entregó un escrito al que Clarín accedió en exclusiva a través de fuentes judiciales.

Vizzotti, que ocupó ese cargo entre 2021 y 2023 tras la renuncia de Ginés González García por el escándalo del llamado “Vacunatorio VIP”, afirmó, en su intento de despegarse de la adquisición de las vacunas rusas, que sus tareas “se circunscribieron a aspectos estrictamente sanitarios, técnicos y epidemiológicos, vinculados al análisis de la información científica disponible, la caracterización de plataformas vacunales, el análisis de criterios de eficacia, seguridad, logística de distribución y estrategias de implementación en el territorio nacional”.

Hacia septiembre de 2020 “comenzó a consolidarse la necesidad de contar con una herramienta legislativa específica que permitiera al Estado Nacional negociar y eventualmente suscribir contratos de adquisición de vacunas en condiciones compatibles con la realidad internacional de ese momento”, que estaba marcada por una sobredemanda de vacunas.

“La Ley N.º 27.573 nació precisamente para responder a esa necesidad excepcional. Una vez sancionada la Ley N.º 27.573 se retomaron los intercambios con los distintos desarrolladores para verificar si el nuevo marco legal permitía avanzar con las contrataciones”, consignó.

Así se pudo “avanzar con los expedientes de los laboratorios vinculados a las vacunas desarrolladas por AstraZeneca, la Federación Rusa y los fabricantes chinos, para los cuales la ley sancionada resultaba suficiente para continuar con los respectivos procesos contractuales”, sostuvo en un escrito, pero se negó a responder preguntas.

En cambio, en el caso de Pfizer, “la firma manifestó, cuando ya había transcurrido el plazo durante el cual el Poder Ejecutivo Nacional podía observar la norma, que la ley sancionada no alcanzaba para satisfacer determinados requerimientos jurídicos que seguían formando parte de su política contractual global, circunstancia incluso que fue reconocida públicamente por representantes de la propia compañía en distintas oportunidades”.

“El problema giraba en torno a la inclusión durante el trámite legislativo de la palabra negligencia en el texto de la ley, y la indemnidad frente a eventuales reclamos y su relación con los bienes con inmunidad soberana protegidos por la ley argentina”, subrayó Vizzotti.

En el debate en Diputados, la diputada kirchnerista Cecilia Moreau fue una de las impulsoras de la inclusión del término “negligencia” en la ley que habilitó al Gobierno a comprar vacunas para la emergencia sanitaria y que, según la acusación fiscal, bloqueó las negociaciones con Pfizer.

En su escrito, Vizzotti reveló que González García —entonces su jefe— “requirió la intervención y el apoyo de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y de otras áreas especializadas del Estado Nacional con competencia específica en materia jurídica, a fin de analizar soluciones normativas adicionales que permitieran continuar las negociaciones”.

“Durante la discusión de la Ley en el Congreso de la Nación, con posterioridad a su sanción e incluso hasta finales de 2020 y principios de 2021, fueron constantes y, en algunos casos, públicos, los intercambios entre las áreas del Ministerio intervinientes, los representantes de la empresa, el propio ministro de Salud y luego la intervención de la Secretaría Legal y Técnica del PEN”, agregó.

En un dictamen, Stornelli impulsó la denuncia de un grupo de diputados que pertenecieron a Juntos para el Cambio y acusó a Vizzotti y otros de haberse interesado en la compra de vacunas locales y luego las Sputnik “en busca un beneficio propio o de un tercero en forma incompatible con el ejercicio de las funciones públicas (arts. 248, 249 y 265 del CPN), en el marco de las negociaciones llevadas adelante desde la Administración Nacional con los distintos oferentes de vacunas contra ell COVID 19”. El fiscal dijo también que hubo una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” durante la pandemia.

Desde mediados del año 2020, el Laboratorio Pfizer habría ofrecido 13,3 millones de dosis de la correspondiente vacuna y el fondo Covax de la Organización Mundial de la Salud otras 25 millones de dosis. No obstante, “habría existido de parte de los funcionarios nacionales intervinientes un "claro favoritismo" hacia laboratorios locales que actuarían como "socios locales" de fabricantes de vacunas, a quienes el gobierno nacional habría privilegiado autorizando la venta de las mismas y relegando a quienes no tendrían dicha asociación local”, resaltó Stornelli.

La denuncia fue formulada por los entonces diputados nacionales Omar Bruno de Marchi Waldo Ezequiel Wolff, Álvaro Héctor de Lamadrid, María Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Adolfo Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Antonio Stefani, Alberto Emilio Asseff, Jorge Ricardo Enriquez y Federico Raúl Zamarbide

Sobre “Hugo Sigman -propietario de mAbxience- se asoció con el consorcio internacional integrado por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca logrando la autorización y un contrato muy importante que el Gobierno habría pagado por adelantado, sin que se hubieran entregado, hasta la radicación de la denuncia, las vacunas comprometidas. Señalaron que el acuerdo celebrado con dichas compañías en octubre de 2020 habría comprendido la compra de 11 millones de dosis de vacunas por las cuales el Estado habría pagado en noviembre de ese año el 60% del contrato por adelantado”.

Con respecto a la adquisición de “las vacunas de Sinopharm por parte del Estado Nacional, aparecería nuevamente como denominador común la figura Hugo Sigman. En este caso, pusieron en conocimiento que el nombrado, como titular de la empresa ELEA, se habría asociado con Phoenix SRL y con la Fundación Huésped -la que habría sido fundada por el Dr. Pedro Cahn, señalado como Asesor del Poder Ejecutivo Nacional, y que se hallaría integrada por la, por entonces, Ministra de Salud Carla Vizzotti-, para hacer las pruebas de dichas vacunas y ejercer la representación en Argentina”.

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