Ley de Tierras: lo que está en juego es la soberanía argentina
El territorio es uno de los elementos constitutivos de un país. Argentina es un país soberano porque tiene población, una identidad, una historia, un gobierno y un territorio. Sin territorio, no hay país. Y la soberanía es la capacidad de una Nación de administrar y decidir sobre su territorio, sus fronteras, sus ríos, sus lagos, su producción, su desarrollo y su futuro.
El gobierno nacional impulsa un proyecto de ley bajo un título tan grandilocuente como engañoso: “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Detrás de ese nombre se esconde, entre otras barbaridades, la eliminación de una de las herramientas que la Argentina construyó para proteger su territorio, sus recursos estratégicos y sus zonas sensibles: la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
No se trata de una modificación menor. El proyecto elimina los límites que hoy impiden la concentración extranjera de tierras rurales, flexibiliza restricciones sobre áreas sensibles y desarma el marco legal que durante años permitió preservar el control nacional sobre una parte sustancial de nuestro territorio.
Con esta ley, el gobierno de Javier Milei quiere rematar el territorio y entregar la soberanía nacional. En un escenario global atravesado por conflictos geopolíticos, competencia por minerales estratégicos, transición energética y búsqueda de recursos hídricos, el control del territorio tiene una importancia cada vez mayor.
Los países desarrollados lo saben perfectamente. Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, entre otros, tienen mecanismos para controlar o limitar la compra de tierras en manos de extranjeros. Cuando ellos establecen restricciones para proteger sus recursos, sus fronteras o su territorio, se habla de defensa y de seguridad nacional. Cuando la Argentina hace lo mismo, el gobierno de Milei lo presenta como un obstáculo para las inversiones.
Argentina es un país bicontinental. Si consideramos nuestra proyección antártica, somos el séptimo país más grande del mundo. Tenemos la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencional; la tercera reserva mundial de litio; uno de los mayores núcleos de tierra fértil del planeta; enormes reservas de agua dulce; cobre, plata, oro, uranio y minerales críticos. En nuestro territorio está buena parte de lo que el mundo busca y va a seguir buscando en las próximas décadas. ¿Qué sentido tiene regalarlo?
La discusión no es ideológica ni jurídica, es estratégica y de sentido común. En la próxima sesión del Senado tenemos que decidir si la Argentina conserva esta herramienta central para cuidar su territorio o si lo deja librado a la lógica de un mercado en el que algunos fondos de inversión tienen suficiente dinero como para comprar provincias enteras.
Hoy la Argentina tiene una ley que prohíbe extranjerizar más del 15% de las tierras rurales del país. Que pone el mismo límite por provincia y por departamento. Que impide que personas o empresas de una misma nacionalidad concentren más del 30% de ese porcentaje. Que limita a 1.000 hectáreas la compra de tierra en la zona núcleo. Es una ley para cuidar nuestra soberanía.
La Ley de Tierras no nació por casualidad. Fue el resultado de una decisión política destinada a preservar recursos estratégicos, evitar procesos de concentración y garantizar que el interés nacional prevaleciera sobre la especulación financiera internacional. Derogarla implica renunciar a una herramienta construida para proteger a la Argentina en un momento en que el territorio vale más que nunca.
Los datos muestran por qué esta ley sigue siendo necesaria. Según el Registro de Tierras del Ministerio de Justicia y el Observatorio del CONICET, hoy ya hay más de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras.
Otro de los puntos más graves es la entrega de las zonas de frontera. Las fronteras son lugares donde el Estado tiene que estar presente para cuidar la seguridad nacional y prevenir delitos complejos. Debilitar los mecanismos de control sobre esas tierras implica reducir la capacidad del Estado para prevenir y combatir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.
La Argentina necesita inversiones, trabajo, producción, industria y exportaciones, sí. Pero esta ley no es para eso. Nuestro país necesita todo eso dentro de una estrategia nacional. Se puede atraer inversión sin renunciar al control sobre el territorio.
Por eso también quiero apelar al sentimiento nacional de los gobernadores, diputados y senadores que representan a sus provincias en el Congreso. Cada provincia tiene una historia, una identidad, una belleza y una tierra que su pueblo ama. Nadie que sienta el arraigo a su provincia o el amor a la Patria puede acompañar una entrega como esta.
Más allá de las diferencias partidarias, esta discusión nos interpela a todos. No se trata de acompañar a un gobierno o a una oposición. Se trata de decidir si las próximas generaciones heredarán un país dueño de su territorio o un país que renunció a protegerlo. Cada legislador deberá asumir esa responsabilidad frente a su provincia, frente a sus representados y frente a la historia.
Ningún país construye futuro rematando su territorio. En un mundo cada vez más conflictivo y voraz, defender la Ley de Tierras es defender la soberanía, el control sobre nuestra tierra y el derecho de la Argentina y de las próximas generaciones a decidir su propio destino.
