La verdad judicial, la verdad periodística y la verdad política
En la Argentina, la Justicia suele ser objeto al mismo tiempo de veneración retórica y de desconfianza agria. Detrás de esa conducta quizás se combinen necesidades políticas con expectativas insatisfechas respecto de la igualdad ante la ley, la autonomía de jueces y fiscales, el castigo eficaz de la corrupción, el combate a la impunidad, la parsimonia. Pero también anida la controversia sobre la verdad de las cosas.
Los sistemas jurídicos occidentales se basan en el principio de que existe un hecho objetivo que debe ser descubierto: es lo que habitualmente se llama la verdad de los hechos. También en el periodismo un viejo apotegma dice que las opiniones son libres pero los hechos son sagrados, lo cual recuerda, por si hiciera falta, que la persecución de la verdad no es una exclusividad abogadil.
Existe quizás la fantasía de un mundo ideal en el que la verdad judicial (que necesita probar con evidencia legal lo que hay en el expediente) y la verdad periodística (una aproximación fáctica sujeta a contrastación) deberían parecerse. Un ladrón, por ejemplo, tendría que ser un ladrón desde cualquiera de las perspectivas, no un sobreseído por insuficiencia de pruebas o agraciado por vericuetos leguleyos al que sin embargo la opinión pública percibe como un inequívoco culpable. Y tampoco un inocente “sentenciado” en forma anticipada por los medios con poco o ningún margen para aceptar otra posibilidad después de un meticuloso proceso judicial que se habrá tomado su tiempo.
Es notorio que la lentitud de la justicia argentina engorda las ínfulas justicieras de los medios. A su pesar los medios se convierten en expresión solitaria de la desazón colectiva cuando las causas prescriben por culpa de jueces que las dilatan a propósito, cuando se mete la política, cuando abogados defensores practican una tras otra las artimañas que el sistema tolera con una generosidad pasmosa o, lo más común, al concatenarse todos los vicios tribunalicios juntos mientras los años pasan. No se conocen muchos países en los cuales cada vez que hay un crimen, la gente del barrio de la víctima, como si se activara el reflejo de Pavlov de la fragilidad institucional, arma en un par de horas una marcha con quema de cubiertas incluida para gritar “¡justicia!”, una manera de atraer a los medios que con su sola intervención reducirán al menos un poco, se cree en la periferia, la modorra de las burocracias judiciales.
Desde el vamos se construyen con riesgo de bifurcación una verdad judicial y una verdad periodística. La reiteración de la discordancia pareciera ser que afecta más a la Justicia que a la prensa. Un ejemplo: mucha gente sigue refiriéndose a las coimas en el Senado sin importarle o sin siquiera recordar que para la Justicia las coimas no existieron. Pese a que el arrepentido Mario Pontaquarto declaró con lujo de detalles cómo habían sido pagadas, en 2013 todos los acusados terminaron absueltos. Para las personas de a pie las coimas sí existieron, digan lo que digan sus majestades los jueces.
Está también, claro, la verdad religiosa, fundamentada en la fe y en la revelación divina. La verdad científica, que sigue su propio método estricto. La verdad filosófica, enfocada en el sentido de la existencia humana. Pero acá sólo se trata del contraste entre la verdad judicial y la verdad periodística. Contraste e interacción, reclamarían presurosos Cristina Kirchner, devota de la teoría del “lawfare” como causa de sus desdichas, y el camarista Carlos Mahiques, a quien le gustaría poder sancionar a los jueces que dan información no oficial a la prensa. Disquisiciones éstas que hoy, acá está el punto, rejuvenecen gracias a Manuel Adorni, quien acumula 14 semanas continuadas en el medio del escenario. Ni el narcisista más desesperado debe envidiarle a Adorni la centralidad que él mismo ayudó a labrarse. Tal vez bajo la fiebre mundialista Milei encuentre el día apropiado -quién sabe, después de un cuatro a cero a favor de la Argentina- para acabar con este alargue inaudito de incierto propósito.
Adorni retaceó información a los medios sobre el dinero que acumuló y la forma en que lo gastó con el argumento de que el asunto estaba siendo investigado por la Justicia y que él no podía hablar del tema porque no quería interferir con la causa. Eso mismo sostuvo de manera oficial y se supone, cuando estaba muy preparado, al comparecer en la Cámara de Diputados. Sin embargo, fue su primera contradicción presentarse en televisión para ofrendarles a los argentinos una explicación considerablemente más ridícula sobre sus manejos dinerarios que la esbozada en el génesis, lo cual es mucho decir. Las nuevas explicaciones -el pen drive que él se encontró por casualidad, las operaciones que hizo en negro “igual que todos los argentinos que ahorran” y los impuestos que olvidó pagar-, ¿ya no interferían en la sagrada causa judicial?
Es curioso que los políticos sacralicen a la Justicia con tanto ahínco en un país en el cual el acatamiento de los fallos puede llegar a ser desde un acto de fe hasta una opción voluntaria. Los Kirchner, quienes frente a distintas incomodidades mil veces echaron mano a la reverencial frase hecha “no nos adelantemos, confiamos en lo que vaya a determinar la Justicia”, voltearon en 1995 al procurador general de Santa Cruz Eduardo Sosa porque los estorbaba y después desacataron las órdenes que les dieron los jueces de reponerlo. El jefe de los fiscales santacruceños había querido saber adónde fueron a parar los famosos 650 millones de dólares que la provincia cobró de YPF, vaya impertinencia. Llegó a ser la Corte Suprema quien ratificó que el desplazamiento de Sosa por el gobernador Kirchner violaba la garantía de inamovilidad de los jueces. Los fallos dictados entre 1998 y 2010 que exigían la reincorporación de Sosa fueron para Néstor Kirchner lo mismo que una injerencia externa en un feudo privado. Treinta y un años después, con Kirchner fallecido y Cristina Kirchner presa, la semana pasada la provincia de Santa Cruz ejecutó, por fin, la reincorporación de Sosa a la procuraduría. No será por mucho tiempo: Sosa tiene 74 años. Ahora la Corte debe resolver de qué manera se le abonan los salarios caídos de tres décadas. Son por lo menos 372 salarios y 31 aguinaldos más el resarcimiento.
Sin embargo, un costo muchísimo mayor fue el que pagó la sociedad entera al no prestarle suficiente atención en su momento al caso Sosa, precedente revelador de la manera de los Kirchner de entender la república. Era bien conocido. Incluso surgió de la misma materia gris, el abogado alguna vez maoísta Carlos Zannini, que luego participaría de maniobras bastante más onerosas para el país como la compra del 25 por ciento de YPF por los Eskenazi sin poner plata, la operación que desencadenó el juicio neoyorkino de los 16 mil millones de dólares.
Con la hechizante palabra soberanía de por medio se llevaron adelante epopeyas nacionales llamadas a desembocar en fraudes y juicios impagables. Pero antes, cuando no había pluralidad mediática, conocimos la mentira en estado puro. El régimen de Galtieri montó una tosca campaña exitista durante la guerra de las Malvinas basada en el slogan “estamos ganando” ni siquiera perturbado tras el dramático hundimiento del crucero General Belgrano. Los partes castrenses llegaron a decir que había sido bombardeado y hundido el buque británico Canberra, cuya misión era el transporte de tropas. Tras la rendición argentina los británicos le encargarían precisamente al intacto Canberra transportar a más de cuatro mil soldados sobrevivientes al continente.
Las mentiras burdas en estado puro, que ahora Adorni repuso al invertir sus expresiones del 25 de marzo (cuando había afirmado que su declaración patrimonial era “impecable”, que tenía “todo declarado” y que los culpables de mentir eran los periodistas), no parecen estar relacionadas con la llamada “postverdad” sino más bien con la matriz descarada tradicional.
El hijo desaparecido de Taty Almeida no fue secuestrado por la dictadura sino por la Triple A bajo el gobierno constitucional de Isabel Perón
Ahora mismo no es el único caso. El domingo pasado, a los 95 años, falleció Taty Almeida, líder de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una docente afable, de familia militar y carácter templado que en 1986 se escindió de la organización liderada por la iracunda Hebe de Bonafini.
El Partido Justicialista la despidió de manera emotiva. Dijo que fue “un ejemplo de lucha para el pueblo argentino”. El bloque de senadores nacionales del Partido Justicialista fue más lejos. Emitió un comunicado muy ponderativo en el que hasta bregó porque “las nuevas generaciones sepan lo ocurrido en el país durante la pasada dictadura cívico militar”. Pero sucede que Alejandro Almeida, el hijo desaparecido de Taty Almeida, quien pertenecía al ERP 22 de agosto y que motivó su activismo, no fue secuestrado por la dictadura sino por la Triple A bajo el gobierno constitucional de Isabel Perón, hecho ocurrido el 17 de junio de 1975.
En medio siglo, el Partido Justicialista jamás se pronunció ni hizo ninguna autocrítica sobre los secuestros y asesinatos del tercer gobierno peronista ni sobre López Rega. Mucho menos recordó alguna vez el Documento Reservado del Consejo Superior Peronista del 1 de octubre de 1973 en el que le declaraba la “guerra” a los “grupos marxistas” e “infiltrados” y ordenaba utilizar “todos los medios” para combatirlos, lo cual le abrió las puertas a la actuación de la Triple A inspirada, hoy se sabe, por Perón. Que el PJ y los senadores peronistas le atribuyan a la dictadura un desaparecido del gobierno peronista no es otra cosa que una indigna mentira.
El presidente Milei, denunciante cotidiano de las “mentiras” de prácticamente todos los periodistas (noventa y cinco por ciento miente, dice él), quizás debería recalibrar el detector que usa. No le está tomando las mentiras circundantes.
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