El Gobierno interviene la Oficina que audita el costo de las leyes en el Congreso: qué implica esta medida
La relación entre el Gobierno y el Congreso suma una nueva tensión y, esta vez, el foco del conflicto es la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo técnico creado en 2016 para asesorar a los legisladores sobre el impacto económico y presupuestario de las leyes. A través de una nueva resolución, el oficialismo limitó la capacidad de acción de este organismo, generando un fuerte rechazo en la oposición y en expertos en gestión pública.
Al momento, funciona como un "árbitro" técnico. Su misión es analizar cuánto cuestan las leyes que se debaten, revisar cuentas públicas y evaluar la deuda estatal. Aunque sus informes no son vinculantes (no obligan a votar de cierta forma), su rigor los convirtió en la referencia tanto para legisladores como para el Poder Judicial.
De manera que el conflicto se profundizó luego de las discusiones sobre jubilaciones y discapacidad. El Gobierno sostenía que los proyectos opositores costaban miles de millones de dólares, mientras que los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) presentaron estimaciones considerablemente menores. En el caso de las jubilaciones, el oficialismo advertía un impacto fiscal elevado, pero la OPC calculó un costo anualizado del 0,78% del PBI. Para el área de discapacidad, el organismo estimó un impacto de hasta el 0,51% del PBI, en contraste con las proyecciones del Ministerio de Economía.
Por eso, en el debate por el financiamiento universitario, la Justicia tomó como referencia los datos de la OPC para sostener la validez de la ley, reduciendo la magnitud del costo fiscal señalado por el Poder Ejecutivo.
La Resolución 003-CSP-2026, impulsada por el senador oficialista Agustín Monteverde y acompañada por legisladores de La Libertad Avanza y el PRO, refuerza el control político sobre la Oficina de Presupuesto del Congreso. Su normativa establece que las áreas técnicas ya no podrán elaborar informes extraordinarios sin la autorización previa y formal de la Comisión de Supervisión Parlamentaria, lo que limita la capacidad de respuesta ante pedidos legislativos urgentes.
Además, el director ejecutivo de la OPC, Gabriel Esterelles, pierde la autonomía para realizar modificaciones internas de partidas sin el aval de la comisión, lo que restringe su margen de gestión administrativa.
Por último, se ordena una auditoría sobre los procesos de selección de personal y la planta de trabajadores, con foco en los concursos realizados en 2023.
El conflicto alcanzó un punto crítico durante la discusión de iniciativas opositoras vinculadas a jubilaciones y discapacidad. Aquel momento, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, se convirtió en la cara visible del cuestionamiento a las estimaciones de la OPC.
Sostuvo públicamente que los proyectos impulsados por la oposición implicarían un costo de hasta US$12.000 millones, lo que equivalía al 1,8% del PBI. Sin embargo, los informes técnicos de la OPC arrojaron cifras considerablemente más bajas, lo que dejó al oficialismo en una posición incómoda frente a sus argumentos.
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La medida fue calificada por la oposición como una "intervención": la diputada Julia Strada (UP) definió la decisión como un "cepo" a los datos, mientras que Victoria Tolosa Paz señaló que la medida atenta contra la calidad democrática. Por su parte, el exgobernador Jorge Capitanich subrayó que la OPC fue creada precisamente para que el Congreso no dependa de la información sesgada que el Ejecutivo pueda presentar.
Incluso voces expertas como Marco Lavagna (extitular del Indec) cuestionaron la interferencia, señalando que "la independencia en la producción y el análisis de información es una condición indispensable" para el funcionamiento institucional.
