El Gobierno flexibilizó el acceso a los créditos en dólares
Con una leve adecuación a la normativa vigente, el Gobierno flexibilizó este martes el acceso a los créditos en dólares que prestan los bancos del país. A partir de ahora, los bancos podrán considerar como nuevos potenciales receptores de préstamos en moneda dura a las empresas que logren presentar una garantía directa de un exportador.
Se trata de la Comunicación “A” 8446/2026 del Banco Central, tal como había publicado LA NACION la semana pasada. Hoy, se oficializó la noticia a través de su publicación en el Boletín Oficial, donde el gobierno de Javier Milei explicó que los deudores no necesitarán que los vencimientos de sus créditos se alineen con sus ingresos en la misma moneda.
De esta manera, se amplía el universo de prestatarios elegibles, que había estado restringido durante los últimos 24 años a los exportadores y a su primera línea en la cadena de proveedores, para así evitar el descalce de monedas. A partir de esta medida, también podrán las empresas que presenten un respaldo de una compañía que pueda demostrar fehacientemente el flujo de ingresos en dólares por ventas al exterior del país.
Si el tomador del préstamo no paga, la entidad financiera puede reclamar directamente al garante, sin necesidad de agotar previamente las acciones contra el deudor principal, aclaró la entidad conducida por Santiago Bausilli.
La idea es orientar “recursos ociosos en moneda extranjera hacia otros sujetos sin afectar la capacidad de repago de los depósitos captados en dólares, respetando el marco del Decreto 905/2002 del Poder Ejecutivo”, explicaron desde la entidad rectora del sistema bancario local.
La medida llega en un momento en que los préstamos en dólares son los únicos que mantienen una dinámica expansiva —aunque muestran cierto estancamiento en lo que va de junio— y cuando los bancos ya transformaron en crédito casi el 60% de los depósitos en dólares captados de los ahorristas, la mayor proporción de los últimos siete años.
Según los últimos datos oficiales disponibles, de los US$39.300 millones que el sistema financiero mantiene bajo resguardo del sector privado, alrededor de US$23.300 millones ya fueron canalizados hacia distintos tipos de crédito. Sin embargo, el grueso de esos fondos (74%) se destinó a la prefinanciación de exportaciones.
La restricción ahora modificada data de una normativa que se aprobó tras la crisis de 2001 y quedó plasmada en el Artículo 23 del Decreto 905/2002, que limitó el uso de los depósitos en dólares como garantía para evitar descalces de moneda entre bancos y deudores.
Después del corralito, la pesificación y la crisis bancaria, el gobierno de Eduardo Duhalde buscó evitar que volviera a ocurrir uno de los grandes problemas del sistema financiero argentino: que los bancos prestaran dólares a personas o empresas que solo generaban ingresos en pesos.
Antes de la crisis era común que una empresa tomara un crédito en dólares porque la tasa era más baja, aunque facturara en pesos. Cuando el peso se devaluó, muchas de esas deudas se volvieron complicadas de pagar. En este contexto, el artículo 23 instruyó al Ministerio de Economía a permitir depósitos en dólares en los bancos, pero con una condición: que los dólares depositados sólo podían ser utilizados para prestar a quienes tuvieran ingresos habituales provenientes del comercio exterior o actividades relacionadas.
Esta lógica se consolidó mediante la Comunicación “A” 5908 de 2016, durante la gestión de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central. Con esa normativa, se reforzó el esquema que restringió el otorgamiento de créditos en dólares fondeados con depósitos en moneda extranjera a sujetos vinculados a la generación de divisas.
Ya durante la gestión mileísta, en febrero de 2025, la Comunicación “A” 8202 eliminó una limitación que regía desde 2016, pero siguió vigente la restricción para los créditos respaldados por depósitos en dólares de los ahorristas que estaba vigente desde 2002.
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