La CGT convoca a una semana de reuniones clave para definir su respuesta final a la reforma laboral de Javier Milei
En medio del estancamiento de la vía judicial para frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) inició una etapa clave de redefinición estratégica. La central obrera, que recientemente llevó sus reclamos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, debate ahora cómo trasladar ese respaldo internacional al plano local para mantener la presión sobre la Casa Rosada.
La conducción sindical, encabezada por dirigentes como Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, comenzó a discutir alternativas al tradicional paro general. La opción que gana mayor fuerza es la implementación de medidas de fuerza escalonadas, un esquema que propone acciones coordinadas y rotativas entre distintos sectores —como transporte, industria, puertos, alimentación y medios— para sostener el conflicto sin agotar la capacidad de movilización.
Aquel modelo busca emular experiencias internacionales recientes, como las protestas registradas en Francia, donde la alternancia de medidas permitió mantener un frente de conflicto prolongado.
No obstante, la estrategia enfrenta desafíos: el Gobierno podría utilizar la conciliación obligatoria para desactivar los paros sectoriales, apoyándose en la nueva reglamentación que amplió el listado de actividades consideradas "esenciales".
Esta hoja de ruta de la CGT no está exenta de matices internos. Al mismo tiempo que la cúpula prefiere medir el pulso antes de convocar a una medida extrema, el "ala dura" del movimiento —integrada por gremios como la UOM, La Fraternidad y Gastronómicos— presiona por un paro general de 36 horas.
Según fuentes sindicales, el peso de las presentaciones contra la reforma recaerá ahora en las acciones individuales de cada gremio, que buscarán obtener cautelares particulares para frenar la aplicación del decreto en sus respectivos sectores, evitando así que el desgaste recaiga únicamente en la cúpula de la confederación.
La actividad sindical de esta semana promete ser intensa: Pablo Moyano encabezará este martes una conferencia de prensa junto al dirigente ferroviario internacional Julio Sosa, en un encuentro de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF). Allí, se expondrá ante observadores extranjeros la situación laboral en Argentina, con énfasis en el impacto social de la desregulación, la situación del transporte y las sanciones contra sindicatos ferroviarios.
Pablo Moyano rompe el silencio con una doble jugada: denuncia al Gobierno y amenaza con desabastecer bebidas
A partir del miércoles, la CGT iniciará una serie de encuentros sectoriales para consolidar el diagnóstico político y jurídico. Se espera que, para la semana próxima, el Consejo Directivo de la central obrera defina los pasos a seguir, intentando transformar el aval conseguido en la OIT en un movimiento táctico efectivo contra la agenda oficial del Ejecutivo.
De forma paralela, el Sindicato de Camioneros mantiene un conflicto de alta intensidad con grandes compañías del sector de consumo masivo como The Coca-Cola Company y Cervecería y Maltería Quilmes. La demanda gremial se centra en que los choferes tercerizados perciban los mismos premios, presentismos y adicionales que los trabajadores directos de las firmas.
Tras el fracaso de las instancias de negociación iniciadas a fines de mayo, el gremio decidió avanzar con un “trabajo a reglamento”, una modalidad que ralentiza de manera estricta la operatoria logística y ya comienza a generar efectos en la cadena de abastecimiento.
Las empresas del sector estiman que entre el 20% y el 50% de la carga diaria no logra salir de los centros de distribución, lo que provoca un cuello de botella en la logística y altera los tiempos habituales de entrega.
Fiel a su estilo directo, el dirigente camionero deslindó responsabilidades sobre el posible desabastecimiento: "Se siguen haciendo los boludos y miran para otro lado", disparó en referencia a las empresas. Moyano dejó claro que, si la mercadería falta en las góndolas, la responsabilidad recae exclusivamente en la negativa patronal a ceder en las paritarias.