La función protectora de la Unión Europea
Se ha puesto de moda acusar a la Unión Europea de todo y de su contrario. Por un lado, se le reprocha haber intentado superar, mediante la integración, los límites estructurales y la decadencia política y cultural de sus Estados para recuperar, con instrumentos más adecuados a las nuevas dinámicas internacionales, un ámbito de poder frente a terceros.
Sin embargo, la mayoría de los líderes democráticos surgidos de la guerra parecían más interesados en utilizar la integración y el mercado ampliado para recuperar su legitimidad interna que para aumentar su influencia internacional. Más aún cuando los intentos de algunos de resucitar la vieja política de poder mediante recursos militares fracasaron estrepitosamente, tanto al tratar de reprimir los movimientos emancipadores en las colonias —como en Indochina y Argelia— como al intentar restaurar por la fuerza situaciones de privilegio tradicionales, como ocurrió después de la nacionalización del canal de Suez por parte de Nasser en 1956.
Por otro lado, se acusa a la Unión de ser idealista y ensimismada, encerrada en una burbuja hierática y normativista, incapaz de comprender que la historia y la geografía la condenan a convivir con adversarios que solo entienden el lenguaje de la fuerza.
Según esta visión, los europeos habrían abusado durante décadas de la protección del paraguas nuclear de los Estados Unidos y del tripwire (detonante) constituido por sus soldados estacionados en Alemania.
Que lo vayan a contar al presidente francés, general Charles de Gaulle; frente al incipiente détente en Europa, a la falta de credibilidad de la disuasión nuclear estadounidense y a la reiteración del aventurismo militar norteamericano en Vietnam, abandonó la estructura militar integrada de la OTAN en 1966 y basó la defensa francesa en una capacidad nuclear autónoma y en una política de acercamiento a la Unión Soviética.
De hecho, es todavía objeto de disputa si fue la OTAN la que contuvo la amenaza soviética o, más bien, los acuerdos alcanzados entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial sobre sus respectivas esferas de influencia, tal como muestra Serhii Plokhy en su obra Yalta: The Price of Peace. Si la OTAN desempeñó una función decisiva, parece haber sido, más bien, la de proporcionar a los europeos un federador poderoso y, sobre todo, geográficamente distante, como observó agudamente hace años Nicole Gnesotto.
Frente al reconocimiento de la imposibilidad de seguir regulando las relaciones entre Estados profundamente interdependientes mediante un precario sistema de equilibrio de poder, condenado a derrumbarse por su propia rigidez o por las ambiciones de dominio de uno de sus participantes, la externalización de parte de las responsabilidades estratégicas permitió a los europeos concentrarse en una forma inédita de política de seguridad: en lugar de dividirse en bloques e imponer políticas punitivas al antiguo enemigo, decidieron incorporarlo a un mercado común.
Este significaba privar a los Estados de la posibilidad de utilizar prácticas comerciales —aranceles, cuotas o acuerdos discriminatorios— como recursos de poder para exportar sus crisis a los vecinos o imponerles formas de subordinación política, como había intentado hacer la Alemania nazi antes de la guerra.
Las Comunidades Europeas no fomentaron una interdependencia neutral. Crearon más bien un espacio de gestión colectiva de un recurso —el mercado— para convertirlo de instrumento de poder en bien público. Por ende, las instituciones europeas no se limitaron a reflejar las relaciones de fuerza existentes, sino que intentaron construir un terreno de juego equilibrado al servicio de un proyecto común de progreso ordenado, asociado entonces al pleno empleo, la industrialización y la protección de la familia campesina, una expresión recurrente en los discursos democristianos y socialdemócratas de la época.
Así nació la idea de un mercado regulado que acompañó la transformación de Italia y Alemania en democracias plenas, favoreció la modernización económica y social de todos sus participantes y permitió consolidar la convivencia pacífica entre sociedades divididas por prejuicios, resentimientos y experiencias traumáticas, pero unidas por la voluntad de sus representantes políticos de superarlos y no explotarlos con fines de política interna.
La paz a la que aludían los tratados de Roma no era la interrupción temporal de las pasiones trágicas alimentadas por fanatismos nacionales o religiosos, sino un proceso constante orientado a su neutralización.
Tanto el sistema de las esferas de influencia como el del federador externo dependían de la preservación de un rígido statu quo y, por ende, estaban destinados a chocar con la naturaleza dinámica de la historia (como está ocurriendo ahora), mientras que el método de la integración se mostró más flexible y capaz de absorber los choques provenientes del sistema internacional. Quedó abierto, sin embargo, a una grave amenaza por parte de aquellos actores interesados en beneficios propios por encima del interés colectivo en campos tan cruciales como las finanzas, el medio ambiente y la inteligencia artificial. Estos ámbitos constituyen hoy la nueva frontera de la seguridad europea y el terreno en el que la Unión Europea puede desempeñar una clara función protectora, frente a las apuestas temerarias de quienes pretenden derribar el orden existente para proceder a ajustes de cuentas, sin que se vislumbre un proyecto de paz regional o mundial.
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