Sugestivo viaje de Mahiques y Lijo a París en medio de la negociación por los pliegos y el caso Adorni
El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y Ariel Lijo, el juez federal que investiga el caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunta corrupción, llegaron a París para participar desde este lunes en el plenario del GAFI (organismo antilavado) en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Allí deberán defender la posición argentina ante el lavado de dinero y financiamiento terrorista y operaciones financieras ilegales frente a una nueva revisión de los comportamientos del país.
También forma parte de la comitiva argentina Juan Tomás Rodríguez Ponte, el exsecretario de Lijo, actual titular de la Dajudeco -el organismo de la Corte Suprema que vela por la seguridad de las escuchas judiciales- y candidato a recalar en el juzgado federal vacante de Lomas de Zamora, en los pliegos con los que el Ejecutivo aún espera completar decenas de vacantes en los tribunales federales.
No es el único pliego que se está discutiendo en el Congreso vinculado a Lijo, quien fue el frustrado candidato del Gobierno a la Corte Suprema (junto a Manuel García-Mansilla) y ahora pujaría por quedar a cargo del Ministerio Público Fiscal. Condimentos, sumados al caso Adorni, que le dan un tono particular a este viaje.
Quizá por eso en la comitiva se esforzaron en remarcar que Lijo no fue invitado por el Gobierno argentino sino por la organización, en su rol de juez federal. Y viajaron por separado. Además de los tres mencionados, otros 15 funcionarios de diferentes áreas forman parte de la delegación argentina.
Como el Club de París, el GAFI no tiene sede oficial , sino que es una “task force”, que se reúne generalmente en el edificio de la OCDE. La prensa no tiene acceso a ellos. Los delegados exponen y discuten confidencialmente, sin contacto con los medios, para un mejor intercambio. El plenario va a finalizar viernes, con una conferencia de prensa virtual de su presidente.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue creado en 1989 por el G7, cuya cumbre de jefes de estado se inició este lunes en Evian, también en Francia. En abril de 1990 dio a conocer sus 40 recomendaciones, que tenían por objeto proporcionar un "plan de acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero".
La sexta y última reunión plenaria del GAFI bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, es la que se celebra esta semana. Delegados de la Red Global del organismo, compuesta por más de 200 jurisdicciones y observadores, están reunidos en París para debatir las amenazas emergentes a la integridad y la seguridad financieras mundiales.
Argentina va a exponer las medidas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y su nivel de cumplimiento con las 40 recomendaciones. Fue evaluado al final de 2024 y deberán revisarse los objetivos alcanzados nuevamente.
Según la última evaluación del GAFI, la Argentina debe mejorar las medidas de lavado de dinero y los riesgos de financiamiento terrorista, en particular el lavado por corrupción y vía los servicios financieros informales. También tiene que aumentar la confiscación por lavado de dinero. Solo hubo 91 condenados por este delito y es un número realmente modesto para el organismo.
Con respecto al financiamiento del terrorismo, Argentina tiene un marco regulatorio adecuado. Pero son limitadas las investigaciones, faltan fiscales y hay pocas condenas, datos que no son consistentes con los riesgos en el país.
Preguntas sobre estos temas estarán dirigidas al juez Lijo, que tiene en sus manos casos de corrupción de funcionarios del gobierno actual y anteriores..
Pero también el GAFI detectó transacciones sospechosas por operaciones inmobiliarias, con proveedores virtuales de servicios y un muy limitado uso de la inteligencia para los movimientos en efectivo entre fronteras y bajos niveles de inteligencia en la investigación de financiamiento terrorista en Argentina.
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