Miedo a gobernar respetando la ley es un estigma del socialismo del siglo 21 en gobiernos democráticos de Latinoamérica
El ataque a la democracia y en muchos casos su destrucción, la persecución judicializada y asesinato de la reputación de líderes democráticos, y la suplantación de la política por el crimen organizado, perpetrados por el socialismo del siglo 21 o castrochavismo en Latinoamérica, deja sociedades en crisis y gobiernos que señalados por la historia como de restauración de la democracia, resultan débiles, no toman el poder, no logran gobernabilidad y presentan el estigma del “miedo a gobernar cumpliendo y haciendo cumplir ley”.
El “acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho” es un elemento esencial de la democracia por el articulo 3 de la Carta Democrática Interamericana que es norma obligatoria para todos los países de las Americas. Estado de derecho representa que “toda decisión de los órganos de gobierno debe estar sujeta a la ley y guiada por el absoluto respeto a los derechos”. Este principio tiene por objeto “crear un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público”.
El castrochavismo es la expansión del modelo cubano de Fidel Castro con los recursos del petróleo venezolano malversados por Hugo Chávez, que sostuvo la dictadura de Cuba y convirtió en dictaduras a Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Además logró el control casi total de Latinoamérica promoviendo y sosteniendo presidentes y gobiernos serviles o para dictatoriales de los que hoy restan el de Lula da Silva en Brasil, Sheinbaum en México y Petro en Colombia (tuvieron esa condición los Kirchner en Argentina, Bachelet y Boric en Chile, Toledo en Perú, Lugo en Paraguay, Castro en Honduras y más).
En los regímenes dictatoriales del castrochavismo en Latinoamérica, en Cuba con Castro y Diaz Canel, en Venezuela con Chávez, Maduro y Rodríguez, en Nicaragua con Ortega y Murillo, en Bolivia con Morales y Arce, se suplantó el “estado de derecho” por “el terrorismo de Estado”. Se reemplazo el respeto a la ley que protege al ser humano y el orden público por la comisión de delitos desde el gobierno para generar miedo en la población y de así lograr conductas de sometimiento que de otra forma no serían posibles.
El terrorismo de Estado se ejerció y se ejerce en las dictaduras castrochavistas con el control total del sistema de justicia, la judicialización de la persecución política, la operación de “fiscales sicarios” y “jueces verdugos”, la imposición de “leyes infames” que violan los derechos humanos en lugar de protegerlos, la liquidación de la prensa libre y un largo etcétera que produjo presos políticos, asesinatos físicos y de reputaciones, exilio y sumisión.
El castrochavismo ha perdido el gobierno en Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Republica Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala y más, pero en muchos de esos países no han entregado el poder, porque lo retiene con las constituciones que suplantaron, las leyes infames que impusieron, los fiscales y jueces que aún operan, y las instituciones que controlan. La realidad en cada país tiene diferentes grados de avance o resistencia, pero el desmontaje de los narcoestados y la reinstitucionalización democrática es una dura tarea pendiente o en curso. El cambio geopolítico que se expresa con la captura del dictador Maduro, el ultimátum en curso a la dictadura de Cuba, la operación Lanza del Sur, el Escudo de las Americas, facilita la tarea.
Perdido el gobierno y para no perder el poder el castrochavismo administra la violencia. Para eso dispone de medios como sindicatos, federaciones, centrales, movimientos sociales, organizaciones populares, medios de comunicación y organizaciones que en realidad encubren operaciones delictivas contra los derechos humanos del pueblo y contra la estabilidad del gobierno.
Además, retienen representación parlamentaria con la que bloquean las necesidades de cambio, deterioran al gobierno, negocian impunidad y sostienen sus sistemas violatorio de derechos humanos y libertades fundamentales. Los “opositores funcionales”, que cuando el castrochavismo tenía el gobierno y el poder eran los cómplices para la simulación de una democracia inexistente, forman parte de la resistencia porque son parte de los crímenes que requieren impunidad.
En esta realidad objetiva hemos visto y vemos presidentes y gobiernos en Latinoamérica que tienen como estigma el “miedo a gobernar cumpliendo y haciendo cumplir la ley” porque no cambian el sistema dictatorial, porque asumen la estrategia del gradualismo que es su propia muerte lenta, porque no forman gobiernos fuertes de unidad nacional con el objetivo claro de reponer los elementos de la democracia y separar al crimen de la política para recuperar la economía de los pueblos, porque creen que todo se puede negociar incluyendo los derechos humanos de los ciudadanos -a los que están obligados a proteger- que son víctimas de delitos.
No hay recuperación de la democracia, terminación de las leyes infames, no impunidad, ni separación del crimen de la política con presidentes que prefieren mantenerse en el gobierno en lugar de tomar el poder restituyendo el “estado de derecho”. El miedo a ser acusados, perseguidos, asesinados en su reputación, presos o exiliados como sucedió con notables defensores de la libertad y la democracia, paraliza a algunos gobernantes de Latinoamérica. Es el estigma del sistema criminoso del socialismo del siglo 21 que urge superar.
