Adorni depende de 5 votos, Bullrich en la mira y señal cordobesa para el PRO

Enseñó Felipe González que, en política, como en la vida, lo grave no es tanto meter la pata como no sacarla rápido. El Gobierno afrontaba un daño lateral cuando patinó Manuel Adorni, pero con la desmesura que caracteriza a los soberbios, y a los aficionados al ejercicio del poder, Javier Milei se encastilló en su defensa.

Lo que era un pecado venial de la política, se agravó, como les ocurre en las tragedias a quienes incurren en la hybris (desmesura) y desnudan las debilidades de origen. No es que Milei pierda votos con la defensa de Adorni, explicada con el solo argumento que lo último que debe hacer un político es hacerle caso al adversario.

El daño no es que el electorado que lo puso donde está se le dé vuelta para votar al peronismo. Imposible que eso ocurra. El daño más grave es el que recibe de los propios. El festín que se están haciendo en el Senado los aliados del bloque de los 44, el bloque opositor del kirchnerismo, y la vicepresidenta Villarruel con el destino de Adorni es la prueba. Es la oportunidad para sacarle al presidente todo lo que les ha negado desde 2023, plata, proyectos y otras caricias y morreos.

Esta semana seguirán descuartizando el futuro de Adorni con la amenaza de una sesión el jueves que puede llegar a poner en el orden del día el tratamiento de una moción de rechazo. Si el miércoles ese pacto de intereses acuerda en la Comisión de Labor Parlamentaria poner en el menú del jueves el caso Adorni, se habrá consumado la fiera venganza del destino.

En esa sesión con la sola mayoría del cuerpo podrá aprobarse la censura de la gestión de Adorni. Son necesarios 37 votos. Hasta este fin de semana los verdugos de Milei tienen asegurados 32. Adorni está a 5 votos del despido en el Senado.

La norma que regula su estabilidad dice que "puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras." (Art. 101° de la Constitución).

Otra prueba del daño es que los senadores de su bancada andan por los pasillos del Senado pidiendo perdón por Adorni. "Somos el oficialismo -se disculpan ante los colegas de otros bloques- pero no podemos ponernos contra el Presidente, si él pide más tiempo se lo tenemos que dar".

La versión oficial dice que Patricia Bullrich le puso fecha a la comparecencia de Adorni ante la cámara el 2 de julio por pedido de los aliados. Pero antes de esto, hace más de dos semanas, José Mayans la intimó a Victoria Villarruel para que citen a Adorni al informe mensual que incumplió desde mayo. Patricia se interpuso y les dijo: "De eso me encargo yo".

La changa de Bullrich la ha puesto en la mira de los libertarios de Milei. La consideran una traidora porque se ha apartado del proyecto de la reelección y se exhibe como la dueña del segundo tiempo del presidente, que hasta ahora reclamaba Macri para el PRO.

Se demoró con el argumento de que el caso de la cuñada candidata a jueza le había complicado sus relaciones con Milei. Pero ahora aseguró que ella se encarga de subirlo a Adorni al patíbulo (es inevitable acompañar estas presunciones con la música de Miles Davis para el filme de Louis Malle “Ascensor para el cadalso”).

También en Diputados el Gobierno hiere a su arco de aliados. Hay una convocatoria a sesión especial para tratar el caso Adorni. Para imponer el asunto sobre tablas son necesarios 2/3 de los votos, algo que La Libertad Avanza puede lograr con sus aliados. Pero no puede evitar que en cualquier sesión se vote, por mayoría, la moción de preferencia para el tratamiento del tema en comisión.

Esto dispararía una fecha concreta de tratamiento en comisión y otra de tratamiento en el recinto, todo por simple mayoría. Así el Gobierno gana tiempo, pero desequilibra las relaciones con bloques como el del PRO. Mauricio Macri ya pidió la renuncia de Adorni, antes de viajar al planeta FIFA. El jefe del bloque, Cristian Ritondo, espera que el Gobierno diga algo, que marque alguna agenda que justifique la integridad de coalición.

Esta semana el bloque decidirá si da el quórum para la sesión especial, y qué hará si se produce. Lo que no hará es oponerse al tratamiento de la preferencia. Todo para mantener el en el interbloque con un sector del radicalismo.

El PRO no se queda quieto en las transversalidades. Se conoció la designación del economista y exministro Hernán Lacunza como director del Banco de Córdoba. Lacunza pertenece al grupo selecto de economistas que asesoran a Macri. Tiene funciones en la Fundación Pensar y es uno de los responsables de los newsletters sobre su especialidad, que no suelen ser complacientes con el Gobierno.

Nadie en la cúpula del PRO admite que se trate de una designación con sentido político y lo limitan a una decisión personal del gobernador Martín Llaryora y del economista. Difícil creer que sea casual, porque honra una relación que históricamente ha tenido el PRO con el cordobesismo de Schiaretti y de Llaryora.

El gobernador de Córdoba es uno de los animadores de Provincias Unidas, liga federal que ha sido respaldada por Macri en varias oportunidades. En particular en sus reclamos de los fondos retenidos por el gobierno de Milei. Uno de sus coroneles, el chubutense Nacho Torres, insiste en que el PRO se integre plenamente a Provincias Unidas. Por ahora el PRO hace silencio confiado en que es una señal inequívoca para 2027.

Córdoba es la segunda provincia más grande en cantidad de votos. Ha sido el distrito fetiche del PRO, donde nació Juntos por el Cambio en 2014 en las elecciones de Marcos Juárez. Macri hizo allí su mejor elección en 2015. El cordobesismo solapa los votos con el eco de Cambiemos, y es una señal tácita de un acercamiento casi fatal.

Los movimientos transversales se dan en todas las colectividades. En la semana que pasó, Miguel Pichetto se reunió en La Plata con un frente que integrará con los disidentes de La Libertad Avanza que conduce Carlos Kikuchi, uno de los inventores de Milei que se apartó cuando el jefe eligió aliarse con el PRO. Este sector tiene llegada a otras tribus del centro político del peronismo que no se sienten representadas por LLA.

Las gestiones de Pichetto también se extienden a algún entendimiento con el sector del peronismo no K que animan Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, que buscan entenderse mejor con el peronismo del interior, que confronta con el peronismo del AMBA. Este lunes del feriado han llamado a una reunión en Concepción del Uruguay, a donde concurrirán serán cerca de un millar de militantes.

La prueba más eficiente del desgaste de Milei entre los aliados es el debate que esta semana se le viene encima en el Senado. El miércoles hay Labor Parlamentaria y se decidirá si hay quórum para imponer el caso Adorni. Si eso pasa al 2 de julio, queda pendiente el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad que se prevé para el jueves.

Ese proyecto ha tenido tantas modificaciones respecto de lo que pidió el Gobierno que bien puede analizarse como un triunfo de la tarea de la oposición para bajarle el copete. Ya se cayó el capítulo que abolía prácticamente la Ley de Villa. Colaboró la Iglesia, que mandó a los obispos a convencer a los legisladores de que era mejor no meterse con el legado más importante de la gestión política del papa Bergoglio.

También le hicieron pelo y barba al fast track de los desalojos de propiedad, en donde quedó compensado el interés de las partes intervinientes. El caso más discutido es el capítulo de la Ley de Tierras. Si se trata este jueves será sobre el borrador número 11, después de los cambios que le han impuesto los senadores.

La norma desregula la venta de tierras a extranjeros; hasta ahora no podían ser más del 15% del total de la superficie del país. También estaba prohibida, salvo excepciones, la venta de tierras a extranjeros en zona de frontera. Según el acuerdo al que se llegó en la oficina 75 C del Senado, un entrepiso discreto donde trabaja el asesor del interbloque de "Los 44", el exsenador radical Víctor Zimmermann, el Congreso tendrá la última palabra ante una venta de tierras de frontera a una empresa de un estado extranjero.

Para el resto de las tierras a extranjeros, la decisión pasa a las provincias, que tendrán la responsabilidad de vigilar la oportunidad de autorizarlas o no. En el caso de una pretensión de vender tierras a empresas de estados extranjeros que no sean limítrofes, la autorización deberá hacerla la provincia y además la Nación.

La idea original que explicó Sturzenegger en sus exposiciones a los senadores aliados es que la desregulación aumenta el valor de los activos. El criterio que impusieron los aliados es que esa idea debe compatibilizarse con el valor que las tierras productivas han alcanzado con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y otros tratados que permiten acceder con ventajas a mercados controlados.

Un estado extranjero como China, que cuenta con recursos infinitos en dinero, podría comprar tierras de producción agrícola en la Argentina y quedarse con los cupos de exportación que tienen los países del Mercosur en el nuevo acuerdo, y desplazar a los productores locales. Eso es también defensa de la propiedad, que es lo que debe resguardarse como parte del interés público y no quedar reservado al interés privado.

El debate regulatorio se extiende a Diputados, adonde el Gobierno envió un proyecto de ley de lobby que, según dijo el exministro Jesús Rodríguez, puede llegar a inhabilitar la tarea de organizaciones intermedias de la sociedad civil, que presentan intereses legítimos y sin ánimo de lucro.

La oposición retrucó con un proyecto de la diputada radical Karina Banfi que regula la Ley de Acceso a la Información y voltea el contenido del DNU 780/24 que dictaminó que no tienen carácter público las discusiones y documentación entre funcionarios previa a la toma de decisiones.

Este debate se libró en el Congreso, y el Gobierno impuso la restricción justo cuando la jueza Loretta A. Preska reclamaba en el juicio de YPF que le entregasen los chats entre funcionarios argentinos del gobierno anterior y de este. Quería probar que el gobierno tomaba decisiones sobre la petrolera para obligarla a pagar la demanda del fondo Burford.

Ahora que ese juicio tropezó por la decisión en favor de la Argentina de la Cámara de Apelaciones de Manhattan, este proyecto puede avanzar. Tiene las firmas de Banfi, de Nicolás Massot (del bloque Encuentro Federal), de la peronista Fernanda Ávila y del lilista Maxi Ferraro. Esta semana sumará el apoyo de Miguel Pichetto, que adelantó el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

En esa oportunidad unificó tres normas, la Ley de lobby, de acceso a la información y el proyecto de Ley de sociedades. "Hay temas -afirmó- que se han tratado en esta Cámara que tienen casi el sello, le falta la firma de muchos estudios jurídicos importantes de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en la temática civil y comercial. Ahí hay un esquema donde el lobby funciona de verdad, como también en la Ley de acceso a la información".

"Lamentablemente -agregó- cuando se trató este tema, se suprimieron los papeles previos o los papeles que conforman la toma de decisión del funcionario. Hay algunos abogados que trabajan para las empresas. Aparece en la Ley de sociedades, que pone como supletorio a la ley nacional y prevalece el estatuto. Ahí también hay lobby, ahí también hay interés. Y le digo una cosa, presidente, ese fue el argumento de Burford".

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