La confesión de Adorni sobre sus criptos podría salvarlo de una condena por enriquecimiento

Al menos como estrategia, la posición de Manuel Adorni de asumirse como evasor confeso con dinero si declarar generado entre 2014 y 2018, puede tener su lógica. Obviamente se trata de un delito. Importante. Casi imperdonable para un funcionario público. Ni hablar de las consecuencias de la relación del jefe de Gabinete y la sociedad. Por ejemplo, los autónomos que deben cumplir en estos días con los anticipos de Ganancias y los monotributistas que tienen que pagar la cuota antes de la recategorización. O de las pymes que están decidiendo que impuesto pagar antes de cerrar para siempre. O cualquiera que haga malabares para poder cumplir con el tan kafkiana como caro esquema impositivo argentino de ayer hoy y siempre. Pero, si se efectúa un ejercicio de abstracción, conveniencia y disminución de pérdidas (en definitiva, es lo que hay que hacer en los tiempos malos), la estrategia de Adorni tiene sus puntos fuertes y convenientes. Para él. Claro.

Si la justicia le cree al dato del pen drive misterioso, el jefe de Gabinete zafará de dos problemas mucho mayores que ser un evasor confeso. El primero, otra vez, juez mediante, puede haber ahuyentado la posibilidad de convertirse en un condenado por enriquecimiento ilícito; lo que enviaría a Adorni al mismo anaquel que María Julia Alsogaray, Ricardo Jaime y José López; solo por ser políticamente amplios. Por el otro, y yendo a lo impositivamente técnico, la confesión de haber convertido en un astro de los manejos del bitcoin entre el 2014 y el 2018; libera a Adorni de la necesidad de pagar Ganancias y sus multas por esa brillante maniobra cripto. Sucede que la sanción cae solo por los últimos cinco ejercicios antes de la confesión (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024), con lo que el evasor confeso evita tener que pagar el 35% más multas de su pequeña fortuna. Le quedarían, de sus 500.000 dólares, unos 250.000 para gastar, y su panorama contable de declaración jurada no cerraría.

Judicialmente, la decisión de Adorni de enviar todas las sospechas a su pen drive construido a base de criptos entre el 2014 y el 2018, le permite explicarle a la justicia argentina que sus ganancias se concentraron en su época de periodista, consultor y, a veces, asesor en sus tiempos de remador privado. En consecuencia, otra vez, si la Justicia le cree, evita las acusaciones de haber elaborado su pequeña fortuna a partir de su llegada a lo más alto del poder. Algo que, de confirmarse, llevaría a la pena de enriquecimiento ilícito, y a un castigo de prisión de dos a seis años, multas del 50% al 100% del valor del enriquecimiento y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Este delito aparece cuando un funcionario no puede justificar un incremento patrimonial apreciable propio o de terceros vinculados a él durante el ejercicio de sus funciones o hasta dos años después de haber cesado en el cargo. Si el juez encargado considera valido que el dinero provino de sus inversiones cripto, no le llovería esta acusación. Aunque por algún motivo misterioso Adorni haya elegido empezar a gastar su pequeña fortuna siendo funcionario y no como casi anónimo personaje del mundo privado. Además de la condena penal, la Justicia puede ordenar el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente, el recupero de activos por parte del Estado y acciones tributarias de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por impuestos evadidos, intereses y multas. En consecuencia podría entregar a la justicia la casa en el country, sus dos departamentos y sus vehículos. Como evasor, Adorni no pierde nada de todo esto. No es poco.

Como dijo el abogado Mauricio Dalessandro (alguien que conoce la realidad tanto por ser abogado como por la calle) en su cuenta de X, “la mera existencia de un patrimonio elevado o de bienes no declarados no implica automáticamente enriquecimiento ilícito. Para que exista condena, la Justicia debe acreditar que hubo un incremento patrimonial significativo y que el funcionario no pudo justificar legalmente su origen”. Dice también que “el tipo de enriquecimiento ilícito invierte de facto la carga argumentativa: lo que se reprocha es no justificar el incremento apreciable al ser debidamente requerido”. La tesis general sería entonces el ahorro de dinero preexistente a la función pública, sin declarar convenientemente ante el fisco. No es lo mismo evadir que robar desde el Estado. Otra vez, define la justicia, pero la estrategia es impecable. Si los ahorros se obtuvieron en negro, eso es de segundo orden; lo decisivo es que el ahorro fue previo a la función pública. Técnicamente correcto: la evasión fiscal eventualmente prescripta o regularizable no es enriquecimiento ilícito funcional. La adhesión simultánea al régimen de “inocencia fiscal” cierra el flanco tributario. De ahí, también, la inscripción del funcionario a la ahora controvertida norma de búsqueda de los dólares del colchón. En este caso, si la justicia de cree, del pen drive.

El otro flanco importante, es el dinero que deberá entregarle Adorni a ARCA por su delito de no pagar impuestos como corresponde a un ciudadano de bien. De esos a los que la casta envió a la crisis económica y financiera permanente. Como se contó más arriba, por el período evadido, Adorni no debe pagar Ganancias. Esto es, no pierde la mitad de su fortuna de 500.000 dólares generada por su mano maestra en la compra y venta de bitcoins (nuevamente, si la justicia le cree). Esos dólares del pen drive, quedan intactos. Lo que si debe pagar Adorni es el impuesto a los bienes personales y las multas de este. En total, aproximadamente un 14% del total. Aproximadamente unos U$S 70.000 dólares. Le quedan limpios 430.000 dólares. Algo habrá que pagarle a los abogados y contadores que han trabajado a destajo durante casi tres meses en el diseño gráfico de la declaración jurada del jefe de Gabinete. Aun así, alcanza para que cierre el cuadro impresionista de los papeles que Adorni hizo públicos, a horas que comience el Mundial 2026 donde Argentina se juega la gloria. Como para que pocos se detengan a contemplar esa obra maestra de la magia contable.

Pero seguramente habrá muchos potenciales clientes en situación parecida a la de Adorni que quieran contratar los servicios de los abogados, contadores y expertos en criptos que diseñaron la histórica alquimia que se presentó en sociedad pocos minutos antes que Shakira presentara la canción emblema del mundial, desde el histórico estadio Azteca. Probablemente muchas personas tienen en este país problemas de pen drives parecidos a los de Adorni; y, si la justicia le cree al jefe de Gabinete, estarían interesados en contratar a los especialistas que diseñaron una estrategia que puede ser digna del gol de Diego a los ingleses en esa cancha mexicana. El de la mano. No el segundo.

Adorni podría aprovechar y hacer un canje a cambio de los honorarios que seguramente pagó a los diseñadores gráficos de su declaración jurada. Podría recuperar más de lo poco que perdió blanqueando los 500.000 dólares provenientes del pen drive. Obviamente, si la Justicia le cree.

Hay algo que no se podrá evitar. Seguramente la relación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y la sociedad haya quedado rota. Quizá para siempre. Y habrá que ver como esta situación invade al resto del gobierno. Se sabe que muchos evitan al evasor confeso como una mancha venenosa. No es para menor. Pero, como dice algunos habitantes del Quinto Piso del Palacio de Hacienda, “nadie quebró por mandar a pérdida pasivos irrecuperables”. Es la estrategia de Adorni. Si la Justicia le cree.

Habrá que ver cuál es la estrategia del Poder Ejecutivo con este pasivo irrecuperable.