La universidad pública necesita respuestas estructurales
La reciente reapertura de la paritaria universitaria constituye una noticia relevante para toda la comunidad académica. Después de dos años sin convocatorias, volver a discutir salarios y presupuesto representa un reconocimiento a una situación que las universidades nacionales venimos señalando desde hace tiempo: la necesidad de fortalecer un sistema que cumple un rol estratégico para el desarrollo del país.
La actualización salarial acordada para docentes y no docentes, junto con el incremento destinado a gastos de funcionamiento, becas y hospitales universitarios, constituye un avance que valoramos. Detrás de estas medidas hay un esfuerzo sostenido de toda la comunidad universitaria, que ha trabajado con compromiso para visibilizar una realidad que impacta directamente en la calidad y la sostenibilidad de nuestras instituciones.
Sin embargo, también es importante señalar que estos avances, aunque necesarios, no alcanzan para resolver los desafíos estructurales que enfrentan las universidades públicas argentinas. La pérdida acumulada del poder adquisitivo de los salarios, la incertidumbre presupuestaria y las dificultades para planificar a mediano y largo plazo continúan siendo parte de una realidad que requiere soluciones más profundas.
Las universidades no solo forman profesionales. Son espacios donde se produce conocimiento, se impulsa la investigación científica, se promueve la innovación tecnológica y se construyen oportunidades de movilidad social para miles de personas. Garantizar su funcionamiento adecuado no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión estratégica para el futuro del país.
Por eso, desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, sostenemos, junto al sistema universitario público en su conjunto, que la respuesta de fondo se encuentra en la implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. Contar con una herramienta que garantice recursos previsibles y suficientes permitiría fortalecer la educación superior, asegurar condiciones laborales acordes a la responsabilidad de quienes la sostienen y brindar certezas para planificar el crecimiento de nuestras instituciones.
La defensa de la universidad pública trasciende a quienes formamos parte de ella. Se trata de defender una política pública que genera conocimiento, desarrollo productivo, innovación y oportunidades para toda la sociedad. Cada avance es importante y debe ser reconocido. Pero también debemos mantener una mirada de largo plazo y seguir trabajando para alcanzar las transformaciones estructurales que el sistema necesita.
Porque una universidad pública fuerte no solo beneficia a sus estudiantes, docentes y trabajadores. Beneficia al país en su conjunto.
