El derecho humano a no ser usado
La dignidad humana comienza allí donde una persona deja de ser tratada como instrumento. Antes de toda declaración, tratado o sentencia, hay una certeza moral elemental. Ningún ser humano debe ser convertido en medio disponible para causas, Estados, ideologías, empresas, guerras, tecnologías o conveniencias políticas.
Muchas violaciones contemporáneas a los derechos humanos no consisten sólo en asesinar, perseguir, censurar o torturar, sino en algo más sutil y extendido, usar. Usar al pobre como clientela, al niño como objeto de adoctrinamiento, al paciente como dato, al embrión como material disponible, al anciano como costo, al rehén como moneda de negociación, al migrante como argumento electoral, a la víctima como bandera y al ciudadano como cifra. Por eso, uno de los principios menos formulados, pero más urgentes de toda cultura de los derechos humanos es el derecho a no ser usado.
No se trata de una fórmula sentimental, sino de una premisa central de la ética. Immanuel Kant sostuvo que el ser humano debe ser tratado siempre como fin y nunca como medio; Emmanuel Levinas mostró que el rostro del otro interrumpe toda voluntad de apropiación; Hanna Arendt advirtió que el totalitarismo comienza cuando la persona es reducida a pieza de una maquinaria ideológica o burocrática; Hans Jonas enseñó que, a mayor poder técnico, mayor debe ser la responsabilidad que lo limite; y Avishai Margalit recordó que en una sociedad decente sus instituciones no humillan. Todas esas perspectivas convergen en una advertencia, la dignidad no es un adorno retórico sino un límite operativo al poder.
El problema es que las sociedades contemporáneas aprendieron a instrumentar personas sin admitirlo. No bajo formas brutales, sino en nombre de causas nobles, emergencias públicas, avances científicos, derechos colectivos, seguridad o progreso. El abuso aparece como emancipación, inclusión, eficiencia, innovación o justicia. Allí radica su peligrosidad, el poder se vuelve más riesgoso cuando disfraza la utilización de la persona como beneficio para sí misma.
Una plena política de derechos humanos, entonces, no se limita a reconocer violaciones ya tipificadas por tratados, tribunales u organismos internacionales. También exige advertir cuándo una persona, una comunidad o una minoría comienza a ser convertida en instrumento, aun antes de que el daño haya encontrado una categoría jurídica definitiva o tipificación. Las declaraciones universales, los pactos internacionales, las convenciones y los estatutos son respuestas históricas a una misma tentación del poder, disponer de la persona como medio.
La tortura usa el cuerpo para obtener información o aterrorizar; el genocidio usa la identidad colectiva como enemigo ontológico; la trata usa a la persona como mercancía; la desaparición forzada usa el cuerpo para producir miedo social; el terrorismo usa civiles como mensaje político; la persecución religiosa usa la conciencia para domesticación estatal; y la censura usa el silencio como pedagogía del miedo. Núremberg, Tuskegee, Henrietta Lacks, los niños soldados, los presos políticos, las mujeres y los niños sometidos por teocracias, las víctimas de trata y los civiles usados como escudos humanos prueban que esta instrumentación es una gramática permanente del abuso.
La bioética nació precisamente como reacción frente a experiencias donde seres humanos fueron transformados en material experimental, objetos clínicos o cuerpos disponibles. Desde entonces, su enseñanza central es que ningún avance puede justificar la disolución moral de la persona. La pregunta decisiva no es sólo qué podemos hacer, sino qué no debemos, aunque podamos.
Hoy esa pregunta reaparece en la inteligencia artificial, cuando los datos personales son tratados como materia disponible sin rostro ni consentimiento real; en la biotecnología, cuando la vida humana inicial y final corren el riesgo de ser reducidas a material manipulable; en la medicina, cuando la eficiencia sanitaria puede confundirse con administración impersonal de cuerpos; en la economía, cuando el trabajador es reducido a variable de ajuste; en la política, cuando el ciudadano se transforma en recurso dominable; y en la cultura, cuando el dolor ajeno se convierte en espectáculo. El siglo XXI no abolió la cosificación del ser humano, la sofisticó.
El pobre es usado cuando se lo conserva dependiente para garantizar obediencia política; la víctima, cuando se la invoca sólo mientras sirve para construir legitimidad; las minorías, cuando se las exhibe como certificado moral pero descartadas cuando desafían el guion esperado; la ley, cuando se la proclama como principio general pero se la perfora con excepciones discrecionales; y la memoria, cuando deja de ser deber de justicia para convertirse en capital de facción.
Los derechos humanos tampoco deben ser utilizados como pretexto para intervenciones selectivas, dobles estándares o superioridades morales de ocasión. El límite opera en ambos sentidos, limita al Estado que oprime, pero también al actor internacional que instrumentaliza el sufrimiento ajeno. Una política comprometida con la dignidad humana sostiene ese principio cuando la víctima a defender no pertenece a nuestro círculo, cuando el victimario a denunciar pertenece a nuestros aliados, cuando la denuncia incomoda y cuando se pronuncia a pesar de que el silencio sería más conveniente.
En un mundo atravesado por guerras híbridas, terrorismo, antisemitismo, persecuciones religiosas, migraciones forzadas, biotecnologías invasivas, inteligencia artificial, trata de personas y democracias degradadas, no alcanzan normas ni protocolos. Hacen falta criterios morales capaces de distinguir cuándo una política, una tecnología o una decisión comienza a convertir a la persona en objeto.
El rehén representa quizá una de las formas más puras de esa degradación moral. Una persona convertida literalmente en medio de presión, mensaje político, botín de guerra o moneda de intercambio, ya no es atacada sólo por lo que hizo, sino usada por lo que otros quieren obtener a través de ella. Por eso, toda política de derechos humanos que no condena sin ambigüedades la toma de rehenes termina debilitando su propio fundamento.
El derecho humano a no ser usado permite superar una falsa oposición entre idealismo y realismo. La experiencia histórica muestra que una estrategia de política exterior sin fundamento moral termina destruyendo la credibilidad del país que pretende sostenerla. A la vez, una moral sin prudencia institucional puede transformarse en gestualidad impotente. Por eso, la defensa de los derechos humanos requiere convicción, consistencia y sentido estratégico.
Argentina, afirmando una política exterior fundada en la libertad, la dignidad humana y el rechazo a toda forma de terrorismo, aporta una voz propia recordando que la prudencia diplomática no debe confundirse con complicidad, y que los derechos humanos no son una estética de la indignación, sino una arquitectura del límite.
Esa prudencia diplomática, precisamente, no exige neutralidad moral ante toda forma de abuso. Demanda formas, tiempos y lenguajes adecuados, pero nunca la renuncia a distinguir entre quien vulnera la dignidad humana y quien la padece.
La persona no es un recurso, una estadística, un insumo, una bandera, una variable, un dato, una cuota ni un medio para demostrar la superioridad moral de nadie. Una política de derechos humanos digna de ese nombre comienza con la negativa a usar al ser humano, incluso para fines nobles. Porque cuando se admite que una persona puede ser usada por una buena causa, ya se concedió el principio que luego permitirá usarla por cualquier causa.
Ese límite no es una debilidad, es la condición moral de toda civilización, medida no por los derechos que proclama, sino por los límites que acepta imponerse cuando tiene poder para no hacerlo.
