En dos semanas, la SIDE ejecutó $ 3.500 millones adicionales en gastos reservados

Hasta el 23 de mayo, según publicó este mismo medio, la Secretaría de Inteligencia de Estado había ejecutado $ 3.796 millones en gastos reservados: es decir, en egresos de dinero por cuyo fin y uso no se rinden cuentas. Pero en los días que le siguieron en el presupuesto se devengó casi la misma cantidad: otros $ 3.500 millones en poco más de dos semanas, según pudo constatar PERFIL.

En total, la Secretaría que dirige Cristian Auguadra tiene recursos asignados por $ 97 mil millones: $ 19 mil millones de ellos destinados a gastos reservados. De esos últimos, ya se devengaron $ 7.261 millones.

Para tomar dimensión de la magnitud de esta cifra, la ejecución registrada en el presupuesto abierto en las últimas semanas es equivalente a lo que se devengó en los primeros cinco meses del año, y coincide con un hecho señalado también por este medio: la designación de Sebastián Pareja, hombre de confianza de Karina Milei, como presidente de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Es decir, la encargada del monitoreo de estos gastos secretos.

Las actividades de la Secretaría de Inteligencia, sin embargo, no se ampliaron en la misma dimensión que los montos ejecutados. Al menos así lo afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su último informe en el Congreso. Ante la legislatura aseguró que “la reforma introducida por el Decreto 941/25 no amplió las facultades del organismo, sino que, por el contrario, las delimitó, siendo éste el primer gobierno que redujo su ámbito de actuación”.

Según transmitió la SIDE a través de Adorni, este decreto, publicado por el Gobierno el 31 de diciembre de 2025, es “una reforma sustancial” que redujo sus competencias “estableciendo que el desarrollo de actividades de inteligencia criminal se encuentra a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC)” y derivando las tareas de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad.

“Antes del DNU 941/25, la Agencia de Seguridad Nacional producía inteligencia sobre criminalidad organizada transnacional, narcotráfico y proliferación armamentística en paralelo con la DNIC y con el recién creado Departamento Federal de Investigaciones de la PFA”, continúa el documento. Esa duplicación de funciones, agrega, era un obstáculo para el funcionamiento de los organismos. “El Decreto de Necesidad y Urgencia 941 resuelve eso, deja la producción de inteligencia criminal en cabeza exclusiva de la DNIC. Hay un responsable claro. Eso es un resultado verificable”, concluyeron.

Pero esta misma semana la propia Secretaría de Inteligencia celebró en un comunicado su participación en la resolución de un caso vinculado precisamente con la criminalidad organizada transnacional: “La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) participó de la operación que culminó con la detención de Andrés ‘Plin’ Acosta, uno de los líderes de la organización narcocriminal ‘Los Menores’ y miembro de la barra brava de Rosario Central”.

La captura, definen en el documento fechado el 8 de junio, fue “en el marco de una investigación en la que la SIDE aportó inteligencia operativa que permitió ubicar al sospechoso”. El comunicado explicita que el crimen organizado es una de las amenazas prioritarias de monitoreo para el sistema nacional de inteligencia, y que la articulación entre la SIDE y las fuerzas de seguridad locales “es la única forma eficaz de anticipar, detectar y neutralizar estas amenazas para proteger los intereses y la seguridad de los argentinos”.

Antes y después de ese posteo no aparecen más que generalidades sobre el funcionamiento de la oficina, la Escuela Nacional de Inteligencia, y un comunicado del 11 de mayo en el que se destaca el accionar de la Secretaría en la detección de embarcaciones con dirección al país y provenientes de zonas de África con brotes de ébola. Nada que parezca indicar –al menos en esos comunicados oficiales– la necesidad de un desembolso de $ 3.500 millones en gastos reservados.

Como novedad, el Gobierno buscará materializar en una ley las modificaciones aplicadas al funcionamiento de la SIDE mediante decreto. Así lo informaron ante el Congreso las autoridades: “será remitido en cuanto se encuentre listo”, adelantaron. La intención del Ejecutivo es tratar ese proyecto en el transcurso de este año parlamentario.

La necesidad urgente de una reforma, explicaron, está relacionada con la nueva postura del país en el mundo: “El protagonismo asumido por la República Argentina en el escenario global como defensor de los valores republicanos de las democracias occidentales genera la urgente necesidad de contar con los medios adecuados para enfrentar las amenazas que provengan de organizaciones terroristas internacionales”.

Al mes de mayo de 2026, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) muestra una caída real del gasto total del 31% en comparación con igual período de 2023”. En este contexto, detallan en un informe, “la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, registra un incremento real del 34% en su ejecución”.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei el presupuesto total de la Secretaría de Inteligencia creció un 546%: (pasó de los $ 15 mil millones a los $ 97 mil millones actuales). El monto asignado a gastos reservados, en tanto, se amplió mucho más: escaló de los $ 640 millones a los $ 19 mil millones para este año, un 2.823%.

El uso de estos fondos ha estado bajo la lupa no solamente durante esta administración –que los incrementó considerablemente– sino de todas. En diálogo con PERFIL, el politólogo e investigador Andrés Malamud aseguró que existen tres fuentes de sobresueldos en el Estado: “la SIDE, los entes cooperadores y algunos organismos internacionales”. Y agregó: “No todos los funcionarios los cobran: me consta que al menos una ministra no lo hace”.

El analista concluyó que “los sobresueldos no son un problema de moralidad personal, sino de capacidad estatal: si el Estado no logra pagarles en blanco a sus funcionarios, ¿cómo puede obligar al sector privado a cumplir la ley?”.