El gobierno “iliberal” de Milei y sus (in)cómodos aliados

La idea de “democracia iliberal” fue acuñada por el expresidente de Hungría Viktor Orban, que gobernó durante 16 años hasta que perdió la elección el 12 de abril último. En esencia, esa noción expresa la voluntad de gobernar sin contrapesos institucionales, tales como una Justicia independiente y un Congreso protagonista de la dinámica política. Se origina en el pretexto de que el líder conecta con las necesidades del pueblo que gobierna sin intermediaciones. Para esta visión política, además, la existencia de una prensa crítica del poder es un obstáculo inaceptable.

Orban asistió a la asunción del presidente Milei, quien, a su vez, fue orador de cierre en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Budapest, dos semanas antes de la derrota electoral. Ambos integran el llamado Consejo de Paz creado por el presidente Donald Trump como su plataforma política personal a escala global. En ese encuentro, Milei y Orban confraternizaron alegremente.

Animaliza a los opositores, como lo hicieron todos los regímenes autoritarios en la violenta historia contemporánea

En nuestro país, el oficialismo integra la familia política que desconfía del Estado de Derecho, como se comprueba cuando desprecia la esencia del liberalismo político, que es el pluralismo y la fijación estricta de límites al ejercicio del poder. O por su forma de concebir el poder como un juego de suma cero, un sitio a conquistar donde solo cabe la derrota completa y absoluta del adversario transformado en enemigo; o cuando animaliza a los opositores, como lo hicieron todos los regímenes autoritarios en la violenta historia contemporánea.

Esos rasgos de curiosa identidad también se evidencian en algunas de las últimas iniciativas legislativas del Gobierno. Por caso, cuando se propicia un registro obligatorio de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, con obligación de informar sobre reuniones con funcionarios. El proyecto oficial tiene puntos de contacto con la norma sancionada en Nicaragua por la que, según Vatican News, 5600 instituciones de la sociedad civil perdieron su personería jurídica desde 2018.

En el mismo sentido de cercenamiento de los derechos individuales debe considerarse el decreto 941 de 2025, que autoriza, en el artículo 19, al personal de la SIDE a detener personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia”. Esta norma –claramente inconstitucional porque la materia penal está reservada exclusivamente al Congreso– es propia de regímenes autoritarios. En Cuba, por caso, con el argumento de la “lesividad social” que permite arrestar a quienes son “proclives a delinquir o quebrantar el orden social”, hay más de 700 personas encarceladas por motivos políticos, según la organización humanitaria Human Rights Watch.

Estos ejemplos permiten ilustrar la pertinencia de saber diferenciar el régimen político del modo de producción. El capitalismo puede florecer en regímenes de partido único, como en China, pero en América Latina, con sistemas políticos de base democrática, los mejores resultados se verifican, y no casualmente, en países con mayor calidad y densidad institucional relativa, como Chile, Uruguay y Costa Rica.

Por eso es relevante asegurar –además de elecciones libres, sin proscripciones y verificables– la independencia y el equilibrio entre los poderes con auténtica rendición de cuentas y, por cierto, plena vigencia de derechos individuales, en especial para las minorías. Desde esta perspectiva, el presente sistema político argentino expone sus falencias con la más nociva de las combinaciones: híperpresidencialismo, fragmentación de la representación y partidos políticos faltos de sustancia e invertebrados.

Peor, desde la cima del poder se exhibe una diarquía que solo tiene dos ejemplos contemporáneos que, sin duda, son poco esperanzadores: los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, que gobiernan en la autocracia electoral fraudulenta de la República Bolivariana de Venezuela, y los hermanos Kim Jong-un y Kim Yo-jong, en la dictadura dinástica de Corea del Norte.

Las debilidades de la infraestructura institucional tienen consecuencias. Como lo ha caracterizado Steven Levitzky, director del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, en la actualidad las democracias no caen por golpes de Estado, sino que se desvanecen por la erosión interna, originada desde el interior de los gobiernos.

Desde esa perspectiva analítica, la trayectoria reciente de nuestro país no es auspiciosa. En efecto, según V-Dem, centro académico con sede en Suecia con la base de datos relativa a asuntos democráticos más grande del mundo, que analiza la evolución de 50 variables y 600 atributos en más de 200 países y territorios, en los dos últimos años la Argentina retrocedió 22 posiciones. Nos encontramos así entre los 10 países de mayor retroceso democrático relativo del mundo.

En el plano de la integridad, transparencia y rendición de cuentas del ordenamiento institucional, de acuerdo con Transparency International, en los últimos 6 años caímos 22 posiciones y nos ubicamos en el lugar 104 sobre 182 países analizados. En el plano de la libertad de expresión, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, desde 2022 nuestro país cayó 69 posiciones y se ubica en el puesto 98 sobre 180 países estudiados.

Es por eso que adquiere importancia traer a la discusión a uno de los máximos exponentes del liberalismo político y fundador de la Unión Cívica Radical. El 13 de septiembre de 1890 afirmó Leandro Alem: “No hay, no puede haber buenas finanzas donde no hay buena política”.

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