El Gobierno implementará el sistema acusatorio en La Plata el 21 de septiembre y en Córdoba, en marzo de 2027
El Gobierno nacional confirmó que el Código Procesal Penal Federal comenzará a regir en la jurisdicción federal de La Plata a partir del próximo 21 de septiembre y ratificó que su implementación en Córdoba fue reprogramada para el 8 de marzo de 2027, en el marco del cronograma de expansión del sistema acusatorio en todo el país.
La decisión fue oficializada por el Ministerio de Justicia mediante una resolución firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques. De esta manera, el Distrito Federal de La Plata se convertirá en una de las próximas jurisdicciones en incorporar plenamente el nuevo modelo procesal, mientras que Córdoba contará con un plazo adicional para completar las condiciones necesarias para su puesta en marcha.
Según informó la cartera de Justicia, la entrada en vigencia del sistema acusatorio en La Plata comenzará a las 00:00 horas del 21 de septiembre. En paralelo, la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba adoptará el nuevo régimen a partir de las 00:00 horas del 8 de marzo de 2027.
La implementación forma parte del cronograma definido por el Gobierno para avanzar con la aplicación del Código Procesal Penal Federal, conforme a lo establecido por la Ley N° 27.150 y sus modificatorias. El objetivo es completar de manera progresiva la transición hacia un sistema que asigna la investigación de los delitos a los fiscales y reserva a los jueces el control de legalidad y la resolución de los conflictos sometidos a proceso.
Desde el Ministerio de Justicia destacaron que los resultados obtenidos en las jurisdicciones donde el sistema acusatorio ya se encuentra vigente respaldan la continuidad de la reforma. Según datos oficiales, la tasa de resolución de casos alcanza actualmente el 82%, frente al 43% que registraba el antiguo esquema mixto-inquisitivo.
La cartera sostuvo que el nuevo régimen permite acelerar los tiempos de respuesta judicial, incrementar la cantidad de causas resueltas y mejorar la calidad de las investigaciones, especialmente en expedientes vinculados al narcotráfico, la criminalidad económica, el contrabando y otros delitos complejos. También destacó que el modelo acusatorio se basa en principios de oralidad, celeridad, inmediación, contradicción, publicidad de las audiencias y una participación más activa de las víctimas dentro del proceso penal.
La implementación del Código Procesal Penal Federal constituye una política de Estado desarrollada mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, organismos que participan de manera conjunta en la adecuación de los recursos necesarios para la puesta en marcha del nuevo sistema.
La decisión de postergar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en Córdoba había sido dispuesta mediante la resolución 274/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de una serie de evaluaciones técnicas que concluyeron en la necesidad de profundizar el proceso de adecuación institucional antes de la implementación definitiva.
La medida responde a la necesidad de consolidar las condiciones materiales, operativas y tecnológicas que permitan asegurar una transición ordenada y sostenible en una de las jurisdicciones federales de mayor complejidad institucional del país.
La postergación fue comunicada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y al Ministerio de Seguridad Nacional, conforme lo establece la resolución.
El cronograma de implementación definido por el Ministerio de Justicia prevé una puesta en marcha gradual del Código en los distintos distritos federales del país, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 27.150 y sus modificatorias.
Desde la reanudación del proceso de reforma procesal penal federal, el Ministerio de Justicia impulsó la vigencia del sistema acusatorio en varias jurisdicciones, priorizando la consolidación paulatina y la articulación interinstitucional.
Hasta el momento, el nuevo modelo se instaló en nueve distritos federales, incluyendo provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego, además de las jurisdicciones federales de Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.
Aún resta implementar el sistema acusatorio en varias jurisdicciones federales, entre ellas Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y Misiones, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros sectores de la provincia de Buenos Aires.
En el caso de Córdoba, la extensión territorial, la densidad poblacional, la dispersión geográfica de las sedes judiciales y el volumen de litigiosidad penal federal fueron señalados como factores determinantes para requerir un análisis específico de las condiciones necesarias para la transición.
La magnitud y complejidad estructural de la Justicia Federal en Córdoba obliga a contemplar una evaluación detallada de los recursos humanos, la infraestructura disponible, la tecnología y la operatividad de los organismos involucrados.
El distrito concentra investigaciones vinculadas a delitos complejos, como narcotráfico, criminalidad económica y contrabando, lo que demanda un despliegue técnico y profesional adicional para garantizar la eficacia del sistema acusatorio.
En el proceso de adecuación se realizaron aportes específicos al Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación con el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento y garantizar estándares homogéneos en la operatividad del sistema.
Entre las acciones desarrolladas, la cartera de Justicia proporcionó herramientas tecnológicas orientadas a fortalecer el análisis forense digital mediante la entrega de sistemas UFED y equipamiento especializado que optimizan el tratamiento de evidencia digital y la preservación de la cadena de custodia.
Además, se inició el relevamiento de las estructuras edilicias del Poder Judicial para avanzar en la adecuación y equipamiento de las salas de audiencias requeridas por el modelo acusatorio, incluyendo sistemas audiovisuales, conectividad y registración digital.
Paralelamente, se impulsaron instancias de formación y capacitación para magistrados, funcionarios y equipos técnicos a través de talleres, actividades académicas e intercambios institucionales con distritos donde el sistema ya está vigente.
La decisión de diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en Córdoba surgió tras evaluaciones técnicas y diagnósticos institucionales que coincidieron en la necesidad de profundizar la adecuación edilicia, fortalecer la disponibilidad de espacios y asegurar la operatividad de las salas de audiencias bajo el nuevo modelo.
El proceso fue acompañado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que solicitó formalmente el aplazamiento mediante la Acordada N° 34/2026, y por la Procuración General de la Nación, que presentó un informe de diagnóstico destacando diversas necesidades operativas, tecnológicas y de infraestructura.
El relevamiento realizado por las instituciones intervinientes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, ratificó la importancia de garantizar condiciones materiales y operativas óptimas para la implementación.
Las autoridades estiman que la entrada en vigencia del Código solo será efectiva cuando las salas de audiencias se encuentren plenamente operativas y se hayan completado las acciones de capacitación, incluyendo simulacros y talleres de estandarización dirigidos a todos los operadores judiciales.
Con la incorporación de La Plata prevista para septiembre y la puesta en marcha de Córdoba programada para marzo de 2027, el Gobierno busca continuar avanzando en la expansión de un modelo procesal que apunta a modernizar la investigación penal federal, agilizar la resolución de los casos y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema judicial frente a los fenómenos criminales más complejos.
