Qué es la Inocencia Fiscal, la ley que el Gobierno impulsó para que salgan los dólares del colchón
La ley de Inocencia Fiscal fue presentada por primera vez hace justo un año, y después de su discusión en el Congreso, fue promulgada y comenzó a tener vigencia desde febrero pasado. Hoy esa ley vuelve a estar en el foco de atención por el caso Adorni y porque, en paralelo, el oficialismo buscaba modificar esa norma para hacerla más generosa.
Aquel primer anuncio sobre esta iniciativa tuvo lugar en la Casa Rosada y fue realizado por José Luis Espert, en ese momento principal candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, y el entonces titular de ARCA Juan Pazo. Ninguno de los dos sigue siendo parte del Gobierno.
La denominada Ley de Inocencia Fiscal es la iniciativa que impulsó el Gobierno para permitir la utilización de ahorros no declarados sin que ello derive en cuestionamientos por parte de ARCA (ex AFIP).
La intención oficial fue otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y evitar que futuras administraciones puedan exigir explicaciones sobre el origen de esos fondos una vez incorporados al circuito formal.
Desde el punto de vista técnico, la norma modificó la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario y actualiza los montos a partir de los cuales determinadas conductas son consideradas evasión fiscal. También elevó los umbrales que obligan a bancos, escribanos y otros sujetos a reportar operaciones al organismo recaudador.
Entre los principales cambios, el monto para configurar evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que el de evasión agravada se incrementa de $15 millones a $1.000 millones.
Asimismo, se elevan a $100 millones los valores vinculados a delitos por emisión o utilización de facturación apócrifa y a $200 millones los montos relacionados con incumplimientos de contribuyentes alcanzados por beneficios fiscales.
La ley incorpora además un mecanismo de extinción de la acción penal. En los casos en que el contribuyente regularice la deuda y abone los intereses correspondientes, ARCA se abstendrá de presentar una denuncia. Si la denuncia ya hubiera sido realizada, la acción penal podrá extinguirse mediante el pago de la obligación adeudada, los intereses y un adicional equivalente al 50%.
Otro de los cambios relevantes es la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que pasa de cinco a tres años.
La normativa también crea un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias (al que se incorporaron Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti) destinado a contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y patrimonios menores a $10.000 millones, siempre que no estén categorizados como grandes contribuyentes.
Bajo este esquema, ARCA deja de focalizarse en el nivel de consumo o en la evolución patrimonial de las personas para determinar el tributo. En cambio, tomará como referencia los ingresos declarados y los gastos deducibles. Quienes acepten la determinación realizada por el organismo y cumplan con el pago correspondiente quedarán liberados de futuras revisiones por ese impuesto.
En ese marco, los fondos mantenidos fuera del sistema podrán destinarse a la compra de bienes registrables, como inmuebles o vehículos, sin quedar sujetos a controles derivados de esos consumos. A su vez, bancos, escribanías, concesionarias y emisoras de tarjetas dejarán de estar obligados a reportar muchas de estas operaciones por efecto de los nuevos umbrales establecidos.
El oficialismo empuja una nueva discusión de esta norma en el Congreso para "corregir" algunas cuestiones de la ley de Inocencia Fiscal que el Ministerio de Economía aceptó incorporar tras cuestionamientos de expertos y tributaristas que consideraban que la ley dejaba algunas dudas abiertas a los contribuyentes.
En primer lugar, no habría tope de montos para la adhesión. El régimen se abriría a casi todos y desaparecen los montos que funcionaban como tope de ingresos y patrimonio ($1.000 millones y $10.000 millones) para acceder al régimen.
Ya no importa el tamaño del contribuyente, sino su residencia fiscal. Esta última debe mantenerse durante todo el período fiscal declarado bajo modalidad simplificada.
A diferencia del esquema vigente, el proyecto define una ventana hasta el 31 de diciembre de 2027 para exteriorizar fondos. Hasta esa fecha, se podrá ingresar dinero no declarado sin costo por el pasado y sin que esa aparición se vuelva prueba en contra.
Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín
