Pobreza infantil: avances, fragilidades y una agenda pendiente
Los últimos datos oficiales, correspondientes al segundo semestre de 2025, muestran que la pobreza infantil se sitúa en el 42,3%, en sostenida disminución desde el pico observado en 2024 y que hoy la ubica en niveles cercanos a los de 2017-2018. Sin embargo, esta mejora, que es una buena noticia y que debe consolidarse y acelerarse, no debe confundirnos.
La pobreza sigue afectando a más de 5 millones de niñas, niños y adolescentes en el país. Detrás del promedio nacional persisten brechas profundas y persistentes que requieren atención prioritaria.
Los hogares con bajo nivel educativo, aquellos donde la persona de referencia se encuentra en situación de informalidad o desempleo, y los hogares monoparentales liderados por mujeres -que además asumen mayores cargas de cuidado- continúan registrando niveles de pobreza significativamente superiores al promedio. Estas desigualdades no son nuevas, pero sí evidencian la necesidad de políticas más focalizadas y sostenidas en el tiempo.
A ello se suma un elemento que invita a la prudencia: las proyecciones para la mitad de 2026 muestran un riesgo objetivo de que esta recuperación se desacelere o incluso pueda revertirse. Este escenario pone de manifiesto la fragilidad actual del avance y refuerza la importancia de sostener y profundizar políticas dirigidas a la infancia, particularmente en un contexto de consolidación fiscal y reconfiguración económica.
En este sentido, resulta fundamental no perder de vista otra medición clave del bienestar infantil: las privaciones no monetarias. Las dimensiones que la EPH permite medir sugieren un estancamiento desde 2020. Estas privaciones, que no responden de la misma manera a los ciclos económicos, se refieren a aspectos estructurales como la calidad de la vivienda, el acceso a servicios básicos -como agua segura y saneamiento- y las condiciones de acceso y trayectorias en el sistema educativo.
Estas privaciones no se resuelven únicamente con la mejora del ingreso de los hogares. Requieren de políticas sectoriales sostenidas, inversiones estratégicas y una coordinación efectiva entre el Estado nacional, las provincias y los municipios. Abordarlas implica pensar en el mediano y largo plazo, y reconocer que el desarrollo integral de la niñez y la reducción estructural de la pobreza dependen de múltiples dimensiones que trascienden lo estrictamente referido al ingreso monetario.
Por ello, en un contexto desafiante, es imprescindible asegurar la prioridad de la niñez en la agenda pública. Esto implica proteger y fortalecer las políticas de ingresos que han mostrado ser efectivas para reducir la pobreza extrema, y también avanzar en mejoras estructurales en vivienda, salud, servicios y educación. Implica, en definitiva, consolidar una estrategia integral, que convoque al Estado nacional, a las provincias y a los municipios, y que permita transformar las mejoras coyunturales en avances sostenibles.
Priorizar a la niñez hoy es apostar por un futuro más justo, equitativo y sostenible para la Argentina.
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