CABA abrió la inscripción para futuros agentes del Servicio Penitenciario y avanza en la creación de la fuerza
El gobierno de Jorge Macri inició el proceso para formar a los integrantes de la fuerza penitenciaria. La convocatoria está a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Para el Servicio Penitenciario porteño podrán postularse todos aquellos aspirantes hombres y mujeres de entre 18 y 29 años.
El Gobierno porteño abrió este martes la primera convocatoria para formar parte del nuevo Servicio Penitenciario de la Ciudad. La fuerza fue creada a fines del año pasado en el marco del traspaso de competencias de Nación a CABA y tiene por objetivo de garantizar la custodia de los detenidos. Buscan reforzar el sistema de seguridad porteño.
En noviembre de 2025, la Legislatura porteña sancionó con votos del oficialismo y de la oposición la ley 6.923 que estableció la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad. En paralelo, también aprobó la ley 6.924 sobre Ejecución de Pena. A partir de ambas normativas, CABA dio un paso hacia la constitución de su primera fuerza propia especializada.
Los agentes serán formados por el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad.
Este martes, CABA avanzó en el proceso de implementación de sistema penitenciario local, un hecho que es calificado como un hito en materia de seguridad pública y autonomía, dos ejes prioritarios de la actual gestión a cargo del Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
En este primer llamado a inscripción podrán postularse todos aquellos aspirantes hombres y mujeres de entre 18 y 29 años que sean ciudadanos argentinos, nativos o por opción. Se requiere tener secundario completo y aprobar todas las etapas de selección e ingreso.
“La Ciudad va a contar por primera vez con una fuerza de seguridad penitenciaria moderna, profesional y preparada. El orden público y la tranquilidad de los porteños son nuestra prioridad. Vamos a seguir construyendo una ciudad más justa y más segura”, explicó Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad.
La convocatoria está a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), el organismo responsable de la formación de los demás agentes del sistema de seguridad de la Ciudad como Policía y Bomberos.
La ley 6923 de servicio penitenciario y la normativa 6.924 sobre ejecución de pena fueron promulgadas en enero pasado por Macri. La primera define al Servicio Penitenciario y de Reintegración Social como un organismo civil, desconcentrado, especializado, jerarquizado, auxiliar del Poder Judicial, dependiente de la Jefatura de Gobierno a través del Ministerio de Justicia, cuya función es tener a cargo la custodia, guarda, el trato y el tratamiento de personas privadas de la libertad, así como el tratamiento de las personas sometidas a ejecución de penas no privativas.
Uno de los aportes más resonantes del proyecto tiene que ver con el Plan de Vida, es decir, los compromisos y objetivos acordados con las personas detenidas para lograr su reincorporación a la sociedad. La iniciativa contempla el acceso a la educación, la salud, la capacitación laboral, y la vinculación social en el marco de las metas fijadas. Durante el proceso estarán acompañados por personal interdisciplinario.
En ese marco, además de garantizar el cumplimiento de la pena, el servicio penitenciario tiene como objetivo promover "procesos formativos que contribuyen a la materialización de los objetivos acordados en el plan de vida de las personas condenadas", permitiendo el acceso a la educación, la salud, la capacitación laboral, como así también facilitando la vinculación social, con el objetivo de reducir la reincidencia y la reiterancia delictiva.
La gestión del servicio, como también los establecimientos penitenciarios que la conforman, estarán dirigidos por personal civil. De acuerdo a la ley, sus funciones deberán basarse "en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud, el deporte, la cultura y el desarrollo de recursos para materializar la finalidad de la ejecución de la pena".
La ley considera a la actividad del Servicio Penitenciario y de Reintegración como "un servicio esencial del Estado", por lo cual debe garantizarse la continuidad de sus funciones, lo que incluye "el orden, la seguridad institucional y la protección integral de las personas alojadas", como también del personal del Servicio y de la sociedad misma.
En cuanto a la Ley de Ejecución de la Pena, su aplicación permitirá a la Ciudad asumir por primera vez esa competencia plena. "Su finalidad principal es que el condenado comprenda la gravedad de sus actos, respete la ley y logre la reintegración social", afirmaron. La normativa introduce innovaciones que le reconocen a la víctima el derecho a la reparación por parte de quien haya cometido el delito.
"La Ejecución de la Pena, en todos sus regímenes y modalidades, tiene por finalidad lograr que, a partir de la sanción penal, toda persona condenada adquiera la capacidad de comprender y respetar la Ley, así como también la gravedad de sus actos, procurando su adecuada reintegración social, la reparación a la víctima y la protección de la sociedad frente al delito", reza la ley.
Su alcance aplica a las personas condenadas -se encuentren privadas de la libertad o no-, así como también a las personas con prisión preventiva (siempre que no se vulnere el principio de inocencia), que se encuentren bajo la jurisdicción de la justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También abarca a quienes se desempeñen en el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social y a las personas alojadas dentro del Servicio.
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