El Gobierno derogó 16 resoluciones del Ministerio de Economía
El Gobierno derogó este martes 16 resoluciones y sus respectivas modificatorias dictadas entre 2007 y 2023 por el Ministerio de Economía. Según argumentó el Poder Ejecutivo, se trata de normas que “perdieron su objeto y aplicabilidad” y cuya vigencia no resulta necesaria.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 12/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne. Si bien el Gobierno habla de 58 norman, ese número corresponde a las 16 resoluciones más sus modificatorias.
La cartera de Economía, a cargo de Luis Caputo, indicó que el objetivo es “simplificar las relaciones comerciales” y “facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica”.
En resumen, las eliminaciones son 22 normativas del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, 30 de Ahora 12 y Cuota Simple, cuatro normativas sobre colegios, una de Precios Cuidados y otra respecto a adolescentes consumidores.
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Entre las disposiciones eliminadas figura la Resolución 355/2022 y sus 19 modificatorias, que habían creado la estructura operativa del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino. El fideicomiso fue impulsado durante la gestión del exsecretario de Comercio Roberto Feletti con el objetivo de subsidiar molinos y amortiguar el impacto que tuvo sobre los precios internos la suba internacional del trigo tras la invasión rusa a Ucrania.
En ese marco, también fueron derogadas las resoluciones 439/2022, 498/2022, 10/2022, 29/2022, 119/2022 y 130/2022, junto con otras disposiciones dictadas durante 2023 vinculadas al funcionamiento del esquema.
Asimismo, la administración de Javier Milei eliminó distintas normas relacionadas con mecanismos de control de precios y regulación comercial, entre ellas las resoluciones 426/2022, 296/2022, 22/2006, 178/2007, 177/2008 y 82/2014, además de la Disposición 167/2018.
Otro de los cambios relevantes alcanza al programa Ahora 12, luego rebautizado Cuota Simple. La norma establecía las reglas del programa de financiamiento en cuotas para consumo, como qué comercios podían adherirse, qué bancos y emisores de tarjetas podían participar, qué bienes y servicios estaban incluidos y cuántas cuotas podían ofrecerse.
En este marco, el Gobierno derogó la Resolución 282/2021 y sus 21 modificatorias, que establecían las condiciones de funcionamiento del programa de financiamiento en cuotas para el consumo.
Con esta decisión quedaron sin efecto tanto la resolución original como todas las ampliaciones y actualizaciones dictadas entre 2021 y 2024.
Otra de las resoluciones eliminadas es la 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, que prorrogaba los plazos que tienen los colegios privados para informar a las familias las condiciones económicas del ciclo lectivo siguiente. Fue derogada porque se trataba de una norma transitoria, válida únicamente para el ciclo lectivo 2026.
Todas estas derogaciones se enmarcan en el objetivo del Gobierno, que es simplificar regulaciones. Incluso también se presentó al Congreso la Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone la eliminación de más de 70 normas. El Poder Ejecutivo justificó que buscará suprimir ciertas reglamentaciones porque las considera “obsoletas o superadas”.
En el proyecto, el Gobierno segmentó las leyes a dar de baja y las dividió entre “obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo; las que afectan a libertades individuales; las englobadas por legislaciones posteriores más completas y modernas; las que cuya derogación implica un avance en la desburocratización; las que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; y aquellas sobre organismos para integrantes del sector público, financiados con fondos públicos nacionales”.
Además, en septiembre del año pasado la administración libertaria derogó 71 normas comerciales, incluidas la Ley de Góndolas y Precios Máximos, y otras disposiciones vinculadas al comercio y la defensa del consumidor.
Entre las disposiciones derogadas sobresalen las que fijaron precios máximos durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
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