Milei juega al ajedrez tecnológico y la oposición todavía busca la pelota
Pasaron cinco días desde que Javier Milei le anunció al mundo, en el Financial Times, que la Argentina será el territorio más desregulado del planeta para la inteligencia artificial. ¿La respuesta opositora? Elisa Carrió habló de “totalitarismo corporativo” y de un “experimento catastrófico”. El resto se dedicó a rastrear los pasos de Peter Thiel por la Casa Rosada y a preguntarse quién había escrito realmente el proyecto.
Nadie discutió la herramienta. Nadie propuso un modelo alternativo. Nadie mencionó al votante. La oposición hace agua. Y ahí queda expuesto que la política tradicional no tiene la menor idea del alcance.
El dato no es que el Presidente publicara una columna. Es que volvió a dejar a todos fuera de juego. Mientras la oposición disputa lo de siempre, la denuncia moral, la sospecha sobre el inversor extranjero, las trincheras que a la sociedad cada vez le interesan menos, el oficialismo se quedó solo en el único terreno que va a ordenar la próxima década.
Lo hizo desde la improvisación y hasta desde el riesgo. El proyecto de las “corporaciones no humanas”, empresas operadas por algoritmos, sin una sola persona que responda, es jurídicamente frágil. Alan Daitch, especialista en derecho tecnológico, advirtió en Infobae que el proyecto no se sostiene, porque nuestra legislación exige siempre un responsable humano detrás de cualquier daño. En el fondo, siempre hay una persona física o jurídica que responde, aunque la administración sea automatizada. Y este mismo lunes se sumó una voz mayor: Yuval Noah Harari, el historiador y filósofo israelí autor de Sapiens y Nexus, le respondió a Milei en las mismas páginas del Financial Times. Elogió su audacia, pero advirtió que dotar de personalidad jurídica a la IA es entregar “una llave maestra” que abriría los sistemas financiero, económico y político a agentes sin responsabilidad ni castigo posible: “La sanción definitiva que disuade a los ejecutivos humanos, la cárcel, es irrelevante para la IA”. El proyecto es apresurado, es discutible, es perfectible. Y aun así marcó el rumbo del debate global, mientras la oposición local todavía no entendía de qué se hablaba.
Esa es la verdadera noticia. No la ley, sino el abismo de comprensión que la rodea.
Detengámonos en lo que esa ignorancia deja abierto, porque es el flanco más sensible de todos. Mientras consagramos la no regulación como principio rector del Estado, no existe una sola norma que proteja al ciudadano del contenido sintético que va a recibir en su teléfono durante la campaña de 2027. Discutimos empresas sin humanos y olvidamos al humano que vota.
No es una hipótesis: ya ocurrió. Durante las legislativas de 2025, el episodio Macri–Lospennato encendió la primera alarma seria. La Fiscalía Nacional Electoral registró decenas de denuncias por videos falsos generados con IA, dentro de un universo de más de 360 presentaciones por desinformación y violaciones a la veda. Fue apenas el primer asomo de algo mucho mayor. Reaccionamos tarde, de manera desordenada y sin marco legal.
Europa avanza en la dirección contraria a la de Milei, pero sin asfixiar la innovación. El AI Act, el Reglamento (UE) 2024/1689, establece en su Artículo 50 que todo contenido sintético debe identificarse como artificialmente generado, y que quien difunde un deepfake está obligado a señalarlo con claridad. Esas exigencias se vuelven jurídicamente vinculantes el 2 de agosto de 2026, dentro de menos de dos meses: el marcado deja de ser un gesto voluntario para convertirse en infraestructura obligatoria. La Digital Services Act, en paralelo, responsabiliza a las plataformas por la circulación de material manipulado. El continente decidió que la trazabilidad de lo verdadero es un cimiento democrático, no un accesorio.
Estados Unidos, la referencia desregulatoria que mira el Presidente, tampoco abandonó el problema al mercado. Treinta estados ya legislaron sobre falsificaciones electorales de cara a las elecciones de medio término de este año. La mayoría optó por el etiquetado obligatorio; tres, California, Minnesota y Texas, eligieron la prohibición directa.
El caso que cambió la percepción de todos llegó en enero de 2024. En New Hampshire, llamadas automáticas con la voz clonada de Joe Biden pedían a los votantes demócratas que no concurrieran a las primarias. Al responsable lo imputaron con veintiséis cargos, entre ellos supresión del voto. Esa es la distancia entre tener un marco legal y carecer de él: la posibilidad concreta de perseguir el delito.
La experiencia norteamericana ofrece, además, el matiz que en la Argentina nadie está aportando. Varias de esas normas chocaron con la Primera Enmienda: un juez federal suspendió la ley más severa de California en 2024 por considerar que ahogaba la libre circulación de ideas, y al año siguiente invalidó otros tramos por colisionar con la Sección 230. La lección no es abstenerse de legislar, sino hacerlo con precisión quirúrgica. La transparencia, obligar a identificar el origen, resiste el examen constitucional; la prohibición lisa y llana, no siempre. El camino no consiste en vedar la herramienta, sino en exigir que declare su naturaleza.
Algo muy elocuente es el costo irrisorio. Fabricar hoy una narrativa apócrifa sale más barato que imprimir afiches, y la velocidad de la tecnología supera con holgura la capacidad de reacción de cualquier institución. Cosas obvias. Para cuando la Justicia electoral confirma que un audio es falso, ya recorrió millones de teléfonos, ya moldeó opiniones, ya consumó el daño. La verdad siempre llega cuando la mentira terminó de almorzar.
Digámoslo con todas las letras, porque allí está la trampa: defender la innovación y proteger el voto no son objetivos incompatibles. Europa atrae inversión y exige etiquetado. Treinta estados norteamericanos compiten en desarrollo tecnológico y persiguen a quien clona una voz para impedir un sufragio. La disyuntiva entre “libertad total” y “regulación asfixiante” es un espejismo. Mientras Milei la instala y la oposición la compra, enredada en si hay que prohibir o dejar hacer, ambos extravían el verdadero asunto. Lo que el país necesita antes de 2027 no es la mano del Estado sobre la inteligencia artificial, sino tres garantías mínimas: identificación obligatoria de todo contenido sintético en campaña, capacidad de remoción inmediata y alfabetización digital del electorado.
Pero para legislar algo, primero hay que comprenderlo. Milei desplaza a sus adversarios no porque tenga razón, sino porque trae una agenda del siglo XXI mientras los demás discuten con el manual del XX. Se puede estar en contra de las corporaciones no humanas y, a la vez, reconocer que fue él quien puso el tema sobre la mesa.
La oposición no discute porque no sabe. Y no sabe porque está ensimismada en una crisis interna, espiritual y paradójica, que la consume hacia adentro mientras los grandes temas pasan de largo por la ventana. Es una ceguera de doble fondo: ignorancia y egocentrismo. No mide la dimensión de lo que está en juego y, al mismo tiempo, está demasiado ocupada en su propio espejo como para levantar la vista. Por eso se aferra a lo accesorio, al escándalo de coyuntura, que es lo único que su mirada todavía alcanza a registrar.
Y así, como ya le pasó, volverá a perder la elección: no por falta de votos, sino por falta de mundo. La agenda del futuro se le escapa por la misma rendija por la que se le escapó el presente.
Porque el voto, en el fondo, siempre fue un acto de fe. Confiamos en lo que vemos, en lo que escuchamos, en la palabra sostenida frente a una cámara. La inteligencia artificial generativa ataca precisamente ese contrato invisible que hace que una imagen signifique algo. Si se pierde, no se pierde una elección: se disuelve el suelo sobre el que se apoya toda una sociedad.
Como dice Nathan en Ex Machina, justo antes de que su criatura lo supere y lo destruya: “La verdadera prueba no es si la máquina parece humana, sino si uno, sabiendo que es una máquina, no puede evitar sentirla real”.
