Alivio fiscal para bancos: podrán radicar cuentas digitales en provincias con menor carga de Ingresos Brutos

La medida permite a las entidades financieras asignar las cuentas abiertas por canales digitales a cualquier sucursal del país. Así, el cambio apunta a aliviar la presión tributaria sobre la actividad bancaria y podría derivar, si se traslada al mercado, en mejores condiciones de financiamiento y servicios para los clientes.

Los bancos podrán administrar mejor su carga impositiva en un sistema cada vez más digital.

El Banco Central (BCRA) habilitó a los bancos a radicar las cuentas abiertas de manera digital en cualquier sucursal del país, una medida que les da a las entidades financieras una nueva herramienta para reducir costos impositivos provinciales y municipales.

El cambio apunta especialmente a la carga de Ingresos Brutos sobre la actividad bancaria, uno de los tributos que el sector financiero cuestiona por su impacto sobre el costo del crédito y los servicios financieros.

Desde el BCRA explicaron el alcance de la norma: cuando una cuenta se abre en formato digital, los bancos pueden definir en qué distrito o localidad alojarla. Es decir, la entidad financiera podrá elegir la casa operativa en la que quedará radicada la cuenta, más allá del domicilio del cliente o del lugar desde donde se haya iniciado el trámite.

De esta forma, a través de la Comunicación “A” 8444, el Central dispuso que las entidades financieras que admitan la apertura no presencial de cuentas, mediante canales electrónicos o de comunicación, podrán “asignar cualquier casa operativa a los fines de la radicación de las cuentas abiertas de manera no presencial”. La norma también exige que esa radicación sea informada al cliente al momento de la asignación.

En la práctica, esto significa que una cuenta abierta por app, home banking u otro canal digital ya no necesariamente deberá quedar radicada en una sucursal asociada al domicilio del cliente o a la jurisdicción donde opera habitualmente. Desde ahora, el banco podrá asignarla a cualquier casa operativa del país, lo que le permite ordenar su estructura de cuentas en función de criterios comerciales, administrativos y tributarios.

La medida no modifica alícuotas ni elimina impuestos. Tampoco cambia la potestad de las provincias para cobrar Ingresos Brutos. Lo que hace es abrir una vía operativa para que los bancos puedan radicar cuentas digitales en jurisdicciones con menor presión fiscal, en un contexto en el que la actividad financiera enfrenta fuertes diferencias tributarias según la provincia o el municipio.

Ese punto es el corazón de la norma. Para los bancos, la radicación de cuentas puede incidir en la forma en que se asigna parte de la operatoria y, por lo tanto, en la exposición a determinados tributos locales. Si una entidad puede concentrar cuentas digitales en una jurisdicción con menor carga impositiva, podría reducir parte de sus costos fiscales.

El efecto sobre los clientes no será automático. La medida en sí beneficia de manera directa a las entidades financieras, no a los usuarios. Sin embargo, si esa menor carga impositiva reduce los costos del sistema, los bancos podrían trasladar parte de ese ahorro a mejores condiciones comerciales: menores comisiones, paquetes más baratos, tasas más competitivas para préstamos o mejores condiciones para cuentas corrientes, cuentas sueldo y servicios digitales.

Hasta ahora, la apertura digital de cuentas había avanzado más rápido que algunas definiciones regulatorias sobre su radicación. En algunas entidades existía la interpretación de que ya podían asignar esas cuentas a la sucursal que consideraran más conveniente, pero la nueva comunicación del BCRA despeja dudas y lo incorpora expresamente a la normativa.

El cambio es relevante porque buena parte de las altas de cuentas ya se realiza por canales digitales. En ese escenario, la posibilidad de elegir cualquier casa operativa del país puede tener alcance masivo sobre la arquitectura bancaria. No se trata solo de una simplificación administrativa, sino de una herramienta que puede modificar los incentivos de localización de cuentas dentro del sistema financiero.

La decisión también profundiza la tensión entre la Nación, los bancos y las provincias por el peso de Ingresos Brutos. Para el Gobierno y para las entidades financieras, ese impuesto encarece la intermediación porque grava la actividad y no necesariamente la rentabilidad. Para las provincias, en cambio, se trata de una fuente relevante de recaudación.

Para el usuario común, la norma no implica una baja directa de impuestos. Una persona que cobra su sueldo en una cuenta bancaria no paga menos Ingresos Brutos porque la cuenta esté radicada en una provincia u otra. Ese impuesto no se aplica sobre el salario de un trabajador en relación de dependencia, sino sobre el ejercicio habitual de una actividad económica.

Tampoco una empresa puede reducir automáticamente su carga de Ingresos Brutos por cobrar en una cuenta radicada en una jurisdicción de menor alícuota. Si una firma está radicada en Buenos Aires, vende en Buenos Aires o presta servicios en Buenos Aires, no pasa a tributar menos solo por abrir una cuenta en La Pampa, Santiago del Estero u otra provincia. Lo determinante es dónde se desarrolla la actividad económica, dónde se generan los ingresos y qué sustento territorial tiene la operación.

Por eso, el impacto para clientes y empresas es indirecto. La medida no funciona como una herramienta de planificación tributaria para usuarios, comercios o pymes. Su efecto principal está del lado de los bancos: si logran reducir costos fiscales, podrían usar ese margen para competir con mejores precios, tasas o condiciones.

La comparación entre provincias no depende solo de la alícuota nominal de Ingresos Brutos. También importa sobre qué base se aplica el impuesto. En algunas jurisdicciones, la alícuota recae sobre los ingresos brutos financieros, lo que implica gravar el total de los intereses que cobra el banco. En otras, como San Luis y Santiago del Estero, la base se calcula sobre el spread, es decir, sobre la diferencia entre la tasa que el banco cobra por prestar y la que paga por captar depósitos.

Por eso, aun con una alícuota nominal determinada, la carga efectiva puede ser mucho menor. También hay diferencias relevantes en el tratamiento de títulos públicos y créditos hipotecarios: algunas provincias gravan los rendimientos de bonos o letras en cartera de los bancos, mientras que otras alcanzan los intereses de préstamos hipotecarios, algo que puede encarecer el negocio financiero y afectar los incentivos para prestar.

La nueva norma del BCRA no garantiza por sí sola una baja de tasas ni de comisiones. Pero sí les da a los bancos una vía para reorganizar la radicación de cuentas digitales y reducir exposición a jurisdicciones más caras. Si esa mejora de costos se traslada o no al cliente dependerá de la competencia entre entidades, de la estrategia comercial de cada banco y de la presión regulatoria o de mercado para que el ahorro no quede solo del lado de las entidades.

En definitiva, el BCRA no bajó impuestos ni creó un beneficio fiscal directo para usuarios o empresas. Lo que hizo fue habilitar una herramienta para que los bancos puedan administrar mejor su carga impositiva en un sistema cada vez más digital. La pregunta que queda abierta es si esa reducción potencial de costos se traducirá en mejores condiciones para quienes toman crédito, usan cuentas bancarias o contratan servicios financieros.

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