Concentración tecnológica y erosión democrática
La primera encíclica de León XIV, “Magnifica Humanitas”, plantea que la humanidad atraviesa una nueva revolución histórica marcada por la inteligencia artificial y la concentración global del poder tecnológico, trazando un paralelo deliberado con la “Rerum Novarum” de León XIII frente a la Revolución Industrial. Lo que el Papa llama “el paradigma tecnocrático y el poder digital” define a las grandes corporaciones digitales que han comenzado a ocupar posiciones de poder dentro del propio sistema político, redefiniendo sus reglas desde adentro.
En la asunción de Donald Trump en enero de 2025, los principales líderes tecnológicos —Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sam Altman— ocuparon posiciones protocolares más cercanas al nuevo presidente que muchos funcionarios de alto rango. No fue un gesto simbólico: fue la expresión visible de una reconfiguración estructural del poder. Musk fue designado al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental; Zuckerberg anunció el fin del programa de verificación y moderación de contenidos de Meta. El caso de Palantir ilustra una dimensión aún más inquietante: ese actor privado procesa e interpreta la información sobre la que los Estados fundan sus decisiones estratégicas más sensibles, desde el Pentágono hasta gobiernos aliados.
La literatura política nombra este fenómeno con creciente precisión: tecno-plutocracia, la convergencia entre riqueza tecnológica extrema y poder político directo. La encíclica lo formula de otro modo: la tecnología “no es neutra, porque asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza.”
Los algoritmos que organizan lo que cada ciudadano ve están diseñados para maximizar la atención y la activación emocional, no para favorecer la comprensión informada ni el intercambio racional de argumentos. En ese entorno, la deliberación democrática queda desfavorecida frente al impacto inmediato y la indignación instantánea. La IA agrega una dimensión nueva: sistemas sofisticados fabrican, a escala industrial, contenido diseñado para parecer espontáneo y auténtico. Un análisis del Signa Lab del ITESO sobre redes digitales durante la campaña de López Obrador identificó miles de nodos donde al menos dos de cada cinco perfiles mostraban alta probabilidad de comportamiento automatizado.
Lo que ocurrió allí no fue una excepción: fue un ensayo del repertorio estándar de cualquier campaña con recursos suficientes. A esto se suma algo más grave: la fabricación premeditada de hechos inexistentes mediante documentos adulterados, audios y videos generados para simular situaciones que nunca ocurrieron. La distinción relevante ya no es entre información verdadera y falsa: es entre realidad y su simulacro.
No es menor que quienes construyeron los fundamentos de la IA hayan tomado distancia de su propio legado. Geoffrey Hinton —Premio Nobel de Física 2024— renunció a Google para advertir sobre la concentración de poder que la IA genera. Yoshua Bengio exige regulación internacional obligatoria. Ambos equiparan el riesgo de la IA sin control con el de una pandemia global o una guerra nuclear. La grieta es reveladora: quienes construyeron la herramienta son hoy quienes más claramente advierten sobre lo que otros hacen con ella. Magnifica Humanitas se reclama marcos jurídicos y supervisión independiente.
El caso de Geedge Networks —empresa privada con vínculos a la Academia China de Ciencias— ilustra hasta dónde llega la cuestión. Una filtración de más de 100.000 documentos internos expuso su verdadero negocio: exportar versiones del Gran Cortafuegos chino a gobiernos de Asia y África. Myanmar lo usó para vigilar 81 millones de conexiones simultáneas; Pakistán lo desplegó sobre redes móviles. La empresa se presenta como proveedora de “seguridad de redes”. Lo que vende es control social a escala industrial.
El problema estructural que todo esto revela es el siguiente: la democracia presupone ciudadanos capaces de formarse opiniones relativamente autónomas a partir de información relativamente confiable. Cuando la infraestructura que organiza esa información está controlada por un puñado de corporaciones con intereses propios, cuando esas corporaciones pueden modificar las reglas de la moderación según sus conveniencias políticas del momento, y cuando la inteligencia artificial permite producir desinformación a una velocidad y escala que ningún sistema de verificación puede absorber, esa condición básica de la democracia queda sometida a una presión sin precedentes históricos.
Quien controla los centros de datos, los modelos de lenguaje y los sistemas de distribución de información controla algo que las constituciones del siglo XX nunca imaginaron regular: la arquitectura cognitiva del espacio público.
Magnifica Humanitas nombra este fenómeno con precisión: la concentración de patentes, algoritmos y plataformas en pocas manos privadas constituye “una nueva forma de esclavitud y colonialismo”, un poder que cuando se vuelve opaco genera dependencias que ningún proceso electoral puede revertir.
Para la Argentina, que se apresta a transitar un ciclo electoral en este contexto, la pregunta ya no puede reducirse a quién ganará en 2027. La más urgente —y la más incómoda— es si las instituciones políticas, el sistema judicial y la sociedad civil tienen capacidad real de gobernar estos procesos, o si la campaña que se avecina será también, sin que nadie lo declare formalmente, una competencia entre quienes accedan a estas tecnologías y quienes no.
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