Mientras Cristina Kirchner cumplirá un año presa, en Comodoro Py avanzan los juicios de Vialidad II y III
A días de que se cumpla un año desde que se ordenó la prisión de Cristina Kirchner, después de que la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia condenatoria del caso Vialidad, en Comodoro Py avanza el segundo tramo donde algunos imputados admitieron la culpabilidad y firmaron juicios abreviados. Además, el fiscal Gerardo Pollicita está próximo a firmar el requerimiento de elevación a juicio para la tercera parte que se enfoca en ex funcionarios provinciales.
El caso Vialidad fue organizado en tres tramos durante la etapa de instrucción. El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, firmaron la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros cinco imputados. Ese fallo obtuvo firmeza en junio del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó todos los recursos extraordinarios de las defensas.
Mientras ese fallo condenatorio, el primero por corrupción que recibió la ex Presidenta y por el cual debe cumplir una prisión de seis años, habiendo sido encontrada responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en Comodoro Py avanzaron los otros dos tramos.
El que más resolución obtuvo es el expediente conocido como Vialidad II, donde se acusó Martín Báez (el mayor de los hijos varones del empresario), a Julio Mendoza (ex presidente de la constructora), Fernando Butti (ex contador) y Sandro Fergola, ex funcionario de Vialidad que debía controlar a Báez.
Durante la etapa de instrucción, el juez Julián Ercolini y los fiscal Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques dieron por acreditado que los expedientes de obra pública vial en los que habían intervenido las empresas de Báez, donde las obras eran solventadas con recursos del Estado Nacional,”estuvieron signados por numerosas irregularidades”.
Entonces se sostuvo que esto no respondía a diversos “incumplimientos o ilicitudes administrativas”, sino que todo tenía “relevancia penal, al evidenciar múltiples abusos y anomalías en la contratación, que se fueron reiterando a lo largo de un prolongado período temporal -coincidente con una misma administración de gobierno-”.
En esta estructura gubernamental encabezada por Cristina Kirchner -condenada por administración fraudulenta-, intervino un único ministerio que tenía a su cargo el control sobre implementación y el cumplimiento de la obra pública, “esfera ésta donde se verificaron las maniobras aquí imputadas”, se señaló en la elevación a juicio oral.
En el análisis de los 51 contratos por 46.000 millones de pesos que recibió durante la gestión kirchnerista el Grupo Austral, se señaló en este caso que hubo “acciones u omisiones que presentaban como común denominador un elemento: el beneficio de empresas vinculadas al imputado Lázaro Báez, que se traducía a su vez en un perjuicio económico para el Estado Nacional”. La cifra de toda la maniobra, actualizada, asciende a $ 685.000 millones.
Según confiaron fuentes judiciales a Clarín, la fiscalía a cargo de Diego Luciani, presentó un acuerdo de juicio abreviado con las defensas, del hijo mayor de Lázaro Báez, del ex presidente de Austral Construcciones -Julio Mendoza-, y de Fernando Butti, quien en su momento se ocupó de las finanzas de la compañía.
Como consecuencia de ello, indicaron fuentes del caso, se sorteó el magistrado que habrá de continuar a cargo de ese proceso en forma unipersonal, “en virtud del acuerdo de juicio abreviado celebrado en autos por la totalidad de los imputados que permanecen comprendidos en las presentes actuaciones”.
Para esta circunstancia, resultó sorteado el juez Andrés Basso, quien ya realizó la denominada la audiencia de visu (una diligencia judicial en la que un juez entrevista y observa personalmente al condenado. Ahora sólo resta que llame para la sentencia y dictar el fallo.
Respecto de Gustavo Gentili, Sandro Férgola y Fernando Abrate quienes decidieron no firmar el acuerdo de juicio abreviado, se integró el tribunal con los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Rodrigó Giménez Uriburu. Pero las defensas -para ganar tiempo-, recusaron al segundo magistrado que tuvo a su cargo el juicio del caso por la Ruta del Dinero K. El planteo fue rechazado y ahora será la Cámara de Casación la que resuelva.
“Sólo resta esa resolución y fijar nueva fecha de juicio”, señaló una fuente allegada al caso a este medio.
El tramo de la causa que será analizado en ese juicio oral tiene que ver con los distintos trámites administrativos “que resultaron en la adjudicación de obras a favor del grupo Báez” y las irregularidades omitidas en esos procesos, como la concurrencia de distintas empresas de Lázaro a una misma licitación; la adjudicación de las obras por encima de la capacidad de contratación y ejecución de las empresas; falta de disponibilidad de equipamiento suficiente para la ejecución de las obras, la infrecuente celeridad en la tramitación de los expedientes de obra, entre otras.
Todo posibilitó que Austral Construcciones- de la que Martín Báez posee un 5% de las acciones-, sea la principal adjudicataria de los contratos viales en Santa Cruz. Ahora, la Sala I de la Casación Federal reiteró que existió un esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor” de Báez en "detrimento de las arcas del Estado".
Fue a través de: simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a incumplimientos sistemáticos, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica. El agravante es que la mitad de los contratos quedaron inconclusos.
En cuanto a los exfuncionarios de segunda línea de Vialidad Nacional y Provincial de Santa Cruz, la imputación sostiene que durante el período de 2003 a 2015- “contribuyeron —por acción u omisión— en el plan criminal destinado a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación y falta de control de obras viales al Grupo Báez”.
El 27 de marzo de 2025, el juez federal Julián Ercolini procesó a 16 funcionarios de Santa Cruz por la corrupción en la obra pública vial que el gobierno kirchnerista adjudicó a Lázaro Báez. La figura penal atribuida es la coautoría en la administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el delito que pesa sobre la ex vice en el expediente principal.
Las acusaciones de este tramo se concentran en ex funcionarios de la Agencia de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz en el marco de la causa conocida como Vialidad III, un desprendimiento del caso en el que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta.
Este tramo del expediente se abocó a investigar la responsabilidad de las autoridades provinciales. Pero no llegó a los ex gobernadores santacruceños Sergio Acevedo (actual diputado nacional), Carlos Sancho y Daniel Peralta.
La instrucción de este caso conexo, reconstruyó el rol que asumieron diversos funcionarios dentro de la estructura de Vialidad Provincial, una institución que -según corroboró la justicia- fue determinante para "beneficiar a Lázaro Báez".
El procesamiento incluye a dos integrantes del Grupo Austral -al holding del ex socio comercial de Cristina Kirchner-, Juan Carlos Pistan y Manuel Parras, acusados como responsables de la maniobra defraudatoria.
Para el juez Ercolini también se les debe atribuir el delito de coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Guillermo Torres, Orlando Taboada Ovejero, Jorge Pasieczink, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Oliva, Gerardo Mansilla, Carlos Mancilla, Roberto Lillo, María Lencina Albornóz, Elio Enrique González, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Cantero, Juan Gelves.
El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones y el fiscal Pollicita está próximo a firmar el requerimiento de elevación a juicio que sostiene que los ex funcionarios santacruceños "habrían actuado a sabiendas y voluntariamente poniendo a disposición de la maniobra delictiva -que ya cuenta con personas procesadas, enjuiciadas y condenadas-, las facultades que les eran propias a partir de los roles o cargos que ocupaban".
La conclusión a la que arribaron los fiscales del caso y que avaló el magistrado, fue que esas personas "habrían llevado adelante contribuciones -activas u omisivas-, fundamentales para su implementación y sostén durante un amplio período (2004-2015), todo lo cual resultó necesario para su éxito".
Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]
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