Las provincias y los impuestos por fuera de las regalías para financiar infraestructura
El gobernador Raúl Jalil está entre los más decididos a aprovechar la riqueza de litio, oro, plata y cobre de Catamarca: añadió un impuesto del 1,5% sobre la facturación bruta de ese mineral para desarrollar infraestructura. Apenas un ejemplo de la determinación del interior para recaudar.
Por ahora no fue imitado por otras provincias, aunque todas las que tienen recursos naturales están desplegando su creatividad para capturar recursos de actividades prósperas como la energética y minera.
A semejanza de las productoras de petróleo y gas, las mineras tributan regalías. Es el gravamen provincial específico sobre el valor de la producción, que para esta actividad fue subido al 5% de la facturación bruta por la Ley de Bases.
La alícuota real promedio hoy está por debajo de ese nivel autorizado y su rango definitivo depende de un mano a mano del responsable de cada proyecto con el gobernador de turno. De ahí la necesidad de los inversores de desarrollar buenos vínculos con los funcionarios del interior.
Lo que se le ocurrió al mandatario catamarqueño, hombre de Unión por la Patria, fue aplicar un adicional a ese impuesto para poder desarrollar infraestructura. La que se necesita para viabilizar la producción privada.
Más difundidos son los fondos fiduciarios para cubrir servicios estatales básicos, ardid de provincias ricas en recursos pero pobres en presupuestos.
Santa Cruz creó el Fondo Unirse, que se nutre con aportes de petroleras, mineras y pesqueras. El destino del dinero reunido es tan variado como servicios de salud, educación o la construcción de un drenaje pluvial.
No es un impuesto sino una contribución a voluntad: las empresas firman con la provincia un contrato en el que se comprometen a ese pago. Un mecanismo similar al que utilizan San Juan y otros estados mineros sobre idéntica dinámica de pactos voluntarios firmados con el sector privado.
La Rioja acaba sellar un acuerdo con Vicuña Corp –sociedad entre BHP y Lundin Mining- para que la gigantesca explotación de cobre en San Juan derrame algo de los 18.000 millones de dólares de inversión proyectada.
Para llegar al yacimiento sanjuanino hay que atravesar territorio riojano. Sobre esa base, y luego de bloquear un paso estratégico, el gobernador justicialista Ricardo Quintela consiguió que la sociedad internacional asumiera compromisos de contratación local y dinero para obras de infraestructura en la Rioja, que presta sus caminos: un auxilio importante para una provincia al borde del default, que acaba de anunciar la emisión de bonos para poder afrontar el pago de sueldos.
Los municipios también intentan subirse al tren. A veces con iniciativas tan controvertidas como el impuesto al viento que cobró Puerto Madryn sobre parques eólicos, suspendido luego por orden judicial.
Neuquén derogó a fin de diciembre la “tasa forestal” que afectaba a la producción de hidrocarburos de su entorno, ingenioso recurso para reforzar la caja pública sin que necesariamente haya una contraprestación.
Y Río Negro bajó hace poco de 2,5% a 1% la alícuota de Ingresos Brutos, el impuesto provincial común a todas las jurisdicciones y uno de los más odiados por cualquier actividad económica debido al efecto cascada o la capacidad de multiplicarse en la cadena de valor.
Pero los rionegrinos también apelaron a acuerdos con las empresas energéticas que encararon grandes desarrollos para exportar energía, algo que algún modo compensa aquel recorte.
Neuquén consiguió que las petroleras financien rutas en zonas estratégicas de Vaca Muerta, que se repagarán parcialmente con un peaje o, directamente, con el cobro anticipado de regalías.
Otra estrategia provincial más antigua y consolidada para formar parte de las decisiones económicas en sectores estratégicos y, eventualmente, ser partícipes de su renta es la creación de empresas estatales que suelen ser socias obligadas de las empresas.
Gas y Petróleo de Neuquén es un ejemplo. La santacruceña Fomicruz, creada a fines de los años 80 para la exploración petrolera y minera, otro.
La jujeña Jemse le corresponde 8,5% del proyecto de litio Caucharí Olaroz. Y la salteña Remsa capturará 5% del proyecto Eramine, otro desarrollo para la producción del preciado mineral, clave para la electrificación del mundo.
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