Biodiésel: la Argentina tiene capacidad para liderar un negocio que sigue trabado
Argentina tiene una joya económica casi sin desarrollar. No es Vaca Muerta. Tampoco la minería. Ni siquiera, estrictamente, la producción agropecuaria primaria, aunque dependa de ella. El país tiene una oportunidad histórica para desarrollar una industria de alto valor agregado, con bajo riesgo productivo, fuerte demanda internacional y una ventaja adicional cada vez más apreciada: su aporte a la transición energética. Se trata del biodiésel.
Hace quince años parecía que Argentina estaba destinada a convertirse en una potencia mundial del sector. Sin embargo, como tantas otras veces, la oportunidad quedó a mitad de camino. Y las razones vuelven a encontrarse en la política.
El biodiésel es un combustible renovable producido a partir de aceites vegetales o grasas animales mediante un proceso químico llamado transesterificación. Puede utilizarse como sustituto total o parcial del gasoil derivado del petróleo. Argentina cuenta con una ventaja competitiva difícil de igualar: la enorme disponibilidad de aceite de soja, principal materia prima para su fabricación.
La demanda internacional de biocombustibles creció en los últimos años impulsada por varios factores: la necesidad de reducir emisiones contaminantes, la búsqueda de fuentes energéticas renovables y la inestabilidad geopolítica en regiones productoras de petróleo. Estados Unidos, la Unión Europea, India y Brasil desarrollan políticas activas para promover estos combustibles.
Entre sus ventajas figuran su bajo contenido de azufre, la reducción de emisiones contaminantes, su carácter renovable y biodegradable, y la posibilidad de utilizarlo
mezclado con gasoil convencional sin modificaciones significativas en la mayoría de los motores. Tiene también limitaciones: depende del precio de los aceites vegetales, compite con otros usos agrícolas y presenta dificultades de almacenamiento prolongado o de funcionamiento en climas extremadamente fríos. Ninguno de esos obstáculos parece insalvable para un país productor de materias primas como Argentina.
Durante la primera década del siglo XXI, el biodiésel se convirtió en una de las principales exportaciones industriales derivadas de la soja. Argentina llegó a liderar el comercio mundial del producto y desarrolló un importante polo industrial en torno a los puertos del Gran Rosario. Sin embargo, el proceso se frenó.
La explicación que ofrecen los actores de la industria apunta al marco regulatorio. Las sucesivas intervenciones estatales redujeron incentivos para invertir, aumentaron la incertidumbre y generaron una creciente capacidad ociosa.
Santa Fe concentra el 85% de la capacidad instalada del país para producir biodiésel, unos 3,2 millones de toneladas sobre un total nacional de 3,9 millones. Sin embargo, sólo una fracción de esas plantas opera plenamente. Según estimaciones del sector, si toda la capacidad instalada estuviera funcionando, el empleo directo podría multiplicarse varias veces y también aumentaría significativamente la recaudación tributaria provincial.
A nivel nacional existen centenares de plantas distribuidas en ocho provincias. Entre 2016 y 2018 Argentina llegó a ocupar el primer puesto mundial entre los exportadores de biodiésel. Luego comenzó una etapa de estancamiento.
Los productores identifican como principal obstáculo la Ley 27.640 de Biocombustibles, aprobada en 2021. La norma redujo el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 10% al 5%. Posteriormente fue elevado al 7,5% debido a problemas de abastecimiento de combustible, porcentaje que continúa vigente.
Según la Bolsa de Comercio de Rosario y entidades empresarias, esa reducción provocó una caída de la demanda interna y elevó los niveles de capacidad ociosa. Además, la ley permite que la Secretaría de Energía modifique el porcentaje de mezcla, generando una incertidumbre que desalienta inversiones de largo plazo.
Otro punto cuestionado es el sistema de cupos que reserva buena parte del abastecimiento interno a determinadas pymes. Sus defensores sostienen que permitió desarrollar industrias en el interior del país y evitar la concentración del negocio. Sus críticos afirman que limitó la competencia, redujo la eficiencia y frenó el crecimiento exportador.
A esto se suma el esquema de precios administrados. Las cámaras empresarias sostienen que, en distintos períodos, los valores fijados por el Estado quedaron por debajo de los costos de producción, especialmente del aceite de soja, generando pérdidas operativas para numerosas plantas.
Mientras tanto, los principales competidores avanzan. Brasil incrementa progresivamente los porcentajes obligatorios de mezcla y fortalece su industria. En Argentina, en cambio, la utilización de la capacidad instalada permanece muy por debajo de su potencial.
Por eso el sector reclama medidas concretas: elevar el corte obligatorio al 10%, 15% o incluso 20%; garantizar el cumplimiento efectivo de las mezclas; otorgar mayor estabilidad regulatoria; revisar el sistema de cupos; establecer mecanismos de precios más previsibles y abrir nuevos mercados para los biocombustibles.
Nada de eso parece técnicamente complejo. Requiere, sobre todo, acuerdos políticos y una estrategia de largo plazo. Argentina ya dispone de la materia prima, la infraestructura industrial y el conocimiento productivo. Lo que sigue faltando es la decisión de convertir una oportunidad evidente en una política de desarrollo. Como tantas veces, el desafío no es económico. Es político.
