¿Una ley para aliviar el sufrimiento o para eliminar al que sufre?

La pregunta más importante que plantea el proyecto de eutanasia presentado en el Congreso argentino no es quién puede morir. La verdadera pregunta es qué clase de sociedad estamos construyendo cuando la muerte comienza a ser presentada como una respuesta institucional frente al sufrimiento humano.

Este debate merece una reflexión profunda. No estamos discutiendo solamente un procedimiento médico ni un nuevo derecho individual. Estamos discutiendo cómo una sociedad responde a la fragilidad humana y qué valor otorga a la dignidad de quienes sufren. Por eso, esta discusión trasciende la política y alcanza el corazón mismo de la bioética.

Lo primero que debe aclararse es que la Argentina ya cuenta con una legislación que protege los derechos de las personas frente a enfermedades graves. La Ley 26.742, conocida como Ley de Muerte Digna, reconoce el derecho de los pacientes a rechazar procedimientos médicos desproporcionados o extraordinarios cuando estos solo prolongan artificialmente el proceso de morir. También protege el derecho a evitar el encarnizamiento terapéutico y a transitar el final de la vida con respeto por la voluntad del paciente.

Por lo tanto, el debate actual no gira alrededor del derecho a rechazar tratamientos invasivos o desproporcionados. Ese derecho ya existe.

Lo que hoy se propone es algo diferente.Se propone incorporar la eutanasia y el suicidio asistido como mecanismos legales mediante los cuales la muerte puede ser provocada o facilitada por intervención médica.

Esta diferencia no es un detalle técnico. Constituye el núcleo mismo de la discusión.

Durante siglos la medicina tuvo una misión clara: curar cuando fuera posible, aliviar cuando no fuera posible curar y acompañar siempre. La pregunta que hoy debemos formularnos es si provocar deliberadamente la muerte debe transformarse en una nueva función de la práctica médica.

Los defensores de esta iniciativa suelen fundamentar su posición en el principio de autonomía. Sostienen que cada persona debería tener derecho a decidir cuándo y cómo terminar su vida frente a situaciones de sufrimiento consideradas intolerables.

La autonomía es un valor importante y merece ser respetada. Sin embargo, la bioética nunca se ha construido sobre un único principio. Junto a la autonomía existen otros valores igualmente relevantes: la protección de los más vulnerables, la no maleficencia, la justicia y la responsabilidad de cuidar a quien atraviesa situaciones de extrema fragilidad.

Por eso, cuando una persona expresa deseos de morir, la primera pregunta ética no debería ser únicamente si puede decidir. La primera pregunta debería ser otra.

¿Por qué desea morir? ¿Sufre dolor físico mal controlado? ¿Tiene acceso adecuado a cuidados paliativos? ¿Está atravesando una depresión? ¿Se siente abandonado? ¿Percibe que se ha convertido en una carga para su familia? ¿Ha perdido la esperanza? Estas preguntas son esenciales porque el sufrimiento humano rara vez es exclusivamente biológico.

La experiencia médica demuestra que detrás de muchos pedidos de muerte conviven dolor físico, angustia emocional, miedo, soledad, desesperanza y sensación de inutilidad.

Cuando una persona pide morir, la primera obligación ética no es facilitar su muerte. La primera obligación ética es comprender y aliviar las causas que la llevaron a formular ese pedido.

Ninguna sociedad responde a la depresión ofreciendo la muerte. Ninguna sociedad responde a la soledad ofreciendo la muerte. Ninguna sociedad responde a la desesperanza ofreciendo la muerte. Por el contrario, destinamos recursos, profesionales y políticas públicas para rescatar a quienes atraviesan esas situaciones. ¿Por qué deberíamos cambiar ese principio cuando el sufrimiento aparece en el contexto de una enfermedad?

La compasión no consiste en abandonar la búsqueda del alivio. Consiste en redoblar los esfuerzos para encontrarlo.

Esta discusión adquiere una dimensión todavía más delicada cuando el proyecto contempla situaciones vinculadas a adolescentes desde los 16 años. Más allá de las posiciones ideológicas, resulta legítimo preguntarse si una decisión irreversible como la muerte exige una prudencia extraordinaria cuando involucra personas que aún atraviesan una etapa de maduración emocional, psicológica y neurobiológica.

La ciencia contemporánea demuestra que regiones cerebrales vinculadas al control de impulsos, la regulación emocional y la valoración de consecuencias continúan desarrollándose durante la adolescencia y la adultez temprana. Esto no implica negar la capacidad progresiva de decisión de los jóvenes, pero sí obliga a reflexionar cuidadosamente cuando se trata de decisiones definitivas e irreversibles.

Ningún médico le diría a un adolescente que expresa deseos de morir que su deseo debe ser simplemente acompañado. Lo correcto sería evaluar las causas de ese sufrimiento, ofrecer tratamiento, contención, apoyo familiar y esperanza.

¿Por qué deberíamos abandonar ese principio cuando el sufrimiento proviene de una enfermedad?

La compasión médica siempre ha consistido en combatir el sufrimiento, nunca en eliminar al que sufre.

Pero quizás el aspecto más preocupante de este debate no sea solamente el contenido del proyecto, sino el contexto cultural en el que aparece.

Vivimos en una época atravesada por una profunda crisis de salud mental. La ansiedad, la depresión, la soledad y el aislamiento social afectan a millones de personas. Cada año miles de argentinos pierden la vida por suicidio. Frente a esta realidad, el Estado desarrolla campañas de prevención, líneas de asistencia y programas de salud mental que parten de una convicción fundamental: cuando una persona expresa deseos de morir, la respuesta debe ser ayuda, acompañamiento, tratamiento y presencia humana.

Por eso resulta inevitable formular una pregunta: ¿Cómo dialoga una política destinada a prevenir el suicidio con otra destinada a facilitar la muerte médicamente asistida en determinadas circunstancias? No se trata de equiparar situaciones diferentes. Se trata de reflexionar sobre el mensaje cultural que una sociedad transmite cuando responde al sufrimiento.

Las leyes no solamente regulan conductas. También enseñan. Transmiten valores. Definen aquello que una comunidad considera aceptable. Y por eso este debate excede ampliamente la esfera individual.

Afecta la manera en que entendemos la enfermedad. La forma en que miramos a las personas con discapacidad. La valoración que otorgamos a la ancianidad. La percepción de quienes dependen de otros para vivir. Y la dignidad de quienes atraviesan los momentos más vulnerables de su existencia.

Los cuidados paliativos representan una de las respuestas más humanizadoras que la medicina ha desarrollado frente al sufrimiento. Su objetivo no es adelantar la muerte ni prolongarla artificialmente. Su propósito es aliviar el dolor físico, psicológico, social y espiritual, acompañando integralmente al paciente y a su familia.

Sin embargo, todavía existen importantes desigualdades en el acceso a estos cuidados. Muchas personas atraviesan enfermedades graves sin recibir el acompañamiento integral que necesitan.

¿Es razonable ofrecer la muerte como prestación sanitaria cuando todavía no hemos garantizado plenamente el acceso universal al alivio del sufrimiento?

Antes de debatir cómo provocar la muerte, la Argentina debería debatir cómo garantizar que cada ciudadano tenga acceso efectivo a cuidados paliativos de excelencia.

Antes de preguntarnos cómo facilitar la muerte, deberíamos preguntarnos cómo mejorar el cuidado.

Antes de institucionalizar la muerte como respuesta, deberíamos garantizar que nadie enfrente solo el sufrimiento.

Las personas que atraviesan enfermedades graves necesitan mucho más que tratamientos médicos. Necesitan saber que siguen siendo valiosas. Necesitan escuchar que su dignidad no desaparece con la dependencia, con la discapacidad o con la pérdida de autonomía. Necesitan una sociedad que les recuerde que el valor de una vida humana no depende de la productividad, de la juventud ni de la autosuficiencia.

La verdadera compasión no consiste en acelerar la muerte de quien sufre, consiste en permanecer a su lado, en aliviar el dolor cuando sea posible, acompañar cuando no haya cura, sostener la esperanza y afirmar la dignidad humana hasta el último instante de vida.

Las sociedades verdaderamente humanas no se distinguen por la velocidad con la que responden al deseo de morir. Se distinguen por su capacidad de encontrar razones para cuidar incluso cuando ya no pueden curar.

La grandeza moral de una nación no se mide por la facilidad con la que permite morir. Se mide por el compromiso con el que decide cuidar. Y esa es, quizás, la pregunta más profunda que hoy tenemos por delante. ¿Queremos construir una sociedad que acompaña el sufrimiento humano o una sociedad que comienza a aceptar la muerte como respuesta frente al dolor?