La agenda ambiental en Argentina: entre retrocesos normativos y demanda ciudadana
La crisis ecológica ya no es una amenaza futura. Las inundaciones, las olas de calor extremas, las sequías prolongadas, los incendios forestales y la pérdida acelerada de biodiversidad forman parte de una realidad que atraviesan los territorios, economías y comunidades en todo el mundo.
Frente a este escenario, la respuesta requiere más coordinación, capacidad estatal y cooperación entre los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, en Argentina ocurre lo contrario: la política ambiental se encuentra cada vez más desmantelada y fragmentada.
Mientras los desafíos ambientales exigen respuestas integrales y articuladas, las normativas recientes y la falta de aplicación de la legislación ambiental vigente genera capacidades estatales cada vez más débiles para proteger bienes comunes como los bosques, los glaciares, los humedales o las cuencas hídricas y las decisiones están cada vez más dispersas entre las provincias, intereses sectoriales y respuestas de corto plazo. Asimismo desoye los reclamos de las comunidades y la sociedad organizada que se moviliza frente a estas decisiones.
Tal como analizamos en la nueva edición del Informe Ambiental FARN (IAF) 2026, durante los últimos años Argentina ha experimentado un marcado retroceso en sus políticas ambientales. La degradación institucional, el recorte de recursos y una tendencia orientada cada vez más a transferir facultades a las provincias no son hechos aislados: forman parte de un proceso que dificulta cada vez más la construcción de una política ambiental coherente a escala nacional.
La llegada del nuevo gobierno en diciembre de 2023 representó una degradación institucional significativa. La eliminación del Ministerio de Ambiente, reducido al rango de subsecretaría, fue una de las expresiones más visibles de este proceso. A ello se sumó un fuerte ajuste presupuestario: durante 2024, el área registró un recorte real del 79,4% respecto de los fondos ejecutados en 2023. En 2025 la caída alcanzó el 80,8% y para 2026 se proyecta una reducción real del 79,6%, según los datos del Informe Ambiental FARN 2026.
Esta misma dinámica se replica en otras partidas vinculadas al cuidado del ambiente. Si se mantiene la comparación con 2023, la Administración de Parques Nacionales registra una caída real del 34% en 2024 y del 39,3% en 2025, mientras que para 2026 se proyecta una reducción real del 32,3%.
Por su parte, las partidas destinadas al saneamiento y mejora de infraestructura de la Cuenca Matanza-Riachuelo evidenciaron caídas reales del 76,6% en 2024, del 87,7% en 2025 y se espera una reducción real del 92,2% para 2026.
Lo mismo sucedió con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Durante 2024 se ejecutó apenas el 22% de su presupuesto, lo que implicó una caída real del 81% respecto de 2023. En 2025 se ejecutó el 76% de los fondos disponibles, mientras que para 2026 se proyecta una reducción real del 69,2% en comparación con 2023.
Al mismo tiempo que se consolida una regresión sin precedentes en la capacidad estatal para planificar, ejecutar y monitorear políticas de protección ambiental, se puso en marcha el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), el cual establece un orden de prioridades en el acceso a recursos estratégicos favoreciendo a intereses privados por sobre las necesidades de las poblaciones locales.
Estas reformas y achicamiento del Estado se produce en un contexto atravesado por graves incendios forestales, como los ocurridos en Córdoba durante octubre de 2024 y los que afectaron a la Patagonia entre fines de 2025 y marzo de 2026, cuando el fuego arrasó zonas de Puerto Patriada y parte del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut.
Los incendios forestales representan uno de los principales factores de degradación ambiental, explicando el 13% de la pérdida total de bosques, además de afectar humedales y pastizales. De acuerdo con datos oficiales, entre 2022 y 2024 nuestro país perdió 550.851 hectáreas de bosque nativo.
En este contexto, el Gobierno nacional eliminó el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y traspasó el Sistema Federal de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad.
Frente a este contexto adverso, sabemos que la esperanza radica en el trabajo que podamos realizar como ciudadanía, de forma colectiva. El proceso de reforma de la Ley de Glaciares impulsado desde el gobierno para vaciar esta ley y desproteger estos ecosistemas, encontró a una ciudadanía organizada, con deseo de participar y defender nuestras reservas estratégicas de agua dulce. Durante el debate, más de 102.000 personas se inscribieron para participar de la audiencia pública, y más de 850 mil acompañaron la demanda judicial colectiva que presentamos desde FARN, Greenpeace y la Asociación de Abogados/as Ambientalistas ante el Juzgado Federal de la provincia de La Pampa para plantear la inconstitucionalidad de la reforma.
Mientras el Gobierno nacional avanza en el desmantelamiento de la institucionalidad ambiental, delega responsabilidades a las provincias y debilita los presupuestos mínimos que garantizan una protección común para todo el país, la ciudadanía manifiesta cada vez más atención y compromiso con la defensa de los bienes comunes.
Los sistemas naturales constituyen la base misma de la vida en la Tierra. Comprender esta interdependencia y actuar en consecuencia debe convertirse, con urgencia, en un principio transversal de la acción gubernamental y social. Lejos de ser una agenda sectorial, la política ambiental es hoy una condición estructural para garantizar la estabilidad económica, social y democrática del país.
