Línea 144: cinco operadores en horarios de picos de emergencias

El Gobierno duplicó las funciones de la Línea 144, pero redujo su personal a la mitad. Actualmente las oficinas atienden no solamente casos de violencia de género, sino también de otro tipo como las cometidas en general contra niños, niñas y adolescentes, poblaciones migrantes o adultos mayores. En horarios de madrugada –cuando la mayoría de las consultas e intervenciones son por situaciones críticas– hay sólo cinco personas de guardia. Así lo informó el propio Ministerio de Justicia ante el Congreso y así lo corroboran fuentes de la línea que le contaron a PERFIL cómo funcionan hoy esas oficinas por dentro.

Esas fuentes aseguraron, por ejemplo, que la ampliación de funciones –que se produjo en 2024, cuando la Línea 144 pasó a depender de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia– tampoco vino con un reajuste en los sistemas de registro: todos los casos atendidos, más allá de que sean derivados o en los que se intervenga directamente, son asentados como violencia de género. “Esto no se modificó: en la base de datos quedan registrados como violencia por motivos de género, siendo que son situaciones o de violencia familiar o de maltrato y abuso sexual en la infancia, que tendrían que tener otro tipo de registro para poder visibilizarlos”, expresaron. PERFIL consultó a la cartera de Justicia si esto era efectivamente así, pero no obtuvo respuesta.

Como la cantidad de especialistas y operadores se redujo considerablemente (de 138 en 2023 a 73 en 2026), aseguraron las mismas fuentes, “la gente se cansa de llamar porque no puede esperar”, pero los operadores no dan abasto. No se trata de meras consultas telefónicas: las personas reciben asesoramiento, acompañamiento para hacer denuncias, y los procesos son derivados y articulados con otras dependencias. Como podría haber ocurrido en el caso de Agostina Vega, explicaron, si una persona se encuentra en la puerta de la comisaría y no le quieren tomar la denuncia la línea tiene facultad para intervenir y que esto se concrete.

Pero con un personal reducido las posibilidades de actuar también bajan: de acuerdo con los últimos datos oficiales, durante los días hábiles de la semana los turnos se distribuyen de la siguiente manera: cinco operadores para el turno de madrugada (1 a 7 de la mañana), doce para el horario de mañana (de 7 a 13), diez para el horario comprendido entre el mediodía y la tarde (13 a 19), y siete para la tarde-noche (19 a 00). En abril de 2025 el Ejecutivo había reconocido que los turnos eran de seis horas debido al carácter “insalubre” de la tarea.

Ante la consulta de PERFIL, desde la cartera que dirige Juan Bautista Mahiques aseguraron que la línea funciona con normalidad. Agregaron que “⁠la reducción del personal ocurrió cuando se cerró el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. “En nuestra gestión no hubo ninguna reducción ni renuncias”, sintetizaron. Como “dato de color” (según sus palabras textuales) agregaron que “en nuestra central se atiende todo el país, salvo CABA y provincia de Buenos Aires (PBA)”. Más detallado en el informe de Manuel Adorni en la legislatura se explicita que la sede de PBA funciona desde 2016 y gestiona las consultas del primer y segundo cordón del conurbano. A partir del tercer cordón y en el resto del país la responsable es la oficina dependiente de Nación.

Según consta en los informes que el Gobierno presentó ante el Congreso, la reducción de personal de esta última continuó durante 2025: desde agosto de ese año a abril de 2026 cayó de 80 a 73 empleados. Los operadores pasaron de 71 a 63 en el mismo periodo.

Los datos oficiales sobre la cantidad de llamadas e intervenciones de la Línea 144 se publicaron hasta 2023. De acuerdo con las estadísticas a las que pudo acceder la ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) a través de un pedido de acceso a la información pública, entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025 las comunicaciones cayeron un 29,6% a nivel nacional y las intervenciones un 48,7%. Las metas de cobertura de casos, según esta misma organización y lo que figura en los proyectos de presupuesto 2023 y 2026 como “cantidad de personas asistidas”, pasó de los 180 mil a las 60 mil: es decir que la línea amplió funciones, pero prevé atender en su presupuesto a un tercio de los casos.

Para 2023, cuando todavía la oficina actuaba únicamente en situaciones de violencia de género, el promedio anual de comunicaciones era de 125 mil. La información figura en un libro que el mismo Gobierno publicó como balance de los diez primeros años de funcionamiento.

Las fuentes de la línea consultadas por PERFIL aseguraron que en este contexto de ajuste las articulaciones también se vuelven difíciles. “Las otras áreas también están saturadas”, manifestaron. “A la mayoría de las trabajadoras les cuesta llegar a fin de mes, entonces buscan otros trabajos o tienen pluriempleo, con lo cual eso también dificulta sostener la tarea”. Por otro lado, “frente al desmantelamiento de las políticas de cuidado, están ingresando muchísimos casos de chicos que están en riesgo, donde también se necesitan articulaciones”.

Las consultas se incrementan considerablemente cuando alguna denuncia se hace pública, señalaron. Pero también ante la falta de otros mecanismos de asistencia. “El programa Acompañar no se está brindando desde hace dos años. Las personas empezaron a llamar desde abril para consultar porque supuestamente se restituía en mayo”.

Este programa de asistencia a las víctimas ofrece un acompañamiento psicosocial y económico, equivalente a un salario mínimo. En 2024 se recortó la ayuda a de seis a tres meses: en 2023, según ELA, 100 mil personas lo recibían. El número se redujo a 3.572 en 2024 y a cero en 2025.

“En el presupuesto no es posible monitorear la ejecución. En 2024 lo encontrábamos dentro de los gastos del programa ‘Afianzamiento de la Justicia’. Sin embargo, desde 2025 dejó de aparecer el rubro ‘Acciones vinculadas con el programa Acompañar’. La información presupuestaria disponible permite afirmar que el programa fue descontinuado, o subsumido en otras acciones limitando el acceso a derechos o la transparencia”, detalló a este medio Julieta Izcurdia, directora del área jurídica de la ONG.

“Todavía no pudimos obtener información sobre la implementación de este año, pero el único informe enviado por jefatura de gabinete al Congreso indica que ‘se encuentra atravesando un proceso de adecuación’”. El mismo argumento fue utilizado ante la consulta por este tema en agosto de 2025.

Sobre la línea 144 Izcurdia destacó que es imposible conocer el monto de recursos devengados: se eliminó como ítem con partida presupuestaria específica.

Las fuentes consultadas por este medio aseguraron que, si bien la mayor cantidad de llamadas se produce en el horario de la mañana, es por lo general a la madrugada cuando se registran las urgencias. Las denuncias son evaluadas de acuerdo a un procedimiento en el que se miden los riesgos, se traza la estrategia y se define la intervención. En el libro por los diez años de la oficina resaltaban que cada comunicación tiene características únicas, lo que representa un desafío y requiere de personal calificado: en lo académico, pero sobre todo en la capacidad de comprender diferentes realidades.

Uno de los testimonios de las operadoras que aparece allí lo grafica claramente: “Un fin de semana a la madrugada atendí una llamada. Era una señora del interior. En ese momento no estaba en riesgo porque su pareja se había ido de la casa, pero iba a regresar. Lo primero que le dije fue: ‘cierre la puerta con llave, si la puede trabar ponga media vuelta, trabe con una silla’. Y me dijo: ‘no, yo no tengo puerta’. Ahí pensé: ¿por qué tiene que tener puerta? ¿Por qué yo tengo el concepto de que todas las casas tienen puertas y de que todas las puertas tienen llave?