El Gobierno engorda la cartera accionaria del FGS mientras prepara su eventual venta al sector privado

El Gobierno tiene una caja de emergencias, para romper en caso de necesidad. Se trata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y que maneja desde hace años las acciones de las empresas que cayeron en manos de la repartición luego de la nacionalización de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) en los tiempos de Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada.

Se sabe que Javier Milei y Luis “Toto” Caputo tienen esa piñata heredada del kirchnerismo para redireccionarla hacia los privados. Pero, curiosamente, en lugar de reducir ese monumental paquete accionario, en los últimos meses el Ministerio de Economía acrecentó la presencia pública en empresas con compras de acciones de compañías locales en el mercado de capitales criollo. No sólo se mantuvo, hasta aquí, la presencia accionaria en aquellas empresas que fueron renacionalizadas a la fuerza entre octubre y noviembre de 2008 (lo que sería lógico ante un gobierno libertario), sino que se redobló la apuesta aumentando la cantidad de acciones dentro del FGS.

Obviamente, los motivos del incremento son diferentes a la acción directa de los años kirchneristas. Se trata de una estrategia del Ministerio de Economía comandado por Luis “Toto” Caputo, en su rol de trader, de entender que las acciones de varias de las compañías líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires estaban (o están) a precios quizá injustamente bajos; los que, sólo siguiendo la “inevitable” (para el Gobierno) buena fortuna que le espera a la economía argentina, se revalorizarían en cuestión de tiempo. Y que será entonces el momento de, eventualmente, venderlas.

Javier Milei y Luis “Toto” Caputo tienen esa piñata heredada del kirchnerismo para redireccionarla hacia los privados.

La compra de acciones desde Anses viene haciendo de las suyas en el mercado de capitales, trasladando riqueza de los privados a los anaqueles del FGS. Y, en cualquier momento, pueden ser vendidos, lo que alteraría el libre manejo de la oferta y la demanda.

El número de la suma de las cajas de acciones impacta. Tendrían un piso de 9.000 millones de dólares, hasta llegar a los US$ 15.000 millones. La distorsión entre la brecha se debe a que muchos de los papeles heredados de las AFJP no cuentan con cotización abierta; y se llega al monto por especulación financiera. Pero con cierto grado de certeza.

En total, el FGS tiene participación accionaria en 41 empresas privadas argentinas. Las principales tenencias accionarias son las de Banco Macro (27,49% del total), Edenor (26,81%), Gas Natural Ban (26,63%), Distribuidora de Gas Cuyana (26,12%), San Miguel (26,06%), Ternium (26,03%) y Consultatio (24,88%). También tiene acciones de las firmas Pampa Energía, Telecom, TGN, TGS, Metrogas, Naturgy, YPF, Cablevisión Holding, Molinos Agro y Molinos Río de la Plata, Mirgor, Grupo Financiero Galicia, Grupo Clarín y Ledesma, entre otras. Son todos papeles que llegaron al Estado nacional a través del fin de las AFJP en noviembre de 2008.

El primer intento de venta de estos papeles había aparecido sin mayores ocultamientos durante el gobierno de Mauricio Macri en mayo de 2018, en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar el acuerdo stand by que, con el tiempo, le aportaría a la gestión de Juntos por el Cambio (JxC) unos US$ 44.800 millones de endeudamiento. El organismo que entonces manejaba Christine Lagarde cerró con el macrismo gobernante el avance sobre las acciones nacionalizadas de las AFJP, para generar divisas que fortalecieran la posición débil de la gestión anterior a la de Alberto Fernández.

El proyecto nunca avanzó al necesitarse una ley que lo avalara. Pero la idea quedó. La intención de JxC era enviar rápidamente una ley al Congreso que permitiera una reforma estructural del FGS, permitiendo avanzar en un programa de recompra de esas acciones por parte de los privados, privilegiando primero a los propios dueños de las empresas, quienes tendrían ventajas comparativas y competitivas para “recuperar” sus compañías.

Según la idea de aquellos tiempos, los privados podrían durante un tiempo buscar financiamiento internacional o proponer algún tipo de “plan de pagos”, pero siempre respetando la consigna de que lo que debe ingresar al Estado son dólares. Luego, si los propietarios privados no consiguieran la recompra, podrían presentar socios (por ejemplo, bancos o fondos de inversión) para, en una tercera etapa, abrirse al capital para vender en el mercado las acciones.

Macri intentó vender esos papeles en mayo de 2018, el proyecto nunca avanzó al necesitarse una ley que lo avalara, pero la idea quedó.

Según lo que trascendió, Milei tendría una idea muy similar a esta, que cuenta con el copyright de los economistas de siempre de JxC, hoy algo desperdigados por el destino político de sus dirigentes máximos.

Antes, Macri había intentado también avanzar sobre el FGS. En los tiempos del lanzamiento de la Reparación Histórica impulsada en el primer año de gestión del expresidente, cuando se buscaba financiamiento para una suba en las jubilaciones, se intentó garantizar parte de la capitalización necesaria para pagar las pensiones futuras con el dinero proveniente de la venta de algunas de las empresas del paquete del FGS.

La idea luego fue incluida en el acuerdo con el FMI bajo la fórmula siguiente: “Amortización de activos de los fondos de pensión que se encuentren actualmente en posesión del Gobierno”. En 2018 se especulaba con la posibilidad de que el FGS aportara entre US$ 3.000 y US$ 4.000 millones sólo ese año, más otro tanto en una segunda etapa.

Fuentes de La Libertad Avanza (LLA) hablan del serio interés de varias de las empresas de volver a tener bajo dominio propio estas acciones y terminar con la convivencia con funcionarios públicos en sus directorios, sillones que tardaron meses de gobierno libertario en ser llenados en su totalidad. En la mayoría de los casos, y ante el desinterés particular en el tema (pese a las altas remuneraciones posibles), esos puestos fueron ocupados por personal técnico de la Anses, que mantuvo actitudes silenciosas en sus participaciones en reuniones de accionistas.

La idea libertaria es terminar con estas posesiones, revender a sus interesados las acciones (en lo posible, aunque no es innegociable) a sus actuales dueños, hacerse de divisas y terminar con este, según el criterio personal de Milei, injusto avance del Estado sobre acciones que nunca debieron estar en poder del Estado.