Tras la aprobación del pliego de Michelli, el Senado abre otro foco de conflicto con los pliegos judiciales
Mientras se mantiene la puja por la nominación de María Verónica Michelli, la candidata a jueza federal que obtuvo el respaldo del Senado pero que aún depende de la confirmación de Javier Milei; se aproxima un nuevo eje de tensión entre el Gobierno y los aliados, que volverá a poner a prueba a la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
En principio, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguró que el Presidente no está obligado a firmar el decreto para su nombramiento. "Cuando se considere que sea el momento oportuno para garantizar la seguridad de la Justicia y el servicio de justicia, se firmará. Ya el Senado lo habilitó, no lo obligó, al Presidente al firmar el decreto", decretó.
Mahiques le dijo a radio Mitre que el juzgado para el que fue nominada Michelli, vetada por el Gobierno por ser la cuñada del periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, no está habilitado, lo tiene que crear la Corte, y remarcó que ese trámite es "un proceso largo".
Mientras el Gobierno define su estrategia, el próximo martes se realizará una jornada de Audiencia Pública, en la que se tratarán 7 pliegos judiciales en el marco de la comisión de Acuerdos, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja).
El dato que ya comienza a alterar la paciencia de los aliados es que se incluyó una mayoría de pliegos vinculados a la justicia laboral, todos de Capital Federal, y uno sólo provincial, pese a que tanto la UCR, como el PRO y los provinciales venían reclamando cubrir las vacantes en los juzgados del interior del país.
Estas nominaciones son parte del paquete de 61 pliegos que ingresaron en la sesión del 14 de mayo cuando el Senado dio acuerdo para extender el mandato por 5 años del camarista Carlos "Coco" Mahiques, el padre del ministro de Justicia, quien este año cumplirá 75, la edad límite para ejercer la magistratura.
Sin bien la lista incluye una importante cantidad de funcionarios judiciales propuestos para el interior del país, en esta tanda sólo hay un aspirante de las provincias y se trata del juez federal de San Juan Leopoldo Jorge Rago Gallo, quien pide acuerdo del Senado para extender su mandato ya que este año llega a la edad de jubilarse.
El magistrado sanjuanino, que en su momento manifestó su simpatía política con la senadora Patricia Bullrich, llega a esta audiencia con una impugnación aunque desde el oficialismo desestimaron que pueda ser un impedimento para que obtenga el dictamen de la comisión y sea aprobado en el recinto.
En rigor, Rago Gallo evitó un jury de enjuiciamiento en 2016 luego de que aprobara junto a su par Miguel Ángel Gálvez la atención médica de dos condenados por crímenes de lesa humanidad, Antonio Olivera y Gustavo de Marchi, quienes terminaron fugándose del Hospital Militar Central de Palermo.
Por la fuga de ambos detenidos, Rago Gallo fue acusado ante el Consejo de la Magistratura de mal desempeño en sus funciones, pero la Comisión de Disciplina y Acusación desestimó la demanda al considerar que la custodia era "responsabilidad del servicio penitenciario”.
En tanto, los otros 6 pliegos que se tratarán la próxima semana corresponden a los tribunales porteños y, si bien, el orden de tratamiento de los pliegos de los fueros del interior o del AMBA no genera, al menos por ahora, tensiones con los bloques aliados hubo algunos planteos.
Según pudo averiguar Clarín, la alarma ya sonó entre los aliados porque en esta primera tanda de 7 pliegos 6 son del fuero laboral. El dato puede ser menor, pero el tema es que por el acuerdo firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, el Ejecutivo se comprometía a no designar nuevos jueces laborales.
"Este es un tema que se lo planteamos a Patricia Bullrich porque con la reforma laboral se transfiere ese fuero a la Ciudad, no se entiende por qué no están mandando tanto jueces laborales", apuntaron desde los aliados.
Sin embargo, uno de los casos más controvertidos de esta tanda de candidatos es el del juez Víctor Arturo Pesino, quien también busca extender su mandato al llegar al límite de edad para ejercer el cargo. Pero ese no será el punto de conflicto sino que su pliego fue impulsado a pocas horas de haber firmado el fallo que dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de una parte significativa de la ley de Reforma Laboral.
Pesino, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala VIII, llegará a la audiencia con 4 impugnaciones, una de las cuales es impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) de Julio Piumato. El magistrado deberá dar alguna respuesta a los senadores, que por el momento tanto desde el oficialismo como desde los aliados no ven que existan dificultades para aprobar el pliego.
A todo esto se suma que el oficialismo aún no tiene claro cómo se definirán los casos de los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, quienes -como adelantó este diario- fueron bajados por sus presuntos vínculos con el jefe de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Tampoco se resolvió la situación de Juan Manuel Mejuto, quien fue cuestionado por su posible cercanía con el kirchnerismo y la agrupación K Justicia Legítima.
Catania y Galván Greenway tiene un dictamen de 8 firmas por lo que necesitan el aval de un miembro más de la comisión para llegar al recinto, mientras que Mejuto sólo obtuvo el apoyo de 3 senadores de la comisión de Acuerdos por lo que está aún más lejos de la promoción.
Está claro que el oficialismo buscará evitar repetir lo ocurrido este jueves con la sesión en la que aprobaron 74 pliegos en medio de acusaciones cruzadas y negociaciones en el mismo recinto que le permitieron a Bullrich cerrar el caso Michelli sin tener que extender la discusión hasta la próxima semana.
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