El Gobierno eliminó trámites y flexibilizó la importación de pilas y baterías: cómo funciona el nuevo régimen
El gobierno de Javier Milei modificó de forma significativa el régimen técnico para la comercialización y la importación de pilas y baterías primarias, con una reforma que elimina trámites previos, reconoce certificaciones extranjeras y digitaliza los procedimientos.
El cambio fue oficializado por la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Coordinación de Producción a través de la Resolución Conjunta 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en la política de simplificación y modernización administrativa impulsada por la administración libertaria.
De acuerdo a la visión oficial, la iniciativa responde a una demanda de fabricantes, importadores y usuarios frente a la complejidad y el costo asociado al régimen anterior, que requería certificaciones locales incluso para productos ya validados internacionalmente. El nuevo marco normativo reglamenta los cambios introducidos por el Decreto 431/2025 a la Ley de Energía Eléctrica Portátil N.º 26.184.
El objetivo central de la reforma es reducir las cargas administrativas y modernizar los mecanismos de control. Según detallaron las autoridades, el régimen anterior implicaba una serie de autorizaciones previas y certificaciones reiteradas, que debían realizarse en el país incluso si las pilas o baterías ya habían sido evaluadas por organismos reconocidos en otros mercados. Bajo la lógica libertaria, esta duplicación generaba sobrecostos y demoras, encareciendo productos de uso cotidiano como relojes, juguetes, controles remotos, calculadoras y linternas.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la reforma busca eliminar trabas burocráticas que hasta ahora encarecían bienes esenciales sin aportar mayores garantías. “Si una pila ya acreditó su conformidad ante organismos técnicos reconocidos internacionalmente, Argentina reconoce esa acreditación sin obligar a repetir todo el procedimiento desde cero”, sostuvo.
El funcionario también puntualizó que desaparecen las autorizaciones previas para importar y comercializar, y que el cumplimiento se acreditará a través de una declaración jurada de conformidad, acompañada por informes de ensayo o la certificación internacional correspondiente.
A través de su cuenta oficial de X, Sturzenegger amplió su crítica al sistema previo: “Resultaba un impedimento para la importación y un sobrecosto para relojes, juguetes, controles remotos, calculadoras, linternas, teclados inalámbricos y miles de productos de uso cotidiano. Como toda barrera, tiene su ‘cara linda’: el supuesto objetivo de evitar la comercialización de productos con niveles peligrosos de mercurio, cadmio y plomo. Pero la realidad era un lobby atrás que encarecía el precio de esos productos”.
El nuevo régimen, según la Resolución, reemplaza los procedimientos previos por un sistema basado en declaraciones juradas y controles posteriores, tanto documentales como físicos. Las autoridades indicaron que este esquema permite una fiscalización más eficiente, enfocada en el cumplimiento efectivo de los requisitos técnicos y ambientales, y no en trámites formales previos a la importación o comercialización.
La normativa también reconoce la validez de certificaciones emitidas por organismos técnicos extranjeros habilitados, lo que evitaría la duplicación de trámites y reduciría costos para los operadores del sector.
La nueva reglamentación mantiene las exigencias vinculadas a los límites máximos permitidos de mercurio, cadmio y plomo en pilas y baterías, en línea con la legislación vigente destinada a proteger la salud pública y el ambiente. De acuerdo con el texto oficial, los productos que incumplan esos parámetros serán considerados residuos peligrosos y quedarán sujetos a las sanciones y procedimientos previstos por la normativa ambiental.
La reforma deroga los regímenes anteriores establecidos en las Resoluciones 443/2020 y 31/2023, aunque preserva la vigencia de los certificados ya emitidos hasta la fecha de su vencimiento. Además, la norma otorga un período de transición para que los organismos certificadores, laboratorios y empresas adapten sus procesos al nuevo esquema. De este modo, se busca garantizar una implementación ordenada y evitar interrupciones en el abastecimiento del mercado.
Todos los trámites vinculados a la comercialización e importación de pilas y baterías deberán realizarse de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), lo que refuerza la política de digitalización y modernización administrativa que el Gobierno impulsa en distintas áreas.
El texto oficial subraya que la comercialización de estos productos no requerirá autorizaciones previas, salvo disposición expresa en contrario, y que los controles se enfocarán en la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales. De este modo, el Estado buscaría preservar los estándares de calidad y seguridad sin generar obstáculos innecesarios para la producción, importación o venta de pilas y baterías.
En su mensaje, Sturzenegger ejemplificó el alcance de la reforma con el caso de una pila botón fabricada en Japón para un reloj, que se comercializa en Europa, Estados Unidos y Japón tras ser ensayada por laboratorios especializados y certificada por organismos reconocidos internacionalmente. Bajo el régimen anterior, para vender ese mismo producto en la Argentina era necesario certificarlo nuevamente en el país, repetir el trámite para cada modelo y volver a hacerlo cada año. Según el ministro, para el sector de los juguetes, por ejemplo, esto se traducía en una barrera de entrada y un beneficio para los certificadores locales, que definió como “la política industrial más exitosa fue el de la industria de las certificaciones”.
