Inversores, internas y negocios: 2027 ya se asoma
¿Quién puede ser la figura de la oposición que emerja en 2027? ¿Cristina Kirchner tiene margen para volver al Gobierno? ¿Cuál es el nivel de aprobación y de rechazo de Javier Milei? ¿La gente podría volver a dolarizarse de cara a la elección?
Son todas preguntas reales que surgieron esta semana en conversaciones privadas de grandes inversores internacionales. Falta más de un año para las elecciones presidenciales de 2027, pero está claro que, para el mercado, la Argentina todavía está lejos de poder escindir la economía de la política. No importa que ahora el ministro de Economía, Luis Caputo, esté intentando silenciar el fantasma del “riesgo Kuka” que la gestión libertaria se encargó de mantener vivo desde que asumió. Para el mercado, pareciera no haber certezas suficientes.
Ni la Argentina tiene un Banco Central (BCRA) independiente como el que supo construir Perú de la mano de Julio Velarde, ni suenan todavía tan creíbles las declaraciones de los caudillos provinciales, que aseveran públicamente -como por ejemplo hicieron esta semana en el Congreso de IAEF, el rionegrino Alberto Weretilnek o el catamarqueño Raúl Jalil- que el orden de las cuentas públicas llegó para quedarse o que la inflación es un mal que debe atacarse (flaco favor el del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunciando esta semana una reedición de sus cuasimonedas, los “chachos”, para poder mejorar los salarios del sector público y cumplir con las deudas con proveedores). Construir una buena reputación lleva años; revertir una mala, también.
En el equipo económico, en privado, lo admiten. “Cuando pase el Mundial, ya sabemos que van a empezar a intentar tirarnos con todo”, se sinceró un hombre que participa de la gestión. Desde la línea técnica del BCRA, en tanto, vienen desde hace algunos días haciendo llamados a las grandes empresas para ir monitoreando los flujos (ingresos y egresos) de divisas, para no tener sorpresas una vez que los dólares de la cosecha gruesa dejen de fluir con comodidad. Evitar sobresaltos cambiarios es la base de cualquier campaña.
La buena cosecha de dólares del BCRA es la principal herramienta defensiva que encontró Economía para prepararse. Atrás quedaron los días en los que había que justificar que no era necesario comprar reservas, pese a que el mercado y el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo consideraban fundamental. De hecho, para evitar quitarle al BCRA parte de los dólares acumulados, el Tesoro empezó a comprar silenciosamente en el mercado cambiario divisas para poder hacer luego frente a los vencimientos de julio, que suman US$4400 millones. La semana pasada fueron US$150 millones, y la idea sería seguir haciéndolo, siempre y cuando el mercado lo habilite. Esta semana no se hicieron compras. Es una colaboración hormiga también para evitar que el peso se aprecie más de la cuenta.
En el sector financiero esperan que, de continuar la bonanza, eventualmente el ministro Caputo también revierta su decisión de no colocar por ahora deuda en el mercado de capitales. Si alguna de las calificadoras como Standard & Poor’s o Moody’s elevara la nota de la deuda soberana, tal como lo hizo hace algunas semanas Fitch Ratings, el camino estaría allanado. “Es como cuando decían que el mercado estaba equivocado y no necesitaban comprar reservas -opinó el operador de un banco internacional-. Si logran salir al mercado, le van a sacar mucha presión al año electoral. El año que viene es desafiante en materia de vencimientos”, continuó.
Pese a que algunas variables mejoran, o al menos dejan de empeorar, en la economía real hay una palabra que es casi obligada: “eficiencia”. Todas las empresas hoy solo hablan de mejorar la ecuación de costos. Aun entre las que están siendo beneficiadas por el nuevo modelo económico, existe una cautela generalizada. La Argentina de un peso fuerte (o de un dólar barato, que es lo mismo), como la que el oficialismo anticipa, no es para hacer locuras. Un cambio de reglas de juego o una operación mal calibrada pueden dejar a una empresa fuera de juego. Esa es una norma que rige hoy tanto para las empresas privadas como para las públicas. Aerolíneas Argentinas, por caso, está pronta a anunciar que quita sus snacks para todos los vuelos domésticos. Mala noticia para Arcor, la proveedora. Pero es un gasto de US$3 millones en dos años, que con el precio del crudo en ascenso no se puede dar el lujo de solventar. Hoy somos todos low cost.
Tanta austeridad corporativa y familiar —porque a quien no está endeudado todavía le cuesta percibir una mejora concreta en su bolsillo— contrasta con la exuberancia de ciertos empresarios que escalan sus negocios sin pausa y sin disimulo. El mundo energético es tal vez uno de los grandes exponentes de este fenómeno. Un caso es el de Edison Energía, el vehículo inversor de los hermanos Juan y Patricio Neuss —cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo y a su hermano Francisco— y sus socios, que en apenas dos años acumuló distribuidoras, transportistas y centrales hidroeléctricas a un ritmo sin precedente, y el mes pasado coronó esa expansión con la adjudicación del 26% estatal en Transener por US$356 millones, casi el doble del piso que esperaba el fisco. El otro que no para de crecer es el exministro menemista José Luis Manzano: Edenor, la distribuidora que controla junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti, se asoció con la trader global Mercuria —con quien ya tiene historia— para quedarse con entre el 35% y el 40% de los activos que Raizen opera en el país bajo la marca Shell: 894 estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud, dos aeroplantas y dos terminales de combustibles, en una transacción de US$1420 millones. Nombres que, por cierto, no son nuevos en los pasillos del poder ni ajenos a la historia reciente del Enacom, el organismo que hoy ocupa las portadas tras la detención de Facundo Leal. En un país que todavía busca estabilizarse, algunos están en modo expansión.
Al mismo tiempo, no cesa el ruido en torno a la licitación de la Hidrovía, la más grande que tiene en marcha el Gobierno. Trascendió ahora una carta dirigida directamente a la Unctad —el organismo de la ONU que se supone supervisó el proceso— en la que el consorcio encabezado por la belga DEME hace denuncias concretas y de peso: que el pliego fue diseñado a medida del operador incumbente Jan De Nul, que el informe técnico que le dio respaldo institucional al proceso fue elaborado por una consultora española unipersonal con una facturación anual de menos de US$52.000 y sin vínculo formal verificable con la Unctad, y que los criterios de evaluación fueron modificados respecto de lo que ese mismo informe recomendaba, casualmente en el único sentido que solo el actual concesionario podía cumplir. El consorcio, que integran además las norteamericanas KKR, Clear Street y Great Lakes -aunque no figuran en la presentación formal que se hizo ante el Estado nacional- y contaría con respaldo político de Washington, copió en la carta con fecha del 29 de mayo, a la que tuvo acceso LA NACION, al embajador norteamericano, Peter Lamelas, a legisladores y al propio gobierno de Milei. Desde el Gobierno por ahora no hacen comentarios. Se supone que el ganador de la operación debería estar pronto a formalizarse.
Son todos negocios que no quedan al margen de la interna (siempre) feroz que divide a la gestión libertaria. No hay ministro ni secretario de Estado que en privado no relate las peripecias que debe sortear para evitar quedar preso de un bando o del otro. Sobrevivir en la gestión por momentos se hace más complicado por la interna que por los desafíos que presenta el afuera. Los grandes inversores internacionales que esta semana preguntaban por Cristina, por Milei y por 2027 tienen razón en una cosa: en la Argentina, la economía y la política nunca terminan de separarse. La oposición, por ahora, mira y espera. Pero no deja de tomar nota.
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