Dólares del colchón: cuáles son los cambios que el Gobierno incluirá en el nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal

El Gobierno trabaja en definir la letra chica del nuevo proyecto que enviará al Congreso en los próximos días para renovar la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre. El objetivo es ampliar el alcance del régimen, que no logró la adhesión esperada todavía, para que así salgan más 'dólares del colchón'. Según el Indec, a fines de 2025, había más de US$ 218.200 millones.

La confirmación llegó este martes por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, aunque ya es un tema del que se venía hablando en el sector y que el oficialismo está decidido a impulsar como parte de su plan para reactivar la economía.

“Vamos a estar mandando una versión renovada”, anunció el titular del Palacio de Hacienda en el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). “Lo importante es que ese ahorro que está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar mayor crecimiento”, señaló.

Por eso, hace dos semanas, Caputo se reunió con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy –figura clave para el proceso legislativo–; y el titular de ARCA, Andrés Vázquez. Convocaron a seis tributaristas y contadores para escuchar sus sugerencias. Entre ellos, algunos que suelen tener en consideración a diario: César Litvin, Alejandro Rosenfeld, Miriam Roldán, Sonia Becherman y Liban Kusa.

En ese encuentro, los expertos les llevaron una larga lista de planteos. Algunos razonables y otros no tanto, sacaron en limpio en el Gobierno, después de que 'Toto' Caputo y Vázquez, funcionario del ala de Santiago Caputo, coronaron la cita con una foto junto a los demás participantes.

El primer pedido al que cedieron fue el de extender el vencimiento del Régimen Simplificado de Ganancias hasta el 27 de julio para personas humanas y empresas. Lo habilitaron inmediatamente a las horas siguientes. Algunos ya están pidiendo que el plazo se prorrogue hasta agosto.

Hasta ahora, según informó ARCA, se adhirieron al régimen que cumplió un año esta semana más de 80.000 contribuyentes, aunque muchos no presentaron las declaraciones juradas aún, por lo que se desconocen los detalles de sus movimientos. De acuerdo al organismo, la adhesión se duplicó en los últimos 20 días. El Gobierno quiere que más se sumen.

Donde los especialistas más se detuvieron fue en la solicitud de precisiones para obtener un mayor ingreso al circuito formal de los dólares no declarados. De ahí, el despliegue de inquietudes que les trasladaron, sobre todo algunas frecuentes entre sus clientes sobre cuestiones que quedaron poco claras y temores que surgen frente a un posible cambio de reglas con próximas gestiones.

“Excelente reunión con el grupo. Nos explicaron en detalle sugerencias con respecto a la Ley de Inocencia Fiscal”, dijo término Caputo y agregó: “Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones”.

Con el nuevo proyecto, se buscará, por un lado, ampliar el alcance y, por otra parte, despejar algunas dudas para ofrecer “mayor garantía y seguridad jurídica”.

El primer punto que se incluiría es la exención de los topes máximos para ingresar al régimen actuales de hasta $ 1.000 millones de ingresos brutos anuales y $ 10.000 millones de patrimonio total.

A su vez, se analiza incluir a los grandes contribuyentes que quedaron en el padrón luego de la 'depuración' que realizó ARCA en 2025, y que redujo ese número, 60% hasta los 1.500 que quedaron.

De esa manera, prácticamente no habría limitaciones en cuanto al universo de personas comprendido. En Economía, insisten en que no es un blanqueo, sino un sistema que apunta a terminar con la “presunción de culpabilidad fiscal”.

Entre algunas cuestiones técnicas que se buscan aclarar sobre pago de impuestos y multas, están también la modificación de lo que muchos entienden por 'saldo a favor del fisco', que se reemplazaría por 'impuesto determinado'; y precisiones respecto de la “discrepancia significativa” en cuanto a si existe una diferencia mayor a 15% entre lo que el contribuyente declaró y lo que el fisco detecta.

Entre los expertos, hay dudas de si esta flexibilización de la norma será suficiente para generar confianza o si habrá que crear más incentivos para los inversores en general o si apunta, sutilmente, a beneficiar a quienes cometieron delitos del régimen penal tributario.

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