La mentira no tiene un solo dueño
El artículo de Lara Goyburu publicado hace unos días en Clarín (26/5) es un aporte a un debate necesario, pero la respuesta alcanza sólo hasta donde la evidencia elegida le permite llegar. El estudio de Törnberg y Chueri, piedra angular de su análisis, trabaja exclusivamente con cuentas de parlamentarios en Twitter/X y en veintiséis democracias occidentales.
La elección excluye aquellos sistemas políticos donde el autoritarismo de izquierda opera sin oposición visible. En esos contextos no existen parlamentarios que tuiteen en libertad. Medir el fenómeno donde puede hacerse y concluir que solo existe allí es un error metodológico.
El ocultamiento soviético de Chernóbil —un hito en materia de desinformación—, así como los sistemas contemporáneos de censura y vigilancia digital en China o la permanente construcción propagandística del régimen cubano en torno a sus misiones médicas internacionales y el sistema de salud, son ejemplos de esto.
Asimismo, las narrativas actuales utilizadas para ocultar o justificar la persecución de blogueros y periodistas bajo el control del partido único marxista en Laos, Vietnam y el Hong Kong subordinado a Beijing, o en la dictadura colectivista de Eritrea, demuestran que la manipulación informativa no es un rasgo exclusivo de una ideología. Pero al menos allí no gobierna la ultraderecha.
La segunda falla es una distinción que el texto presenta como analítica: el populismo de izquierda “disputa en los medios establecidos sin necesitar destruirlos”, mientras el de derecha radical los desacreditaría como condición de posibilidad de su narrativa.
El populismo de izquierda latinoamericano -el chavismo es el caso más documentado, aunque la experiencia argentina ofrece material abundante- recurrió sistemáticamente a la creación de medios paraestatales, a leyes de medios restrictivas o a expropiaciones y a la acusación permanente contra la “prensa corporativa” como agente de poderes fácticos.
Por otra parte, al afirmar que la acusación sistemática a periodistas es un “uso estratégico y sostenido de la deslegitimación como política de comunicación”, se adopta una perspectiva unidireccional de la opinión pública. Este enfoque asume que las estrategias discursivas de las élites políticas operan en el vacío y poseen una capacidad omnipotente para moldear las percepciones sociales por el mero hecho de ser sostenidas en el tiempo.
Más reveladora es la evidencia que cita para un caso argentino: casi el 40% de los encuestados consideró que la cobertura del caso $LIBRA no fue objetiva. Un 37% la calificó como solo parcialmente objetiva. La autora lee ese 77% de escepticismo agregado como “sustrato fértil” para las narrativas de desprestigio de la derecha radical.
Pero los números apuntan en la dirección opuesta: al ser la desconfianza hacia la prensa mayoritaria y transversal a las identidades políticas, se trata de un fenómeno independiente de simpatías ideológicas o partidarias.
Al postular que “el punto no es si esa acusación es verdadera o falsa”, el argumento elude la pregunta central: si existe un sesgo sistemático en el periodismo y qué condiciones explican la desconfianza ciudadana hacia los medios tradicionales.
El electorado que no comparte el diagnóstico dominante deja entonces de ser entendido como un actor racional que discrepa y se avanza en el más peligroso de los pasos: la disidencia ya no aparece como desacuerdo político legítimo, sino como déficit cognitivo o moral.
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