El Gobierno y las Universidades buscan destrabar un acuerdo para poner fin al conflicto universitario
El Gobierno y las Universidades nacionales atraviesan horas decisivas en la búsqueda de un acuerdo que permita destrabar el conflicto universitario, que también está judicializado con un expediente a decisión de la Corte Suprema de Justicia.
El borrador del posible acuerdo implica una recomposición salarial de 24,3%, más fondos para becas estudiantiles y los hospitales universitarios.
Pero el Gobierno exige a los rectores de las universidades nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que retiren la demanda judicial que escaló hasta la Corte Suprema, para el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.
Este punto puso trabas desde el lunes a la realización de una nueva reunión entre las partes, porque desde el CIN se descartó de plano declinar el planteo judicial.
"La cautelar se mantiene, tanto por convicción como por resguardo (del cumplimiento de un eventual acuerdo). El Gobierno ha pedido bajarla pero eso no va a pasar", aseguraron a Clarín fuentes universitarias. Con amplios sectores de la comunidad universitaria proclives a destrabar el conflicto, allí consideran que ahora "la pelota" quedó del lado del Gobierno.
La posibilidad de un acuerdo tomó forma este lunes en la reunión que mantuvieron el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, con las máximas autoridades del CIN, su presidente el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, y Anselmo Torres, vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
La oferta del Gobierno -algo más de 24% de recomposición-, es "intermedia" respecto de lo que establece la ley incumplida por la administración Milei. Los salarios docentes y no docentes llevan perdidos más de 45% desde que asumió Javier Milei y le quitó financiamiento a las universidades públicas.
En las conversaciones entre el Gobierno y los rectores se ofreció recomponer salarios en 21,3% desde junio (a cobrar en julio) y otro 3% desde octubre.
Estos porcentajes serían un 7% a cuenta de lo perdido en 2024; 12% de 2025 y un 3,4% hasta mayo de 2026, indicaron fuentes de la negociación.
En este esquema, admiten que quedaría pendiente resolver la mayor parte de la pérdida salarial de 2024, y para eso se convocaría una "comisión técnica" integrada por el Gobierno y los gremios del sector.
Habría asimismo una reunión paritaria convocada a los 3 meses de la realización del acuerdo -como se establece en la ley de Financiamiento.
En el acuerdo entrarían también los fondos para gastos de funcionamiento, becas estudiantiles y hospitales universitarios.
Se estima que implicaría una erogación de $800 mil millones, la mayor parte de estos recursos destinados a salarios (que son el 90% del Presupuesto de las Universidades).
Las universidades tienen a favor dos fallos judiciales que ordenan cautelarmente que se cumpla la ley sancionada por el Congreso, luego vetada por Milei y, en un hecho inédito de defensa de la Educación Pública, insistida por mayoría de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso.
Los fallos fueron en primera instancia del juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick, ratificado a fines de marzo por la Cámara de Apelaciones que dijo además, que eran "poco serios" los argumentos del Gobierno y no se privó de señalar que el 0,23% del PBI que insume pagar la ley es "poco significativo" dentro de los gastos del Estado.
Pero el Gobierno acudió con un recurso extraordinario a la Corte Suprema, y los jueces suspendieron la ejecución de la sentencia hasta que la Corte se manifieste.
Los expertos indican que la Corte no suele tomar una cautelar. Esa es la decisión que se espera del máximo Tribunal. Pero desde la Corte demoran la definición y avisaron que "no tienen plazos" para pronunciarse.
Desde las Universidades señalan que la situación de atraso salarial es grave y un acuerdo, aunque no se pague la totalidad de la ley, sería un paso.
"El Gobierno ha admitido que los recursos están, entonces avancemos", meten presión.
¿Cómo explicarían que aceptan algo así como la mitad de lo establece la ley?, es la pregunta. Según explican, sería la manera de "empezar a cumplir la ley". Por eso le dan importancia a la comisión técnica, que seguiría las negociaciones.
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