Javier Milei y sus medidas, en vivo: el conflicto por los fondos universitarios y la reglamentación de la reforma laboral
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El ministro del Interior, Diego Santilli, se sumó esta mañana a una reunión de gobernadores del norte del país en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y defendió la eliminación de las PASO por el costo económico que tienen, que estimó entre los 220 y los 240 millones de dólares. Además se mostró esperanzado en que el Gobierno logrará los votos en el Congreso para hacer avanzar esa intención.
Al llegar al CFI, en la calle Azopardo al 750, en el bajo porteño, Santilli se detuvo en la vereda y, en declaraciones a la prensa, sostuvo que “las PASO cuestan entre 220 y 240 millones de dólares” y que se experimenta “una merma de votantes” debido a su realización.
“La gente no quiere ir a votar cuatro o cinco veces”, subrayó Santilli. Consultado sobre las chances de que avance en el Congreso el proyecto de reforma política del Gobierno, con la quita de las PASO incluida, señaló que están “trabajando con Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados) y Patricia Bullrich (jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado)”.
Impulsada principalmente por lo ingresado en concepto de Ganancias, impuesto a los combustibles y Bienes Personales, la recaudación tributaria de mayo cortó nueve meses consecutivos de caída. Lo ingresado a las arcas estatales en concepto de tributos ascendió a $21.513.588 millones, lo que implica un alza nominal de 35,6% y un aumento real –descontada la inflación– de 1,7%.
Si bien registró un resultado positivo, la recaudación continuó afectada por los menores ingresos vinculados al comercio exterior. Además, fue notorio este mes el débil comportamiento de los tributos relacionados con la actividad económica, como el IVA y el impuesto al cheque.
El jueves pasado, cuando la Policía Federal ingresó al departamento del expresidente de Arsat Facundo Leal en Palermo Chico, los oficiales encontraron una serie de aparatos profesionales de espionaje, además de cientos de miles de dólares y drogas.
El hallazgo de este equipamiento, que fue confirmado a LA NACION por fuentes con acceso al caso, coincide con el testimonio de quienes aseguran que Leal acostumbraba a grabar y filmar a sus interlocutores. La pregunta es por qué o para quién.
Chevron lleva 26 años en la Argentina y más de US$10.000 millones invertidos. Ahora volvió a hacer una apuesta de magnitud. La compañía presentó una solicitud bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para un nuevo proyecto de desarrollo upstream en el área de El Trapial, en Neuquén, con una inversión estimada de US$13.800 millones. Es la aplicación más grande presentada hasta ahora bajo ese esquema y la más ambiciosa de la historia de la empresa en el país.
“Chevron reconoce los esfuerzos del Gobierno argentino por los importantes avances logrados para el desarrollo de los recursos energéticos de la Argentina. Marcos como el RIGI, que contribuyen a la previsibilidad regulatoria e incentivan las decisiones de inversión a largo plazo, son pasos clave para la industria energética”, dijeron en un escueto comunicado.
Luis Caputo volvió a entrar en modo electoral. Esta vez, el ministro de Economía eligió el Cambras Business Day —el evento que organiza la cámara empresarial brasileña en la Argentina— para lanzar una de las frases más contundentes de su gestión: el kirchnerismo, dijo, no es una opción en el país sin importar lo que ocurra.
“Puede haber un shock externo, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina”, dijo. Y fue más lejos: pronosticó que Javier Milei ganará las elecciones de 2027 “por paliza en primera vuelta”. “No lo digo con soberbia, sino que es efectivamente lo que pienso”, aclaró.
El proyecto que el Gobierno presentó la semana pasada para regular el lobby encendió alarmas en organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover la transparencia, la cooperación internacional y controlar la actuación estatal. Aunque reconocen la necesidad de transparentar la influencia sobre las decisiones públicas, advierten que la iniciativa no distingue entre quienes buscan defender intereses particulares y quienes impulsan causas de interés público, una definición que, sostienen, podría alcanzar actividades habituales de incidencia ciudadana y monitoreo del poder.
“La definición de gestión de intereses es demasiado amplia”, afirmó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Según explicó, cualquier reunión, llamado telefónico o correo electrónico dirigido a un legislador o funcionario con el objetivo de promover cambios en una política pública podría quedar alcanzado por el régimen.
Cuando Javier Milei defendió su plan de privatizaciones, aseguró que “todo lo que pueda estar en manos del sector privado” dejaría de estar bajo la órbita estatal. La definición venía precedida de la opinión que el propio jefe de Estado tiene de lo público: “El Estado es una organización criminal”.
El eco de esas palabras resuena ahora a la luz de algunas decisiones de la gestión libertaria, que pueden resultar paradójicas. Aunque el Gobierno puso en marcha un plan para ir retirando al Estado de la vida de los argentinos, el sector público aumentó su participación en el capital social de algunas de las compañías más importantes del país. Ese avance se dio a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
La Justicia dio un paso adelante para identificar la red de intermediarios que se movían alrededor de Martín Migueles, exsocio de Elías Piccirillo, y lograban acceder de manera exprés al Sistema de Importaciones de la República Argentina, más conocido como SIRA. El fiscal Franco Picardi identificó a “Pato”, una de las personas que aparece en los chats del financista. De acuerdo a las pruebas que hay en el expediente, se trata de Patricio Guido Marre, un asesor inmobiliario de la zona de Nordelta a quien Migueles habría conocido a través de una expareja. Tras la identificación, el fiscal pidió analizar todas sus llamadas entre enero de 2022 y diciembre de 2023. Sospecha que puede ser un nexo con exfuncionarios.
El ministro Sturzenegger enviará el proyecto de ley al Congreso y las modificaciones que se encuentran en el borrador son:
La IGJ avanza hacia un sistema registral digital.El organismo incorpora la plancha de inscripción digital y elimina las copias en papel del instrumento original.Qué cambia y por qué importa 👇🏼 pic.twitter.com/Zbvtf4rOMB
Great meeting Casa Rosada. My friend President Javier Milei @jmilei US Congressman Mario Diaz-Balart @MarioDB US House Appropriations Committee and US Ambassador Peter Lamelas @USAmbassadorArg discussed our strong relationship US support and investments. LLA to MAAGA 🇺🇸🇦🇷 pic.twitter.com/vkb6KgxGZB
EL CALAFATE.- En un revés para el municipio de El Calafate y legisladores locales, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó de manera íntegra la medida cautelar que mantenía suspendida la aplicación de la nueva Ley de Glaciares (27.804) en la provincia de Santa Cruz.
El tribunal, integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, consideró que no se encuentra acreditado un peligro de daño inminente que justifique frenar una norma dictada por el Congreso de la Nación.
El fallo, que puso el foco en el rigor técnico y la división de poderes, revocó la medida dictada por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, y si bien el tribunal dejó sin efecto la decisión del magistrado, subrayó que los glaciares en Santa Cruz no se encuentran desamparados, debido a la vigencia de “capas de protección” que le otorgan leyes provinciales y nacionales que preceden a la reforma cuestionada.
El Gobierno y las universidades buscan la forma de destrabar el conflicto por más fondos para las casas de estudios superiores nacionales. Con ese espíritu, este lunes mantuvieron una nueva reunión: aunque lograron coincidir en una propuesta económica, resta alcanzar un acuerdo sobre cómo llevarla a la práctica. El Ejecutivo pide que los rectores desistan de la demanda judicial para que se cumpla la ley de financiamiento aprobada e insistida por el Congreso, pero ellos no están dispuestos a hacerlo. Así lo confirmaron fuentes de ambas partes de la negociación.
Como publicó LA NACION, el Gobierno y los rectores universitarios tenían voluntad de avanzar en una solución para el conflicto durante esta semana. Las conversaciones, en rigor, empezaron la semana anterior. La Subsecretaría de Políticas Universitarias mejoró su propuesta inicial y, para el encuentro de este lunes, estaba sobre la mesa un incremento salarial cercano al 24%: un aumento del 21,33% para el salario de junio más un 3% en octubre, según pudo saber este medio.
La “banda de los mendocinos”. Así llaman en los pasillos del poder al grupo de funcionarios que hace años controlaba Arsat. Con Facundo Leal, expresidente de la empresa detenido, como una de las principales figuras, ascendieron dentro de la compañía mientras su patrimonio crecía a niveles inexplicables. Ahora, cuatro de ellos se encuentran imputados y con pedido de indagatoria por la sospecha de que recibieron coimas para contratar a un depósito.
Repetidas fuentes, conocedoras de su nivel de vida, comentaron a LA NACION que lo hallado en los allanamientos y el expediente en sí es tan solo una pequeña porción del dinero que habrían movido dentro de la empresa. Además de Arsat y de su provincia de origen, los mendocinos comparten algo más: un importante crecimiento en la función pública entre 2025 y 2026.
El grupo se compone de algunos imputados y otros no implicados hasta ahora en la causa, todos dentro de Arsat desde hace prácticamente 20 años, cuando llegaron de la mano del exgobernador de Mendoza Rodolfo Gabrielli (PJ). Dentro de los primeros se encuentran Leal, Gerardo Boschin (era gerente de compras y luego fue designado al frente de Trenes Argentinos), Juan Andrés Navarro, exsubgerente de Administración y Finanzas de Arsat y Pablo Gastón Pagani, exgerente de Finanzas de la empresa.
El Gobierno está en una situación ambivalente. Las encuestas muestran que la declinación de su imagen frente a la opinión pública se detuvo. Pero aquel debilitamiento, que parece haber tocado un piso, dio origen a una nueva administración. Existen cambios que se produjeron durante los últimos meses que dan la sensación de que difícilmente el oficialismo siga siendo el mismo. Aunque revierta la caída.
Una encuesta elaborada por la consultora de Hugo Haime, con base en el índice de aprobación y desaprobación de la gestión Milei, exhibe una leve suba en el nivel de aceptación: pasó de 34 a 35% entre los meses de abril y mayo. Mientras tanto, el rechazo a la administración libertaria cayó de 63 a 61% en el mismo período.
El Gobierno avanza con la desregulación del mercado inmobiliario. Según adelantan fuentes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger, están preparando un proyecto de ley que busca modificar el corretaje en la Argentina y que entraría al Congreso este mes.
Todo empezó como un robo en un depósito de fibra óptica de Arsat, la empresa nacional de telecomunicaciones, pero a medida que la investigación avanzó, afloraron pruebas que complican a funcionarios en delitos de corrupción.
El robo fue raro. Requirió un gran despliegue y varios días de trabajo, según declaró un especialista en la causa. Las cámaras de seguridad que debían custodiar el predio no funcionaban. Escuchas judiciales afianzaron luego la hipótesis de que el depósito robado habría sido adjudicado con una licitación irregular. Los investigadores sospechan que a cambio de sobornos.
El principal acusado es Facundo Leal, expresidente de Arsat durante la gestión de Alberto Fernández, reconvertido en funcionario del gobierno de Javier Milei como titular del Orsna, el organismo que controla el sistema de aeropuertos nacionales. Leal es el protagonista del último giro de esta trama y el más llamativo: los investigadores le encontraron más de 2 millones de dólares en efectivo y una cantidad de drogas equivalentes a miles de dosis recreativas.
La jefa del bloque libertario del Senado, Patricia Bullrich (Capital), anunció que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” y que votará en contra del retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata cuya postulación Javier Milei impugna por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar…
“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, escribió Bullrich en la red social X, despegándose de la decisión del Gobierno, que el martes de la semana pasada pidió el retiro del pliego que nomina a Michelli como vocal del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.
Great meeting Casa Rosada. My friend President Javier Milei @jmilei US Congressman Mario Diaz-Balart @MarioDB US House Appropriations Committee and US Ambassador Peter Lamelas @USAmbassadorArg discussed our strong relationship US support and investments. LLA to MAAGA 🇺🇸🇦🇷 pic.twitter.com/vkb6KgxGZB
¿El RIGI o el Súper RIGI, que el Gobierno acaba de enviar al Congreso, están cocinando a fuego lento otro régimen de Tierra del Fuego que le quitará recursos a los argentinos, según plantean las voces más preocupadas por esos esquemas? ¿O, al contrario, están produciendo un giro copernicano de la matriz productiva que pondrá a la Argentina y a los argentinos en el mapa global de la riqueza futura, según sostienen los libertarios? La Argentina de Milei recién empieza, pero ya hay un sistema métrico que busca entender el impacto a largo plazo que se podría estar generando desde este inicio.
Hay una discusión más delicada y sutil, ya en marcha: la que pone el foco en el metro patrón del mediano-largo plazo. La cuestión hacia adelante es cuánto dura el impacto de las políticas mileístas que se lanzan hoy y cuáles son sus efectos colaterales en un eventual futuro sin Milei. En ese sistema métrico de externalidades, hay una duda clave: ¿las consecuencias de las políticas desregulatorias y reformistas del Gobierno libertario serán más positivas que negativas, o lo contrario?
Entre las novedades más relevantes de la reglamentación de distintos artículos de la ley de modernización laboral que implementó el gobierno de Javier Milei este lunes se encuentra la aprobación del nuevo modelo de recibo de sueldo que entrará en vigencia a partir del próximo mes. Con las modificaciones registradas, el comprobante oficial deberá informar, entre otros cambios, el costo laboral total asumido por el empleador.
A través del Decreto 407/2026 publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, la administración mileísta dio luz verde para el nuevo formato del documento legal que recibe el empleado y en el que se informa el sueldo bruto percibido, las deducciones obligatorias (como jubilación y salud) y el sueldo neto que finalmente se recibe.
El juez federal Ariel Lijo ordenó peritar los audios en los que se escucha al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo mencionar que supuestamente Karina Milei cobraría el 3% del precio de los medicamentos comprados por el organismo.
Spagnuolo, que está procesado en la causa, argumentó que esos audios, que se conocieron por el streaming Carnaval, supuestamente cercano al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, son falsos y que fueron armados con inteligencia artificial.
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