La Constitución de 1940: la piedra angular para una nueva Cuba

Toda nación que sale de una larga noche autoritaria necesita algo más que entusiasmo, consignas o buenos deseos. Necesita un punto de partida legítimo. Una base reconocible. Un suelo común donde puedan encontrarse quienes discrepan, pero comparten una aspiración elemental: reconstruir la república.

Para Cuba, ese punto de partida no hay que inventarlo en una oficina improvisada, ni encargarlo a comisiones especiales, ni dejarlo en manos de expertos de última hora con ínfulas fundacionales. Ese punto existe. Se llama C40.

La C40 no fue una pieza decorativa, sino fruto de un proceso político, legal y nacional donde participaron las principales corrientes republicanas: conservadores, liberales, auténticos, comunistas, intelectuales, juristas, líderes obreros y parlamentarios. Con figuras como Márquez Sterling, Grau, Chibás, Prío, Mañach, Ferrara, Cortina y Núñez Portuondo, fue un verdadero pacto nacional, amplio, plural, legítimo y profundamente cubano.

Ese origen importa. Las constituciones no son solamente textos jurídicos. Son actos de legitimidad. Una constitución verdadera no se impone desde arriba, no se redacta para blindar a un partido, no convierte la ideología oficial en dogma de Estado. De ahí el célebre grito del senador José Manuel Cortina durante su redacción: “¡Los Partidos fuera! ¡La Patria dentro!”. La idea era clara: la nación debía estar por encima de las facciones.

Una constitución digna de ese nombre limita el poder, protege al ciudadano y establece reglas comunes para que el país no dependa del capricho de un caudillo. En ese sentido, la C40 representa el último gran consenso político de la Cuba libre.

Ayer, en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami, asistí a un panel sobre la vigencia de la C40. Allí, Néstor Carbonell, amigo querido, abogado, ensayista e historiador, nieto del senador José Manuel Cortina, defendió brillantemente su valor histórico y político. Recordó que los pueblos liberados del comunismo no deben inventar nueva legitimidad: a veces solo tienen que recuperar la arrebatada.

Carbonell recordó el ejemplo de Estonia, Letonia y Lituania, que tras el comunismo apelaron a la continuidad jurídica de sus repúblicas precomunistas. Letonia reinstauró su Constitución de 1922; Estonia y Lituania reconstruyeron su legalidad democrática desde esa memoria estatal. La lección es clara: después del totalitarismo, una nación no parte del vacío, sino de la legalidad interrumpida por la fuerza.

Ese precedente ilumina el caso cubano: Batista rompió en 1952 el orden constitucional nacido en 1940, y la demanda legítima fue restaurarlo. Esa promesa estuvo en el centro del movimiento revolucionario; incluso Castro la invocó en "La historia me absolverá“. El drama comenzó cuando quienes prometieron devolver la legalidad republicana restituyendo la C40 terminaron traicionándola desde el poder y enterrándola bajo el nuevo régimen.

Esa fue la primera gran traición del castrismo. No comenzó solamente con las confiscaciones, los fusilamientos, la censura o el partido único. Comenzó cuando el nuevo poder decidió que la C40 no era una norma que debía respetarse, sino un obstáculo que debía manipularse, aplazarse y finalmente enterrarse. La revolución no restauró la república: la sustituyó por un régimen de mando personal, primero carismático, luego burocrático, siempre autoritario.

Las constituciones socialistas posteriores, la de 1976 y la de 2019, no pueden compararse con la C40 en legitimidad democrática. Podrán haber tenido referendos, actos públicos, campañas oficiales y rituales de aprobación masiva, pero nacieron dentro de un sistema donde no existe competencia política real, libertad de prensa, separación de poderes ni alternancia.

Una constitución que declara al Partido Comunista como fuerza superior de la sociedad y del Estado no funda una república: consagra una subordinación. No protege al ciudadano frente al poder; protege al poder frente al ciudadano.

Por eso la C40 debe ser la piedra angular de una nueva Cuba. No porque sea perfecta. No porque deba restaurarse como fósil jurídico, intacto, inmóvil, encerrado en una urna patriótica.

Toda constitución necesita reformas, enmiendas y actualización. Cuba ha cambiado. El mundo ha cambiado. La propiedad, la tecnología, las comunicaciones, los derechos individuales, la economía global y la relación entre Estado y ciudadano exigen ajustes profundos. Pero una cosa es reformar una base legítima y otra muy distinta es empezar desde cero en medio del ruido, la improvisación y la ansiedad fundacional.

A quienes dicen que la C40 es demasiado antigua habría que recordarles que la Constitución de Estados Unidos fue redactada en el siglo XVIII y sigue siendo el marco institucional de la democracia más influyente del mundo. Su fuerza no está en haber permanecido congelada, sino en haber permitido reformas sin destruir su principio esencial: limitar el poder y preservar la libertad. La antigüedad, cuando está asociada a legitimidad, continuidad y capacidad de enmienda, no es defecto. Es autoridad histórica.

Algo similar puede decirse, en otro plano, de la Torá para el pueblo judío. Más allá de las diferencias religiosas, filosóficas o políticas entre judíos de todo el mundo, la Torá ha funcionado durante siglos como referencia común, memoria compartida y eje de continuidad. No todos la interpretan igual. No todos la viven igual. Pero todos reconocen su lugar central en la identidad colectiva. Cuba necesita algo parecido en el terreno cívico: un texto capaz de unir, orientar y recordar que la nación no empezó con la revolución ni debe recomenzar cada vez que aparece un grupo con pretensiones constituyentes.

Hoy surgen propuestas, plataformas y planes para una Cuba futura. Eso es natural y totalmente saludable. Pero sería un error grave permitir que la arquitectura inicial de la nueva república quede en manos de aficionados, iluminados, grupos de presión o redactores sin la estatura histórica, jurídica y política de quienes produjeron la C40. Una mala constitución puede hipotecar una transición desde el primer día. Puede crear instituciones débiles, ambigüedades peligrosas o nuevos espacios para el autoritarismo con lenguaje democrático.

La C40 ofrece algo invaluable: un punto de arranque legítimo, cubano, republicano y plural. Puede ser reformada, modernizada y adaptada. Pero debe ser reconocida como el puente entre la república interrumpida y la república por reconstruir. En una Cuba fragmentada por el exilio, la represión, la propaganda y la desmemoria, la C40 puede funcionar como casa común.

No resolverá por sí sola todos los problemas. Ninguna constitución lo hace. Pero puede impedir que la nueva Cuba nazca sin raíces, sin brújula y sin memoria. Y después de más de seis décadas de simulacro constitucional socialista, empezar desde una legitimidad auténtica no es nostalgia: es prudencia republicana.

Frank Zimmerman es Strategic Advisor y Senior Multimedia Producer en el Adam Smith Center for Economic Freedom at FIU. Consultor y comentarista político, es autor del libro “12 Mitos sobre Cuba” y otros artículos; analiza temas de libertad, democracia y autoritarismo en América Latina.