El PJ denuncia a Villarruel, la guerra que perdió Cristina y el paraíso de Milei

El peronismo pondrá esta semana a prueba qué poder tiene el oficialismo para enfrentar una nueva batalla judicial. El Gobierno planteará a la oposición otra pelea en la guerra cultural por la desregulación del sistema de sociedades comerciales. El peronismo cree que Milei abusa de autoridad al negarles la representación en las comisiones en el Congreso, y pedirá un amparo a la Justicia que puede empastar toda la gestión legislativa.

El Gobierno, en su contraataque desregulador, le sacará punta al argumento trumpiano, que ha importado sin beneficio de inventario, que detrás de cada regulación hay un interés. La oposición afirma, en respuesta, que detrás de cada reforma Milei puede haber también un interés. Por esa razón nada asegura que este debate sea un paseo.

En el artículo 2 de proyecto de reforma de la ley de sociedades dispone que “las normas de esta ley son supletorias de la voluntad de las partes expresada en el estatuto, aun cuando la ley no lo establezca expresamente. Este principio solo cede frente a disposiciones imperativas, las cuales son de interpretación restrictiva. En caso de duda, las normas de esta ley deben considerarse de carácter supletorio”.

Mejor que lo aclaren, porque esto lo debe estar festejando el fondo Burford, que argumentó lo mismo en el juicio que inició en el juzgado de Loretta Preska contra la Argentina por la estatización de las acciones de Repsol en YPF. La jueza les dio la razón en primera instancia. Menos mal que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York determinó lo contrario, que el derecho público argentino prevalece sobre el estatuto privado de la compañía, dejando sin efecto la millonaria condena inicial.

Es difícil que estos conceptos sean aceptados pacíficamente por el Congreso. La demanda de Burford no ha terminado, pese al fallo a favor de la Argentina en Cámara. Las apelaciones pueden seguir y afirmar esto desde el Poder Ejecutivo argentino contradice los argumentos hasta ahora exitosos de la defensa.

En las últimas horas el interbloque de Unión por la Patria reunió las firmas necesarias para presentar ante la Justicia un reclamo contra Victoria Villarruel. Piden que se declaren inconstitucionales una decena de decretos de su presidencia de la Cámara que disponen designaciones en comisiones que no respetan la proporcionalidad que impone el reglamento. También hacen un pedido de amparo hasta que se resuelva la cuestión.

No es fácil que la Justicia acceda a eso, aunque la acción arroja sombras sobre las decisiones que pueda tomar el Senado en el tratamiento de proyectos de ley que no han merecido el debate suficiente, ni el respectivo dictamen de las comisiones. El peronismo concentra fuego sobre la vicepresidenta, que no es la mejor representante de Olivos en el Poder Legislativo.

La hace responsable de una presunta violación del reglamento de la Cámara que prevé una representación proporcional en las comisiones. Este rol es central en la vida legislativa. Las comisiones elaboran y aprueban con su despacho de comisión. Es la opinión de los legisladores sobre los proyectos que van al recinto.

Esta representación está prevista en el reglamento y es habitual que el plenario delegue en la presidencia de la Cámara, en este caso Villarruel, o Martín Menem en el caso de la Cámara de Diputados, integrar las comisiones según un reparto que respete la importancia de la bancada en el total.

Esa delegación supone alguna confianza en la capacidad del presidente de la Cámara, que debe adaptar su decisión aplicando criterios que se ajusten a un reglamento cuya redacción deja espacio a la discrecionalidad. El reglamento dice que esa integración “debe hacerse en lo posible en forma que los sectores políticos estén representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara” (artículo 14° del reglamento).

En este caso, opinan los senadores peronistas, Villarruel no ha actuado con la buena fe que se le delegó para la función de repartir cargos. Según el reclamo que firmaron en estos días los senadores peronistas, les corresponden por lo menos seis senadores en cada comisión -las hay de 17 y de 19 integrantes, algo que puede hacer variar estas representaciones-.

Ya en la anterior legislatura, el oficialismo de la Cámara era criticado por el peronismo por no cumplir la norma. La Libertad Avanza aumentó la representación y también la cantidad de aliados. El entendimiento del oficialismo reunió 44 senadores, con lo cual es una holgada mayoría -hasta diciembre pasado tenía entre 34 y 38 senadores-.

Hoy llegan a los 44 que coordina hasta el momento Patricia Bullrich. Esta senadora ejerce de hecho la jefatura política del sector y negocia con propios y ajenos posiciones de poder, quitándole gravitación a Villaruel. Llegó a un acuerdo con el peronismo para reconocerle los 6 integrantes en comisiones de menor importancia y que reúnen de manera esporádica, como la de Defensa del Niño.

Pero en las comisiones picantes, el peronismo rechaza integrar apenas 3 senadores en representación de los 25 senadores del interbloque. Se han negado a integrar las comisiones y eso les ha impedido hacer dictamen en asuntos muy importantes, que han pasado por la comisión de Acuerdos, de Presupuesto y Hacienda, Justicia, Asuntos Penales, etc. Desde ya que el peronismo no tiene la presidencia de ninguna comisión.

La presentación ante la Justicia dividió al bloque peronista según la oportunidad de judicializar la protesta. Un sector prefería seguir negociando con Patricia Bullrich, que logró aumentarles la representación en algunas comisiones. Pero se suceden sesiones a las que llegan proyectos a recinto solo con un proyecto de mayoría, firmados por la alianza de los 44.

El peronismo, mientras tanto, tiene que ir al debate en el recinto, en donde se juega todo, sin espacio ni tiempo para un debate fino de los temas. Ese escrito de 188 páginas (demanda y prueba documental) describe con detalle cómo debe modificarse la representación, pero le agrega veneno a la demanda cuando transcribe expresiones de Patricia Bullrich reconociendo la justicia del reclamo.

Por ejemplo, cuando pide (lo hizo en varias ocasiones) que le den tiempo para remediarlo. Ya atacar a Villarruel por eso es un palo en la rueda del oficialismo, por las malas relaciones de la vicepresidenta con Olivos. Pero además de agregarse a la queja que Bullrich les da la razón, echa sal sobre la herida. Sus palabras implican la admisión abierta de que el Interbloque Popular no tiene los miembros que le corresponden, y prometió que lo iban a arreglar, afirma el largo escrito.

En el escrito argumentan que el interbloque peronista tiene el 34,72% de la representación y le corresponden 6 integrantes en comisiones de 17 miembros y 7 en las de 19 miembros. Para evitar la negativa, piden que la Justicia contenciosa declare la inconstitucionalidad de una decena de decretos firmados por Villarruel entre diciembre de 2025 y mayo de este año integrando de manera discriminatoria las comisiones.

Es oportuna esta demanda porque hay proyectos sobre temas centrales que están yendo sin dictamen de minoría o con acuerdo para que sean de mayoría. En esta semana van acuerdos de jueces en cuyo debate en la comisión no han participado los senadores. Sí lo han hecho en los cabildeos previos entre candidatos, postulantes y padrinos, pero no hay dictamen de la minoría en un tema tan competitivo como la Justicia.

El peronismo administró los acuerdos del Senado para cargos de magistrados por lo menos desde 1973. En diciembre pasado perdió ese control. La prueba más evidente de esta pérdida de poder histórica es que Cristina Kirchner está procesada y detenida. Es difícil imaginar que hubiera ocurrido algo así, si el peronismo hubiera conservado ese control desde el Senado.

Es un efecto del resultado electoral, pero también es consecuencia política de las guerras que planteó el kirchnerismo, durante los ocho años del gobierno de Cristina, contra la Justicia. Le quedaron pocos amigos, ni oídos para su reclamo de reformas, que quería llevar a una revolución que incluía que los representantes judiciales al Consejo de la Magistratura fueran elegidos por el voto popular. De aquellos polvos, estos lodos.

El debate es oportuno porque este fin de semana el Gobierno publicitó un proyecto de reforma de la ley de sociedades que se convertirá en una prueba de fuerza en la guerra cultural con la oposición. El proyecto plantea una modernización de las normas de las sociedades que las adapta a la dinámica de las relaciones económicas actuales, e incorpora modalidades de actuación que desregulan el sistema para hacerlo más eficiente.

Según el anuncio, se trata de convertir a la ley de sociedades en supletoria de los estatutos privados. Manda la voluntad de los socios en las acciones. Se derogan las regulaciones sobre objeto social, y se plantea el imperio de la voluntad del inversor por sobre otras consideraciones que quedaron reflejadas en la actual ley, que data del gobierno militar de Lanusse.

El proyecto es indiscutible en cuanto a sus objetivos, pero será objeto de un debate que se espera largo, así como llevó mucho tiempo el de la reforma del código de procedimiento penal, o las leyes de despenalización del aborto. Redundará en una confrontación entre el Gobierno desregulador y los defensores de la autoridad regulativa del Estado. Puede convertirse en un símbolo de la actual gestión mucho más que la reforma laboral, que se negoció con los sindicatos.

No faltarán quienes la vean como expresión de la utopía mileísta de convertir a la Argentina en un paraíso societario donde vengan dineros de todo el mundo a aprovechar una legislación laxa y distante de los lazos regulatorios que rigen en Europa, Asia y América Latina. Para ellos es un complemento de los RIGI, la nueva vida que le da el ingenio criollo a la vieja protección industrial que tan criticada fue por la ortodoxia.

Aun así, sus propios redactores sostuvieron en la letra del proyecto los rituales de control de los órganos que vigilan el lavado de dinero, la elusión y la evasión fiscal. Habrá también cuestionamientos a la libertad de flujos de capital, que será reprochada por quienes verán que quedan negocios libres de imposición fiscal por la Argentina.

También ya hay prevenciones sobre la suerte que pueden tener decisiones judiciales en procesos realizados en el extranjero pero que implican a empresas argentinas, y la posibilidad de que extiendan o no la vigencia al país.

Un caso que puede ser examinado a la luz de este nuevo proyecto es qué validez puede tener fallo como el de la jueza Preska sobre la demanda de los fondos Burford contra YPF o frente el viejo tema del exequátur, es decir la capacidad de la Justicia argentina de examinar sentencias extranjeras sobre su aplicación o no.

A partir del texto que se conoció pero que no tiene aún cámara de destino en el Congreso, despertó también comentarios sobre la siempre ríspida relación entre el sistema judicial y los mecanismos de mediación privada, que acuerden sociedades que se sometan a jurisdicciones extranjeras para resolver los conflictos.

La mediación es el sistema predilecto de las empresas privadas con inversión en el país porque saca los conflictos de la sede judicial. En la Argentina hay casos emblemáticos, el más citado es el fallo Sargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1974.

Aquel fallo, que elaboró el constitucionalista Héctor Masnatta cuando era juez del tribunal supremo, impuso la doctrina que le reconoce a la Corte la facultad de revisar los laudos arbitrales si vulneran garantías constitucionales, o se apartan de los términos del compromiso original firmado por las partes. Esa doctrina se aplica desde entonces a reclamos sobre empresas del Estado que van a tribunales arbitrales como el CIADI o la Cámara de Comercio de París, como el caso de Yacyretá, Hidronor, etc.

El proyecto está siendo revisado por los asesores de los bloques del Senado, que han tomado cuenta de la importancia del debate que se viene. El texto original fue elaborado por una comisión creada por Mariano Cúneo Libarona en diciembre de 2023, cuando dio inicio el actual gobierno. Estuvo integrada por expertos en derecho societario con experiencia académica y profesional.

La comisión trabajó bajo la coordinación de dos profesionales en la materia, los abogados Carlos Rotman y Marcelo Barreiro, que le entregaron el primer borrador a Cúneo antes de que dejase el cargo de ministro, a finales de 2024. Desde entonces el proyecto estuvo en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, donde los ayatolas de la desregulación le agregaron todos los elementos para aliviar más un sistema altamente regulado.

El producto de ese trabajo es lo que el oficialismo filtró a la opinión pública el fin de semana, y que está llamado a ser otra medida de la capacidad del Gobierno de tramitar este tipo de reformas estructurales en el Congreso.

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