Maniobras con las SIRA: abrieron celulares de ex funcionarios del Banco Central y de financistas vinculados a Elías Piccirillo
El fiscal federal Franco Picardi abrió esta semana los teléfonos celulares de funcionarios del Banco Central y de socios del financista Elías Piccirillo, y comenzó a cruzar su contenido en busca de nuevas pistas sobre las maniobras con las SIRA durante el gobierno de Alberto Fernández.
La pesquisa avanzó luego de la sustanciosa extracción de información del celular del financista Martín Migueles, señalado en la causa como uno de los operadores del esquema que permitía acceder a dólares oficiales para luego revenderlos en el mercado blue con ganancias millonarias. Migueles fue directivo de ARG Exchange, una de las agencias de cambio investigadas.
Según surge de un sumario administrativo del Banco Central, “ARG Exchange revendía divisas a otras agencias a un precio superior al del mercado oficial, lo que implica necesariamente que las entidades compradoras solo podrían justificar económicamente esa adquisición si contaban con la posibilidad de colocar posteriormente esas divisas en un ámbito donde su cotización fuera sustancialmente mayor”.
Además de los teléfonos, Picardi ordenó peritar notebooks, computadoras de escritorio, pen drives y discos SSD secuestrados durante los allanamientos. La tarea fue encomendada a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), a la DATIP y a la Policía de la Ciudad. En total, son decenas de dispositivos electrónicos bajo análisis.
La semana pasada el fiscal también abrió el celular de Valeria Fabiana Fernández, ex auditora externa del Banco Central durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa. Según fuentes judiciales, el contenido del teléfono debería “preocupar” a ex funcionarios del organismo.
En chats incorporados al expediente, Migueles y Francisco Hauque -el ex socio de Piccirillo que denunció haber sido víctima de un falso operativo policial y judicial- mencionan reiteradamente a una “vieja del Central” o simplemente a “Fernández”, en aparente referencia a la ex auditora del BCRA.
Picardi espera ahora acceder, a partir de junio, a los teléfonos de otros socios de Piccirillo: Mariano Fabián Henaise y Tomás Schulze. El objetivo es cruzar esa información con los mensajes hallados en el celular de Fernández.
Schulze y Migueles ya fueron embargados por la jueza María Servini en otra causa vinculada con maniobras en el mercado blue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli.
El fiscal Picardi también pidió el contenido de los teléfonos de Eduardo Gil, otro ex auditor externo del Banco Central; Pablo Blanco, director del banco Sucrédito, vinculado a Piccirillo; Pablo Caballero; y Mariano Henaise, accionista de ARG Exchange.
En paralelo, Picardi aguarda el análisis de los teléfonos de funcionarios del Banco Central encargados de controlar las agencias de cambio: Romina García -quien en un audio aseguró que había “entongados” dentro del organismo-; Diego Volcic, inspector jefe; Analía Jaime, inspectora general; y Fabián Violante, gerente principal. El problema, según las fuentes, es que García aún no entregó la clave de acceso de su celular.
También hace dos semanas que el fiscal espera que la Secretaría de Comercio informe con detalle qué funcionarios autorizaron las SIRA bajo sospecha durante el gobierno K, paso clave para avanzar con nuevas indagatorias.
La investigación avanzó, por cuerdas separadas, además sobre otro capítulo explosivo: el supuesto video de Jesica Cirio contando miles de dólares que, según trascendió en tribunales, pertenecerían al ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Y estaría firmado en la casaquinta de la localidad bonaerense de San Vicente que pertenece al aún hoy influyente dirigente K.
La existencia del video habría sido utilizada por Piccirillo como un “mensaje” hacia la Justicia, señalaron fuentes judiciales. Insaurralde está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito tras el escándalo del “Yategate” con la modelo Sofía Clerici.
El periodista Diego Suárez reveló en el programa “¿La Ves?”, de Jonatan Viale en TN, que entrevistó a Piccirillo -actualmente con arresto domiciliario-, que pudo ver el video y que confirmó que se vería a Cirio -ex esposa de Piccirillo e Insaurralde- filmándose en un vestidor frente a cajones con dólares fajados.
A raíz de ello, el fiscal Sergio Mola, que impulsa la causa contra Insaurralde, pidió al juez federal Luis Armella que cite a Suárez como testigo. La declaración testimonial fue fijada para el 25 de junio.
En la Justicia descuentan que, de existir, el dinero registrado en esas imágenes sería dinero no declarado.
Del análisis del teléfono de Migueles surgió además que Piccirillo, “además de coordinar el trabajo de las agencias de cambio, financiaba a Martín Migueles a través del Banco Sucrédito SAU, donde había sido accionista minoritario y ocupado un cargo, y/o mediante fondos propios”, según consta en la causa.
En otro intercambio de WhatsApp entre Migueles y Hauque vuelve a aparecer supuestamente mencionada Valeria Fernández. En uno de los mensajes, Hauque afirma que estaba dispuesto a “prender el ventilador” e involucrar a personas que habrían obtenido ganancias millonarias mediante maniobras similares a las investigadas.
En otro tramo, sostiene que Piccirillo había “puesto en vereda” a la “vieja del Central”.
Picardi ya tiene identificadas las dos primeras operaciones SIRA que habrían sido aprobadas mediante el pago de sobornos.
Según fuentes judiciales, el fiscal recibió documentación oficial sobre el trámite SIRA N° 23001SIRA133599Z-DX225LCA-7MSRL, vinculado presuntamente a pagos ilegales. La operación habría correspondido a la firma Cowdin SA.
También quedó bajo investigación Napoli Inversiones SA por otra autorización irregular.
Por ese motivo, Picardi solicitó al juez federal Ariel Lijo el levantamiento del secreto fiscal, financiero y bursátil de las empresas involucradas.
En tribunales también llamó la atención un mensaje que el entonces secretario de Comercio Matías Tombolini publicó en junio de 2023 en su cuenta de Instagram.
“Desde que por indicación del ministro Sergio Massa se implementó el SIRA, nos ocupamos día a día de mejorar la trazabilidad y agilidad de todas las operaciones del comercio exterior”, escribió Tombolini.
Luego agregó que entre enero y mayo de ese año se había aprobado “el 88% del total de solicitudes ingresadas al SIRA”, correspondientes a 22.691 empresas, de las cuales “el 97% son PyMEs”.
Pero el dato que despertó sospechas judiciales fue otro: Tombolini reconoció que existían autorizaciones por US$ 14.127 millones que aún no habían sido utilizadas para importar.
“Parece que algunos que obtuvieron la autorización están especulando, eligiendo cuál es el momento más indicado para ingresar la mercadería”, sostuvo el ex funcionario.
En la Justicia se preguntan por qué, si detectó esa anomalía, no promovió una denuncia judicial ni abrió un sumario interno.
Como informó Clarín, “Nemes Fuentes N. y Mazzarini S.H.” y “Cowdin SA” son las primeras compañías señaladas por el Gobierno de Javier Milei como beneficiarias de las maniobras investigadas.
En representación de esa firma se contactó con Migueles el ex funcionario kirchnerista Ariel Saponara. El 2 de marzo de 2023 le escribió:
“Martín, ¿cómo va? ¿Tenés algún contacto para liberar las declaraciones de importación? Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay alguno por unos puntos menos”.
-“Ari, querido, escúchame: sale en una semana, diez días, y el costo es 11. Así que pásale 12 o 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinás? Blue, ¿no?”.
Cowdin SA, por su parte, es una empresa dedicada a maquinaria vial y equipamiento pesado. Aunque su nombre no aparece expresamente en los chats, los investigadores lograron identificarla a partir de números de expediente mencionados en las conversaciones.
Según la causa, Migueles junto a personas identificadas como “El Pipo”, “La Señora” y “Pato” ofrecían acelerar la aprobación de las SIRA y garantizar su autorización, permitiendo así que determinadas empresas accedieran al mercado oficial de cambios en condiciones privilegiadas.
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