Cómo es la iniciativa que busca llevar los derechos de las víctimas a la OEA
Mientras América Latina concentra algunos de los índices de violencia más altos del mundo, una organización argentina intenta instalar en el sistema interamericano un debate históricamente postergado: el reconocimiento pleno de las víctimas del delito como sujetos de derechos humanos.
La iniciativa parte de un diagnóstico contundente: América Latina y el Caribe concentran aproximadamente el 33% de los homicidios del mundo pese a representar apenas el 8,3% de la población global, situación que evidencia -según el propio texto de la Convención- una crisis estructural de violencia y desprotección institucional.
En ese contexto, las Dras. Mariana Romano y María Jimena Molina, representantes de la Asociación Civil Usina de Justicia, participarán de la próxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que este año tendrá lugar en Panamá, donde continuarán impulsando la “Convención Interamericana sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito”, una iniciativa inédita en la región destinada a establecer obligaciones jurídicas vinculantes para los Estados americanos en materia de acceso a la justicia, reparación integral, protección frente a la revictimización y participación efectiva de las víctimas en los procesos judiciales.
Usina de Justicia -presidida por la Dra. Diana Cohen Agrest- es actualmente la única organización de la sociedad civil especializada en derechos de las víctimas reconocida como miembro permanente ante la OEA, condición que le ha permitido sostener durante años una agenda internacional de incidencia jurídica y diplomática en Washington DC y en distintos foros interamericanos.
La iniciativa no surge de manera aislada. Durante los últimos años, la organización desarrolló reuniones de trabajo con funcionarios, juristas, académicos y representantes diplomáticos de distintos países de la región, además de impulsar la circulación formal del proyecto ante las Cancillerías americanas. En las últimas semanas, las Cancillerías de Costa Rica, Colombia, Honduras y Chile respondieron favorablemente al envío de la propuesta, mientras que también se prevén encuentros institucionales y reuniones diplomáticas durante la Asamblea General en Panamá.
Asimismo, las representantes de la organización esperan mantener una reunión con el equipo de la Cancillería argentina y con el embajador argentino ante la OEA, Dr. Carlos Cherniak, en el entendimiento de que la Argentina podría desempeñar un rol central en el impulso diplomático de la Convención y liderar un cambio de paradigma regional en materia de derechos humanos de las víctimas.
En paralelo al trabajo internacional, las representantes de Usina de Justicia mantuvieron recientemente una reunión con la Directora Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad de la Nación, Cornelia Schmidt-Liermann, y con el Subsecretario Legal de la cartera, Diego Goldman, quienes manifestaron su apoyo institucional a la propuesta y la necesidad de avanzar en un trabajo articulado e interministerial que permita que la Argentina pueda liderar esta iniciativa en el ámbito regional.
La propuesta cuenta además con el respaldo de referentes internacionales de la victimología y la criminología contemporánea, entre ellos los Dres. Irvin Waller, María de la Luz Lima Malvido, Hilda Marchiori, Darío Solís, Marcelo Aebi y Luis Rodríguez Manzanera, quienes han acompañado las actividades académicas y los simposios internacionales organizados por Usina de Justicia.
También acompaña la iniciativa Victim Support Europe, considerada una de las organizaciones más relevantes del continente europeo en materia de asistencia y protección integral de víctimas, cuyos estándares fueron tomados como referencia en distintos aspectos del proyecto.
A diferencia de lo que ocurre en Europa y en otros sistemas regionales, el sistema interamericano no cuenta actualmente con un instrumento vinculante específico orientado a la protección integral de las víctimas del delito. La Convención impulsada por Usina de Justicia busca precisamente reparar ese vacío jurídico e institucional que, durante décadas, relegó a millones de víctimas a los márgenes del sistema, condenándolas muchas veces no solo al dolor del delito, sino también a un silencio lacerante.
Desde la organización sostienen que el proyecto no busca confrontar con las garantías constitucionales ni con los derechos del imputado, sino equilibrar un sistema que históricamente relegó a las víctimas a un rol secundario. El propio texto del instrumento afirma que un enfoque centrado en las víctimas es plenamente compatible con el debido proceso y constituye una condición necesaria para fortalecer la legitimidad democrática de la justicia penal.
La organización considera que el contexto actual ofrece una oportunidad histórica para que la Cancillería argentina incorpore formalmente la propuesta a la agenda diplomática nacional y encabece un proceso hemisférico orientado a reconocer estándares mínimos de protección para millones de víctimas en América.
El proyecto impulsado por Usina de Justicia no busca únicamente incorporar nuevas herramientas jurídicas, sino redefinir el lugar de las víctimas dentro del sistema de justicia y de la agenda regional de derechos humanos. Se trata de abandonar un paradigma que durante décadas las relegó a un rol secundario y avanzar hacia una concepción fundada en la dignidad humana, la verdad y la reparación efectiva. Lo que está en juego no es solo la aprobación de una convención interamericana, sino una decisión moral de la región: continuar administrando el sufrimiento de las víctimas como una consecuencia inevitable de la violencia o asumir, finalmente, que no puede existir una justicia verdadera allí donde el dolor humano permanece invisibilizado.
