Víctor Pesino, el polémico camarista que avaló la reforma laboral e intervino la UOM
Son días turbulentos en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), el tribunal laboral de mayor jerarquía del país. Por un lado, por los coletazos que dejó la sanción de la llamada Ley de Modernización Laboral, que decreta el demorado traspaso de esos juzgados al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y, por otro lado, por el protagonismo que cobró en las últimas semanas el juez Víctor Arturo Pesino, vicepresidente de la Sala VIII, una de las diez que integran el cuerpo. Con poco tiempo de diferencia dictaminó, con la firma de su colega María Dora González, en dos fallos de trascendencia política: suspendieron la medida cautelar que frenaba 82 artículos de la reforma laboral y, la semana pasada, anularon las elecciones en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), desplazaron a su titular, Abel Furlán, y decidieron la intervención del gremio. En los pasillos de Lavalle al 1500, donde funcionan los tribunales de alzada, no llamó la atención. “Hace años es una sala proclive a estar cerca del poder de turno”, reveló a PERFIL un exjuez de ese fuero.
Pesino contabiliza 55 años en el Poder Judicial: su primer puesto fue como meritorio, en 1971. Ocho años después se recibió de abogado, en la UBA. Y diez años después, en 1989, accedió al cargo de magistrado. Su ascenso a camarista del fuero laboral llegó en 2011. En los juzgados laborales no tienen una buena opinión de él. “Juraron por la Constitución y la traicionaron. La patria y los trabajadores se lo demandan”, se lee en los afiches con las caras de Pesino y González, firmados por el gremio de los judiciales. “Cuando un expediente llega a la Sala VIII, es muy probable que salga en contra de los trabajadores. No solo por ideología, se sospecha que son permeables al soborno de la otra parte, que siempre son empresas”, denuncia un abogado que transita a diario por tribunales.
Ya en marzo de 2024, la Sala VIII fue la primera de toda la CNAT en alinearse con el fallo “Oliva”, que la Corte Suprema había dictado días antes para frenar indemnizaciones consideradas desproporcionadas. Pesino y González eligieron el CER como índice de actualización y le sumaron una tasa de interés del 3% anual. Fueron los únicos jueces de la Cámara que lo aplicaron, las otras salas siguieron con sus propios criterios. Todas las pelotas de Pesino parecen ir para el mismo lado de la cancha. Según consignó el sitio Mundo Gremial, en 2017, con la colaboración entonces del juez Luis Catardo, Pesino revocó la cautelar que obligaba al macrismo a convocar a la paritaria nacional docente. Al año siguiente, suspendió los comicios del sindicato de Comercio y en 2020 rechazó un amparo que solicitaba la reinstalación de una trabajadora despedida en la agencia Télam.
Pero Pesino quedó en el foco público tras la sanción de la reforma laboral, resistida por sindicatos y trabajadores. Poco después de su promulgación, en marzo, la CGT presentó una acción de inconstitucionalidad y solicitó una cautelar. El juez laboral Raúl Horacio Ojeda hizo lugar a la medida y suspendió más de 80 artículos de la ley. El Gobierno nacional apeló y buscó la forma de que la causa pase al contencioso administrativo. Entre idas y vueltas para ver en qué fuero se trataba, el oficialismo volvió a mover fichas y presentó una queja ante la Sala VIII.
El 23 de abril, Pesino y González les dieron la razón. No revocaron ni analizaron el fondo de la inconstitucionalidad dictada por Ojeda, pero sí consideraron que cuando está en discusión una ley del Congreso, la decisión de confirmar o revocar la cautelar le corresponde a un tribunal de alzada y no a un juez de primera instancia. Así, suspendieron la cautelar y dejaron vigente la ley. “Lo controversial no es que revocó una sentencia, con fundamentos atendibles o no, sino lo que Pesino hizo puntualmente. Le llegó un escrito del Gobierno que le decía: ‘mientras tramite la apelación, dele efecto suspensivo a ese recurso y, por lo tanto, que la cautelar que está vigente, porque usted todavía no la revisó, no tenga vigencia’. Es difícil de explicar porque es bastante absurdo”, explicó un abogado que conoce de cerca el expediente.
Todo quedó más claro al día siguiente, cuando el Ministerio de Justicia envío el trámite para prorrogar el mandato de Pesino como juez por otros cinco años más, ya que en julio cumple 75. “Fue muy sugestivo. Conociendo el personaje, fue como una obviedad”, aporta el abogado. Para la CGT, se trató de un acuerdo de “beneficios mutuos” entre el magistrado y la administración nacional e impugnó a Pesino.
Diez organizaciones de abogados laboralistas reclamaron al Senado que rechace el pliego de Pesino. Y señalaron que Pesino debió haberse excusado, ya que su nuevo nombramiento estaba en manos del Ejecutivo. ¿Por qué Pesino no se excusó? “Porque sabía que podía utilizarlo como moneda de cambio frente al Gobierno”, respondió el abogado. “Es manifiesto su interés por resolver como lo hizo: está recusado con causa y no se apartó por excusación, como habitualmente sucede. Y González no se caracteriza por su autonomía e independencia, sigue los criterios de Pesino”, analizó el exmagistrado que integró la CNAT. Según su mirada, el objetivo es claro: “Modificar el modelo de actividad en la negociación y en la organización gremial, apuntando al contrato colectivo de trabajo y sindicato de empresa. El fallo contra la UOM debe inscribirse en este marco”.
Para la UOM se trató de una “ofensiva concreta y coordinada” para intervenir el gremio y debilitarlo. Ayer presentaron ante Pesino y González un recurso de reposición contra la sentencia (ver página 13).
Esta semana además hubo un abrazo en la sede del sindicato, el jueves se reunieron con senadores del PJ y el próximo 9 de junio marcharán al Congreso. Ese martes el Senado tratará la propuesta para que Pesino siga en su cargo cinco años más.
La Justicia Nacional del Trabajo nació en el primer peronismo como un fuero especializado que resolvería los crecientes conflictos entre trabajadores y patrones. Los primeros juzgados de primera instancia y la Cámara comenzaron a operar en 1945. La reforma constitucional de 1994, que transformó en autónoma a la ciudad de Buenos Aires, ya planteaba la transferencia del fuero a la órbita porteña, hecho que se concretará con la implementación de la llamada Ley de Modernización Laboral. La reforma va a generar cambios estructurales en la justicia del trabajo. La principal es que en las demandas laborales donde el Estado sea parte o tercero interesado dejará de tener competencia y sólo deberán ser tratadas ante el fuero contencioso administrativo. Es más, la ley prohíbe explícitamente que los jueces laborales se expidan en estas causas.
“Hay un malestar muy grande con la justicia del trabajo. Sobre todo, con los camaristas. Porque las asociaciones, los sindicatos y los abogados vemos que la mayoría de los jueces, salvo honrosas excepciones, no hacen nada por defenderla”, explicó un letrado laboralista. Un juez de primera instancia del trabajo también se expresó en ese sentido: reveló que muchos colegas están desilusionados en particular con la Sala VIII, porque esperaban un mayor compromiso para “defender las competencias de la justicia del trabajo”. “Entregaron al fuero sin decir una palabra, eso fue peor que la resolución de la cautelar”, confió a PERFIL.
“La Cámara tiene 81 años de historia, pasaron por sus salas los juristas laborales más importantes de cada época, con distintas visiones, pero con la coincidencia de proteger el trabajo tal como lo dice la Constitución”, dice un excamarista que fue parte de la CNAT. Y agrega que el clima hoy en el fuero es de abatimiento, por las implicancias de la Ley 27.802: “Es evidente la intención de ‘deslaborizar’ la Cámara y colonizarla con las ideas que expresa la reforma laboral”.
