Mejorar la formación docente inicial exige la voluntad de actuar a largo plazo
Mejorar la formación docente inicial exige algo que en la política argentina suele verse poco: la voluntad de actuar en el largo plazo. Las decisiones que hoy se tomen en este terreno no darán frutos en la próxima elección, sino en la próxima década. Esa lógica, incómoda para cualquier gestión, es exactamente la que el sistema necesita.
Sumado a eso, se suman otros desincentivos. Es un área que involucra a instituciones de nivel superior con capacidad de movilizar a docentes y estudiantes y que en los ministerios suele estar a cargo de actores que provienen de esas mismas instituciones, no siempre con expectativas, incentivos o apoyo político para liderar cambios.
Hoy la formación se dicta en más de 1300 Institutos Superiores y 70 universidades de todo el país —muchas con baja matrícula—; un universo extenso, fragmentado y disperso, difícil de coordinar. Paradójicamente, los gobiernos suelen enfocarse en formar a docentes en ejercicio, distribuir materiales o modificar planes de estudio escolares, sin alterar los profesorados. La formación de los futuros docentes queda relegada a cada institución, pese a ser clave para la sostenibilidad de las políticas educativas en el largo plazo.
Los desafíos son serios y acumulados. Cada vez menos jóvenes eligen la docencia: los ingresantes 2023 a profesorados de primaria fueron un 20% menos que en 2013. Frente al descenso de la natalidad, vale preguntarse si esa caída se equilibrará con la baja de matrícula escolar, o si —como ocurre en otros países— enfrentaremos escasez de docentes incluso donde antes había superávit. ¿Qué políticas necesitamos para que la docencia sea una profesión elegida por los jóvenes y de todos los sectores sociales?
El ingreso al nivel superior también es crítico: el 75% de los estudiantes de profesorado abandona en los dos primeros años. Algunos debates actuales se centran en las evaluaciones de ingreso pero no se puede ignorar que más del 80% de los estudiantes del último año de secundaria obtuvo resultados insatisfactorios en matemática en 2024.
Una alternativa frente a los filtros en un sistema desigual, pueden ser los ciclos de nivelación, con tiempos adecuados y estándares exigentes, especialmente para quienes se formarán como docentes.
Los planes de estudio de profesorado, por su parte, suelen ser extensos y al mismo tiempo incompletos: existen materias poco orientadas al perfil de egreso y faltan contenidos esenciales como la evaluación de estudiantes, la atención a la desigualdad de aprendizajes o la gestión del aula y resolución de conflictos.
El egreso suele definirse por acumulación de notas individuales y no por la verificación de competencias mínimas para ejercer la profesión. El tiempo real de aprendizaje en las escuelas —observando clases, interactuando con directivos, familias y docentes más expertos, e incluso enseñando— es escaso. La brecha entre el profesorado y la práctica resulta muy grande. No en vano existen residencias médicas rentadas.
Hay una distancia entre el gobierno central y las instituciones formadoras: no suele haber supervisores, sistemas digitales de gestión académica ni fueron posibles hasta el momento procesos sistemáticos de evaluación de la calidad. Aún en institutos superiores que dependen de los ministerios y con tamaños muy chicos, se propician lógicas de conducción entre claustros con un alto nivel de autonomía.
El camino no está despejado. Años de desatención produjeron en las instituciones de formación culturas endogámicas y resistentes al cambio, no por mala fe de los actores, sino por la falta de atención de la política. Y en consecuencia, desconfían de ella. Revertir esto exige un compromiso que trascienda intereses electorales y particulares.
Argentina ha retrocedido en evaluaciones internacionales, incluso frente a países de la región con peores indicadores socioeconómicos. Para garantizar a las generaciones presentes y futuras el derecho a una educación de calidad, necesitamos urgente de un sentido de corresponsabilidad entre todos los actores involucrados. El desarrollo social y económico de nuestro país debería incorporar la docencia y su formación como un elemento clave.
* Es Licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de san Andrés y Especialista en Políticas Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como funcionario a nivel nacional (2017-2019) y en la Ciudad de Buenos Aires (2020-23) en el área de formación docente. Es investigador asociado de CIPPEC.
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