Impuesto a las Ganancias: cuál es la modificación que propone el FMI y que el Gobierno descartó
El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó entre sus recomendaciones para la Argentina una medida que impactaría de lleno sobre los bolsillos de los trabajadores formales: que al menos el 20% de los empleados del sector formal pague el Impuesto a las Ganancias. Con cerca de 10 millones de trabajadores en relación de dependencia en la economía formal, eso implica que unos 2 millones de personas deberían quedar alcanzadas por el tributo. Hoy lo hacen aproximadamente 1.050.000, entre asalariados y jubilados.
El Gobierno de Javier Milei no tardó en responder: la medida no está en carpeta. “No está en la ideología del Presidente subir impuestos, al contrario, nos dedicamos a bajarlos. No lo vamos a hacer”, dijo ante Infobae una fuente de diálogo fluido con el mandatario.
La recomendación del FMI figura en el informe "Argentina: Selected Issues", publicado el 11 de mayo pasado por técnicos del organismo, en el marco de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina. Desde la Casa Rosada, sin embargo, quitaron peso a la novedad: señalaron que las sugerencias del FMI sobre este punto “no son pedidos nuevos”, sino recomendaciones que ya se habían formulado en instancias anteriores y sobre las que el equipo económico ya había transmitido su postura al staff del organismo. En otras palabras, el rechazo no es de ahora.
El número de argentinos que paga Ganancias ha oscilado de manera pronunciada en los últimos tres años, al ritmo de las decisiones políticas. La reforma impulsada por el entonces ministro de Economía Sergio Massa en 2023 estableció un piso equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles para quedar alcanzado por el impuesto. En junio de 2024, ese umbral equivalía a aproximadamente $3,5 millones brutos mensuales, lo que dejó fuera de la base a la inmensa mayoría de los trabajadores formales. Ese mes, solo 370.916 empleados y 16.412 jubilados —un total de 387.328 personas— tributaban Ganancias, aportando $293.968 millones al fisco.
La situación cambió con la sanción de la Ley Bases durante la segunda mitad de 2024. Esa norma, impulsada por el propio Gobierno de Milei, eliminó el esquema de Massa, desvinculó el umbral del salario mínimo y rebautizó al tributo como Impuesto a los Ingresos Personales. El nuevo piso quedó fijado en $1.800.000 brutos mensuales para empleados, lo que incorporó a miles de trabajadores. Para junio de 2025, el padrón había crecido a 999.507 empleados y 183.472 jubilados, con una recaudación de $444.066 millones: más del triple de contribuyentes respecto al año anterior.
Sin embargo, la actualización de los umbrales por inflación fue corriendo los pisos hacia arriba en términos nominales. A marzo de 2026, el número de alcanzados se ubicó en aproximadamente 880.000 asalariados y 170.000 jubilados, para un total de alrededor de 1.050.000 personas. Hoy pagan el impuesto los empleados con salario neto superior a $2.490.038 y los jubilados que cobran más de 3.145.393 pesos.
El FMI advierte que la recaudación del impuesto a las Ganancias de personas físicas representa apenas el 1,8% del PBI, un nivel inferior al promedio regional y al de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La causa, según el organismo, está en una base de contribuyentes que considera demasiado estrecha. “La reforma de 2023 redujo drásticamente la base, dejando a menos del 1% de los trabajadores formales pagando el impuesto”, señala el documento. Y aunque la restitución parcial de 2024 incorporó a una parte de los excluidos, la entidad advierte que “el umbral de exención se mantuvo por encima de su nivel previo a 2023”.
El punto de referencia que usa el organismo es el año 2019, cuando alrededor del 20% de los trabajadores formales tributaba el impuesto. “La reforma debería reducir el umbral para que al menos el 20% de los trabajadores pague el impuesto a las ganancias de personas físicas, como en 2019”, sostiene el informe. Esa meta, combinada con una armonización de las deducciones entre categorías laborales y una simplificación de la estructura de alícuotas, generaría una recaudación adicional de 0,4 puntos del PBI, según las estimaciones del organismo.
Pero el Gobierno no comparte esa lectura ni ese objetivo. Si bien desde el Estado reconocen que hay una reforma fiscal integral en carpeta —de hecho, es un compromiso formal asumido ante el FMI, con fecha límite a fin de 2026—, dejan en claro que esa reforma no incluirá cambios en el umbral de Ganancias. La línea argumental es simple: ampliar la base del impuesto equivale a subir impuestos, y eso contradice el núcleo de la propuesta económica del Presidente.
La misma lógica se aplica al Monotributo, la otra recomendación que el Gobierno descartó. El FMI planteó en su informe que el régimen simplificado impone una carga fiscal considerablemente menor que la del sistema general, lo que genera fragmentación empresaria y produce saltos bruscos en la obligación tributaria al pasar de una categoría a otra. El organismo propuso alinear las alícuotas y las contribuciones sociales con el régimen general y reducir los efectos de los umbrales entre categorías.
Desde el Gobierno rechazaron esa lectura. “Hoy el techo de facturación para la categoría más alta está en unos 8 millones de pesos mensuales y nos parece que está bien, que es una buena cifra esa”, dijeron las fuentes consultadas. Y agregaron que, incluso en el esquema actual, muchos contribuyentes que llegan al límite superior prefieren dejar de facturar antes que pasar al régimen de responsable inscripto para evitar la carga que eso implica. Endurecer los requisitos del Monotributo, en esa visión, agravaría el problema en lugar de resolverlo.
La postura del organismo no responde únicamente a una lógica recaudatoria. El FMI encuadra la ampliación de la base de Ganancias dentro de una reforma orientada a cambiar la composición del sistema tributario argentino, no a aumentar su peso total. El documento describe ese sistema como “complejo, altamente distorsivo e inestable”, con una recaudación del gobierno general equivalente a alrededor del 27% del PBI pero sostenida en buena medida por impuestos que considera particularmente dañinos: retenciones a las exportaciones, impuesto a las transacciones financieras y tasas provinciales sobre los ingresos brutos.
La lógica del FMI es de sustitución gradual: ampliar la base de los impuestos directos para generar el espacio fiscal que permita reducir los tributos distorsivos. El conjunto de medidas propuestas por el organismo —incluyendo cambios en el IVA, el Monotributo, el impuesto a las ganancias corporativas y los impuestos internos— podría generar hasta 3,3 puntos del PBI en recaudación adicional, con aproximadamente la mitad destinada a las provincias vía coparticipación.
El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que convocará a los gobernadores para debatir una reforma impositiva, aunque aclaró que la eliminación completa de los impuestos distorsivos solo sería viable dentro de tres años, y únicamente si la economía crece entre 6% y 8% anual. En ese horizonte, la propuesta del FMI sobre Ganancias queda, al menos por ahora, fuera de la agenda.
