Pidieron interpelar Lucas Ghi por el caso de la funcionaria de Morón que tenía medio kilo de cocaína en su casa
En medio del escándalo por la funcionaria de Morón a la que le encontraron medio kilo de cocaína en su casa, el Concejo Deliberante de ese municipio del oeste del conurbano bonaerense aprobó la interpelación del intendente Lucas Ghi. El jefe comunal, o el funcionario que él designe, tendrá cinco días para dar explicaciones por la situación de Luna Suyai Ortigoza, que sigue prófuga.
Desde el municipio, dijeron a Clarín que la solicitud fue realizada "recién esta tarde" y que aún falta la notificación al Ejecutivo. "Lucas evaluará qué hacer al respecto", respondieron ante la consulta sobre quién se presentará en el recinto.
El pedido del cuerpo deliberativo ocurre dos días despues de que se conociera la historia de Ortigoza, ex directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género municipal que logró escapar y aún están buscando.
Tras las primeras repercusiones, Ghi apartó a la funcionaria en el contexto de la causa "por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego".
El pedido de interpelación había sido presentado por la concejal de La Libertad Avanza (LLA) Analía Zapulla, y fue firmado por sus compañeros de bloque, así como por otros dos ediles de la oposición. En total, la iniciativa que se trató este jueves tuvo 16 votos a favor y 8 en contra, que llegaron del lado de las bancadas del PJ-MDF y del Frente Renovador.
Así, el jefe municipal -o su enviado al Concejo Deliberante- deberá dar detalles sobre "la participación de la administración local en la contratación de la imputada, los mecanismos preventivos y alertas tempranas, los filtros de idoneidad para la incorporación de personal y las acciones judiciales llevadas adelante".
Además, tendrá que contestar si "recibió alertas o informes de las áreas de seguridad sobre las actividades de Ortigoza, y si asume la responsabilidad política y funcional por la infiltración del narcotráfico en las segundas líneas de su estructura de gobierno".
En los fundamentos de la iniciativa respaldada, sostiene que el "intendente municipal es el máximo responsable de la seguridad y de la integridad institucional d Morón" y es "su deber inclaudicable velar por la idoneidad moral de las personas a las que decide confiarles el presupuesto, el poder político y el acceso a las dependencias públicas".
"Cuando el crimen organizado penetra de forma tan flagrante las segundas y terceras líneas de un gobierno local, la confianza pública se quiebra por completo y es el intendente quien debe dar la cara y asumir las consecuencias de sus designaciones políticas", expresaron.
Entre quienes acompañaron el requerimiento de la oposición, estuvieron los integrantes de Unión por la Patria (UP) Diego Spina, Mariano Spina, Florencia De Luca, Sol Steimberg y Marcelo Notario, alineados con el exintendente Martín Sabatella.
El enfrentamiento entre el líder de Nuevo Encuentro y el mandatario local estalló a fines de 2024. Ese divorcio político incluye renuncias y hasta bloques fracturados.
De hecho, dos meses antes de la votación de este miércoles hubo un episodio en el que el oficialismo local quedó oficialmente dividido. Fue a fines de marzo, cuando UP quedó con su propia bancada y Ghi mandó a armar el bloque del PJ-MDF, identificado con la agrupación que lanzó Axel Kicillof en su propia interna del peronismo contra La Cámpora.
Ese movimiento siguió a la victoria que obtuvo la lista de Ghi en las elecciones del Partido Justicialista local: Claudio Román -uno de sus concejales- le ganó a Paula Majdanski, del camporismo, vinculada con Sabbatella y que en 2025 pegó el portazo a la Secretaría de Cultura y Deporte de Morón.
“Esperamos que el intendente venga a dar la cara, y no algún funcionario derechoso de su Gobierno”, dijo en ese sentido Spina, exsecretario de Gobierno local y desplazado de ese cargo por Ghi en 2024.
Por su parte, Zappulla (LLA) jugó un poco más fuerte y señaló que, en caso de que las autoridades no respondan al llamado, se podría iniciar un proceso para pedir su destitución.
Previo a la formalización del pedido en su contra, Ghi habló de la investigación que destapó la situación de Ortigoza, aseguró que se sentía "defraudado" ante lo sucedido y aclaró que se enteró de todo por la policía.
"Cuando vimos esta situación, no vacilamos un segundo en terminar todo tipo de vínculo que podía tener con el municipio para que nadie pudiese esgrimir alguna relación institucional que pudiese obstaculizar el desarrollo de la investigación", dijo a TN.
En tanto, remarcó que la mujer "nunca había dado muestras de faltar a lo que se espera de una funcionaria, al menos en el ámbito laboral, buen trato, compromiso con la tarea".
El texto del pedido de interpelación aludió también a la detención en febrero de una empleada de la Secretaría de Seguridad que se desempeñaba en la Central de Monitoreo Descentralizada de Villa Sarmiento. Se trata de Karen Cufré, acusada de integrar una banda que cometía extorsiones virtuales, entre ellos al soldado del Ejército Rodrigo Gómez, quien fue encontrado sin vida el 16 de diciembre en la quinta de Olivos.
La joven había sido contratada "de forma temporaria" en septiembre del año pasado para cumplir funciones en la Central de Monitoreo local. “Apenas tomamos conocimiento de que estaría detenida, hicimos un chequeo de que la persona estaba privada de su libertad, relacionada con el suicidio del soldado, y de forma inmediata decidimos la cesantía", contó a Clarín en aquel momento el secretario de Seguridad municipal, Damián Cardoso.
En ese sentido, la iniciativa refrendada este 29 de mayo pregunta si, tras lo ocurrido con Cufré, "el Departamento Ejecutivo implementó algún protocolo específico de auditoría de conducta pública, control de perfil ético o análisis patrimonial preventivo para evitar que personas vinculadas a redes criminales accedan o permanezcan en funciones del Estado local".
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